Ante las presiones a México y la importación de más de 12 millones de toneladas de maíz, es urgente incrementar la producción de este grano en el país, promover y alcanzar la suficiencia alimentaria. Para ello es muy importante la estrategia que se defina en México para el abastecimiento y uso de variedades nativas y mejoradas, hasta ahora equivocada al propiciarse una grave distorsión del sistema de semillas en México.

En la superficie de más de 8 millones de hectáreas de maíz que se cultivan en México, en el 25 por ciento se emplean semillas híbridas comerciales o mejoradas, con dominio de más del 90 por ciento del comercio de semillas por parte de empresas privadas oligopólicas. Éstas promueven que se autoricen las siembras de semillas transgénicas con la falsa promesa de elevar la producción. En el 75 por ciento restante se emplean semillas nativas para la siembra de maíz, en más de 2.3 millones de unidades de producción, donde cada productor tiene de una a tres variedades diferentes con amplia diversidad genética, garantía hacia el futuro ante el cambio climático.

El paradigma que representan los transgénicos se sustenta técnicamente en la uniformidad, los monocultivos, la erosión de suelos, el uso excesivo de fertilizantes, la eutrofización y cambios en el marco legal relacionados con la generación, desarrollo y registro o liberación de variedades vegetales. Igualmente, la producción y comercialización de semillas; dichos cambios favorecen a unas cuantas empresas privadas que lograron controlar este insumo en semilla de híbridos, pero que propician el desabasto en grandes superficies de semillas de otros cultivos como son frijol, trigo, avena, arroz y variedades de polinización libre de maíz.

Una de las primeras adecuaciones a las políticas de globalización comercial que el gobierno mexicano llevó a la práctica (aun siendo contrarias al interés de la Nación) fueron las modificaciones a la Ley de Semillas (LS) de 1961. La LS de 1991 aún permitía la multiplicación y comercialización de semillas de variedades generadas por instituciones públicas, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Productora Nacional de Semillas (Pronase), por parte de la iniciativa privada, por la presión de organismos internacionales. Paulatinamente se fue desmantelando la Pronase, dejando vulnerable al sector agrícola de México. A pesar de la desaparición total de dicha institución en 2007, es loable el esfuerzo del INIFAP por contribuir con sus materiales.

La publicación de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (LFPCCS) en 2007 concretó la intención de las corporaciones oligopólicas por controlar la circulación de semillas mejoradas y nativas, exigiendo el registro de variedades nativas como requisito indispensable para comercializar su semilla.

Producto de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, México se obligó a incorporarse a la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), lo que se concretó en 1997, después de contar con la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) promulgada en 1996, adhiriéndose al acta UPOV 1978. En esta acta, la protección de variedades es sui generis; es decir, no utiliza el esquema de patentar variedades y se privilegia la diversidad genética, permitiéndose la “derivación esencial de variedades”, así como el uso de la semilla por parte de los agricultores.

En la versión 1978 de esta acta, se ubican países que como México poseen biodiversidad genética y usos similares de semilla propia como son Ecuador, Bolivia, Chile y Brasil. En cambio, el acta UPOV 1991, promueve que se patenten genes y variedades como esquema para protección de los derechos de propiedad intelectual, limita el uso de las semillas por parte de los agricultores, no permite la derivación esencial, afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera.

Al acta UPOV 1991 se han adherido países industrializados como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Suiza y Francia, donde están instaladas las oficinas centrales de grandes corporaciones y oligopolios de la industria semillera (consulte la lista completa de países miembros de UPOV).

Desde hace años se ejerce presión para que México y otros países se reubiquen como adherentes al acta UPOV 1991, que representa el escenario jurídico ideal para el control de las semillas a nivel mundial. En especial para favorecer las patentes de desarrollos tecnológicos por parte de la industria multinacional de cultivos transgénicos, lo que les daría derecho legal al cobro de regalías. Quienes pagan las regalías en los países que se adhieren al acta UPOV 1991 son: a) los productores que voluntariamente establecen contratos con la industria para el uso de sus productos, y b) los productores de granos o de semillas, bajo mandato judicial, cuando la(s) variedad(es) que siembran o comercializan hayan sido voluntaria o involuntariamente contaminada(s) con los transgenes patentados y sujetas a juicio.

México y otros países que son centros de origen y/o de diversificación de especies cultivadas, experimentan presiones exógenas para adoptar el acta UPOV 1991. En abril de 2012, en la LXI legislatura de la Cámara de Diputados, se tenía todo listo en la Comisión de Agricultura (y en la lista de temas en el pleno de la cámara), para aprobar la nueva Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) que ubicaba a México en el acta UPOV 1991. Con ello llevarían al campo mexicano a un desastre anunciado.

Después del cabildeo con legisladores, afortunadamente la modificación a la ley fue suspendida en respuesta a las explicaciones y demandas por parte de organizaciones y científicos que exigieron ser atendidos. La minuta de LFVV se retiró de la orden del día en el pleno de la Cámara de Diputados.

A fines de 2016, nuevamente se iniciaron consultas con personas a modo para que validaran este nuevo intento en algunas universidades e instituciones nacionales. Lo que se pudo impedir en México, no ocurrió en Colombia, ubicándose ese país en el acta UPOV 1991 en abril de 2012, con repercusiones que llevaron a un paro agrario nacional meses después. Se terminó cuando se suspendió la aplicación de la ley.

El camino para imponer a México en el acta UPOV 91, irremediablemente ocurriría al ratificarse el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés), promovido inicialmente por Estados Unidos y otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile.

Entre otras cosas, impone la desregulación a los transgénicos y su impacto potencial sobre la soberanía y la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la preservación y desarrollo de las culturas agrobiológicas, así como la obligatoriedad de ubicarse en el acta UPOV 91 (ver Artículo 18.7.2.c. del TPP); sin embargo, Donald Trump, presidente de la principal economía del TPP, canceló su adhesión, lo que resulta una presión menos para México y resulta bueno para mantener la biodiversidad genética, evitar los transgénicos y nos obliga a avanzar hacia la soberanía alimentaria.

En caso de que México se adhiera al acta UPOV 1991, resultaría en despojo por parte de los oligopolios de las variedades nativas de los productores, dueños inmemoriales del gran acervo genético y cultural. En ese caso, si las semillas nativas sufrieran contaminaciones con transgénicos estarían amparadas bajo las patentes aprobadas por la nueva LFVV.

Las empresas como Monsanto se excusan en que el uso de sus materiales reducirá el uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas pues las variedades generadas son tolerantes a sequías y ofrecen, de acuerdo a sus investigaciones, un sinfín de bondades. Pero no hay posibilidades de cumplir con dichos aspectos con base en lo que ha ocurrido en otros países.

La LFVV y la autorización de siembra de maíz transgénico propiciarían la desaparición de las pequeñas y medianas empresas productoras y comercializadora de variedades de maíces no transgénicos, pues al convivir con aquellos que sí lo son sería imposible que las líneas parentales empleadas no se contaminen, propiciando la acumulación irreversible de ADN transgénico. Además, ante la ley dichas semillas nativas o variedades mejoradas contaminadas serían consideradas “piratas”. Y si, en determinado caso llegaran a usarse, tendrían que pagar regalías a las industrias y se verían obligadas a cerrar, monopolizando la producción de semillas.

La contaminación de las razas nativas de maíz equivaldría a despojar a los 62 pueblos indígenas de la Nación dueños del reservorio genético primario del maíz. La memoria genética del maíz nativo se perdería, en aras de una insostenible estrategia de control de las semillas por parte de las corporaciones.

Como alternativa ante las amenazas para México y la urgencia de producir el maíz que requerimos, es necesario incentivar el uso de variedades mejoradas y nativas. Las primeras, producto de la investigación de instituciones públicas; las segundas, a través del mejoramiento autóctono de miles de años y más de 330 generaciones de productores de maíz mexicanos. Con estos acervos nacionales se puede competir con las grandes empresas multinacionales. Es importante realizar una gran cruzada para uso óptimo de todos estos maíces nativos y mejorados, apoyando empresas nacionales. No a través de
MasAgro, quien indebidamente comete dumping para atraer a empresas inicialmente apoyadas por investigadores del INIFAP, a las cuales les regala semilla con recursos de México entregados indebidamente a CIMMYT.

Este programa pretende sustituir 1.5 millones de hectáreas de maíces nativos por semilla de maíces híbridos de empresas privadas con las cuales tiene convenio. La suficiencia alimentaria en maíz puede alcanzarse con semilla mexicanas nativas y mejoradas, privilegiando la diversidad genética, la agricultura de subsistencia tradicional y comercial a través de un gran número de empresas mexicanas con acompañamiento en asesoría técnica, aprovechando la experiencia de técnicos, investigadores y productores locales.

Alejandro Espinosa Calderón*
Margarita Tadeo Robledo**
Karina Yazmine Mora García**
Antonio Turrent Fernández*
*Unión de Científicos Comprometidos
con la Sociedad (UCCS)
**Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM
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