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Alerta climática y placebo REDD en el Caribe, México y Centroamérica

Joan Buades

Se tiene la certeza de que en América Latina las temperaturas medias han aumentado 1 °C en el último siglo. Según el Banco Mundial, por cada 0.6 °C de aumento de la temperatura del mar en superficie habría un incremento del 6 por ciento en la intensidad de los huracanes. En términos relativos, la peor parte se la llevará El Caribe, con un coste acumulado en huracanes equivalente al 50 por ciento del producto interno bruto entre 2020 y 2025; 10 por ciento en México y 6 por ciento en Centroamérica. El aumento del número e intensidad de huracanes golpeará con especial intensidad a una población que ya es extremadamente pobre en ingresos monetarios. La reducción de las cosechas de granos básicos como el arroz, el maíz y el frijol disparará la inseguridad alimentaria de amplias capas sociales.

La falta de conciencia de la alerta general climática entre los líderes de la región tiene mucho que ver con su apuesta ciega por el turismo masivo como “pasaporte al desarrollo”. Desde el principio del ciclo neoliberal a mediados de la década de 1980 y con un crecimiento vertiginoso a partir de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1994, más y más regímenes de la zona han ido abandonando todo interés por promover economías diversificadas donde la agricultura de calidad y una industria basada en la innovación ecológica y tecnológica tuvieran un papel relevante. Como resultado, lo han fiado todo a crear condiciones de inversión inmejorables para que las empresas transnacionales decidan implantarse en cada país. La banca, la energía y el agua, las telecomunicaciones, así como el turismo y la construcción han constituido las puntas de lanza del nuevo colonialismo del Norte.

Sin duda, por su buena imagen y aparente inocuidad industrial, el deseo de facilitar el crecimiento masivo del turismo, asociado al boom de la construcción residencial, representa una de las opciones más socorridas por los gobiernos centroamericanos y caribeños. Con un capital inicial relativamente pequeño y un gasto marginal en formación profesional, la promesa del turismo es proporcionar beneficios ingentes a corto plazo que permitan aumentar el bienestar de las comunidades y financiar las infraestructuras básicas en estados alejados de las redes de procesos de producción industrial y de inversión financiera internacionales. Desgraciadamente, no es realista pensar que el turismo masivo desde Europa o Norteamérica en avión tiene futuro a mediano plazo. Si por un lado, el Caribe es una de las zonas turísticas que va a sufrir más agudamente el impacto del cambio climático, por otro, su rica biodiversidad, que suele citarse como un factor de oportunidad para hacer la transición hacia un estilo de vida sostenible en el área, está también gravemente amenazada por el aumento de las sequías y de las temperaturas.

Por otro lado, en la región caribeña, casi toda Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) así como la República Dominicana participan activamente en la denominada Coalition for Rainforest Nations, formada por estados donde existen selvas tropicales, promotora de la adopción a escala internacional del protocolo REDD (Reducción de las Emisiones Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) a fin de poder captar importantes volúmenes de capitales. Y esperan poder disfrutar de una parte sustancial de estos ingentes fondos. El mercadeo del carbono ligado a REDD genera cada vez más expectativas de negocio en una zona con un nivel de renta e índice de desarrollo humano bajísimos y unas administraciones públicas raquíticas con márgenes de inversión muy limitados. Eso sí: la “financiarización” de la solución de la amenaza climática y su creciente generación de “derivados” tipo mercados del carbono y REDD puede conducir un día a crisis sistémicas como la que inició en 2008 provocadas por la desregulación pública de los flujos de capitales e inversión a escala global. En principio, pues, REDD y su variante REDD+ representan un nuevo nicho de negocio relacionado con el clima pero cada vez se hace más evidente que ni los pueblos que han conservado mejor sus bosques van a ser sus beneficiarios (caso de Costa Rica o Guyana) ni tiene por qué contribuir a mejorar el balance del carbono. Lo único seguro es que apostar por REDD supone incrementar la dependencia de las comunidades del Sur respecto a instituciones financieras y empresas transnacionales.

Sin embargo, aun así no puede rechazarse de plano la posibilidad de participar en proyectos REDD. La urgencia climática así como la oportunidad de conseguir financiación exterior que permita mejorar la calidad de vida o simplemente sobrevivir a las comunidades del Sur pueden obligar a afrontar con éxito los riesgos citados. Lo más importante es dotarse con un asesoramiento legal independiente así como del apoyo de las organizaciones regionales y mundiales de derechos humanos a fin de evitar el peligro de “apropiación por desposesión” de los bosques por parte de las transnacionales, los estados del Norte y emergentes. Una buena vía de protección es anclar en la legislación de cada país el carácter vinculante tanto de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como de la convención por la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, promulgadas ambas por las Naciones Unidas. Esto puede hacerse incluyéndolas en la Constitución como preceptos básicos o convirtiéndolas en leyes nacionales específicas.

La situación de alerta máxima climática en el Caribe, México y Centroamérica exige con urgencia dar prioridad a dos factores: la investigación y difusión regional sobre escenarios de cambio climático y la generación de una sola voz regional, compartida, para pesar en los debates y negociaciones globales. La sinergia entre aumento de las temperaturas y de la intensidad e incluso frecuencia de los huracanes tiene que ser estudiada mucho más pormenorizadamente. El balance de la biodiversidad y, en especial, de los bosques tropicales y los ecosistemas litorales debería ser nuevamente examinado. En este marco, se hace necesario considerar estudios específicos sobre el impacto del turismo internacional así como de la dedicación del área a sumidero REDD. Todo ello tendría que relacionarse con los riesgos de nuevas migraciones humanas, estrés hídrico y alimentario, no contemplados en la mayoría de las aproximaciones oficiales. Como resultado, las comunidades y la ciudadanía regional podrían visualizar en toda su magnitud el nivel, extremo, de vulnerabilidad en que empiezan a encontrarse, la base para que puedan reaccionar adecuadamente proponiendo y cooperando a hacer posibles cambios reales socialmente y ecológicamente sensatos.

No puede esperarse a que los gobiernos den el primer paso sino que desde las universidades y las organizaciones y redes asociativas se puede promover un cambio de prioridades y nuevos tipos de alianzas interregionales y transcontinentales. La idea de fondo debe ser democratizar la información climática promoviendo el fortalecimiento de un polo de intervención regional integrado. Paralelamente habría que actuar en el plano de la adaptación de las comunidades locales al cambio climático en marcha.

Joan Buades
Correo-e: jbbeltran@gmail.com

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