Usted está aquí: Inicio / Presentación / Políticas públicas para un México megadiverso y pluricultural

Políticas públicas para un México megadiverso y pluricultural

Emanuel Gómez Martínez

La pérdida de la biodiversidad es un problema público que contribuye a deteriorar la calidad de vida de los seres humanos. Una ciudad sin parques suficientes pierde espacios de recreación vitales para el esparcimiento, el ocio, la vida sana e incluso para respirar aire limpio. Una costa sin manglares o arrecifes es más vulnerable al impacto de tormentas tropicales. Una agricultura sin provisiones de agua, con suelos erosionados, dependiente de semillas comerciales y agroquímicos, difícilmente perdura en el tiempo, más aun con cambios en los precios de los insumos agrícolas y el aumento de fenómenos hidrometeorológicos como El Niño. Y peor con el aumento de conflictos sociales en el campo.

¿Cuál es el marco jurídico, político y administrativo de la biodiversidad? No hay una sola respuesta, por mucho que se pretenda encontrarla con una Ley General de Biodiversidad, como la discutible iniciativa que se encuentra actualmente en el Senado de la República. Antes de aprobar o rechazar dicha iniciativa, los legisladores tendrían que revisar las políticas públicas de acceso, manejo, disfrute, conservación y reproducción de la biodiversidad en todas sus aristas.

La biodiversidad es parte de la vida cotidiana: el aire, el agua, el suelo, los bosques, las selvas, los valles agrícolas, las montañas, los animales silvestres, los insectos, los cultivos tradicionales. Se trata de sistemas ecológicos dinámicos, complejos y con vínculos a veces imperceptibles. Cadenas de la vida, ecosistemas, ciclos hidrológicos, ciclos agrícolas, sistemas de manejo de la biodiversidad.

¿Cuáles son las políticas públicas que en este campo existen en el México megadiverso? ¿A qué tratados internacionales responden las leyes ambientales? ¿Cómo funcionan los programas de conservación de la biodiversidad? ¿Es posible identificar resultados de los programas de manejo forestal? ¿Avanzamos correctamente en la ruta trazada en las cumbres climáticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿En qué momento podremos hacer un alto en el camino para evaluar, corregir las políticas equivocadas y fomentar la inversión en programas que sí arrojen resultados positivos?

El reconocimiento de los problemas obliga a diseñar políticas públicas para solucionarlos adecuadamente. Sin embargo, en el caso de la biodiversidad, mientras más avanzamos con nuevas regulaciones y programas públicos, comprobamos que son insuficientes y se requieren acciones concertadas, consensos sociales, acuerdos con grupos humanos vulnerables y sectores industriales poderosos.

El manejo de la biodiversidad es asunto social, ecológico, económico, político, cultural. Las soluciones a los problemas que la aquejan no pueden ser exclusivamente técnicas, jurídicas o administrativas. La mayor superficie forestal es de propiedad social, ejidal o comunal. Por ello, los programas de protección en las áreas naturales o las especies nativas, como el maíz, deben considerar prioritariamente a los dueños de la tierra.

En este número de La Jornada Ecológica se ofrece a los lectores una introducción al análisis de las políticas públicas para el manejo de la biodiversidad. Si bien hay infinidad de análisis acerca de “la política” como sistema y discurso, es limitado el estudio específico de las políticas públicas para el manejo de los recursos ambientales. Esperamos contribuir al debate con diversos textos escritos por reconocidos especialistas en el tema. A todos ellos agradecemos su invaluable aporte.

Se incluyen análisis sobre las políticas hidroagrícolas, la exposición al cambio climático, el fomento agrícola comercial, las patentes de semillas y el material genético; la conservación in situ de maíz nativo en áreas naturales protegidas, los programas forestales y el impacto de los plaguicidas en los insectos benéficos.

Los textos tienen en común el contraste entre los derechos sociales y los programas de política pública. Destaca particularmente la necesidad de transitar de un Estado de la simulación a uno participativo, sustentado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos a los recursos ambientales, y al respeto de la diversidad cultural como condición sine qua non para conservar y acrecentar la biodiversidad.

Emanuel Gómez Martínez
Universidad Autónoma Chapingo
Correo-e: pinotzin@gmail.com

comentarios de blog provistos por Disqus