Costa Rica está ubicada en Centroamérica y cuenta con una extensión de aproximadamente 51 mil 100 kilómetros cuadrados. En este territorio existe una variedad de ecosistemas terrestres y marino-costeros que han sido utilizados como un medio para identificar las particularidades de este país a nivel internacional. Tal ha sido su éxito que se han empleado como un elemento de política exterior, apostando así por la construcción de una imagen de “país verde” para promover la inversión extranjera directa, el turismo y las exportaciones. Desde el año 2011, estos esfuerzos se han aglutinado bajo la marca Esencial Costa Rica.

A nivel internacional y local, este discurso ha permitido ocultar consecuencias socioambientales generadas por este mismo estilo de desarrollo. Estamos así ante la construcción de un espejismo que niega la existencia de tensiones, denuncias y conflictos ocasionados por la forma, dimensiones y características de distintos proyectos, muchos de los cuales son promovidos por el mismo Estado: infraestructura turística, represas hidroeléctricas, mercantilización del agua, biopiratería y monocultivos, entre otros.

A raíz de lo anterior, en el presente artículo nos concentramos en ofrecer algunos datos alrededor de la producción del monocultivo de piña, que ha ocasionado impactos socioambientales diversos en las zonas de emplazamiento. De manera contextual, en Costa Rica la siembra de esta fruta inicia en la década de 1970, llegando a su punto de consolidación en los años de 1990, bajo la creación de una variedad del fruto adaptada a las condiciones climáticas del sur de Costa Rica (MD-2 o piña dorada) y luego exportada a otras latitudes para su aprovechamiento. El monocultivo de la piña ha provocado transformaciones significativas en los territorios y sistemáticas consecuencias negativas en poblaciones que habitan alrededor de estas plantaciones. En muchos casos, han quedado atrapadas ante la expansión del monocultivo.

La piña, como commodity, se publicita como una fruta tropical y nutritiva, pero son adjetivos que están lejos de retratar la deforestación de hectáreas de bosques para extender los cultivos; el desvío de ríos para nutrir estas plantaciones; el desplazamiento de comunidades tras el cercamiento en el que quedan sumidas; la contaminación de agua debido al excesivo uso de agroquímicos (vale recordar que Costa Rica es el primer país del mundo con mayor consumo de agroquímicos); o menos aún, las enfermedades asociadas a los efectos tóxicos ocasionados por la fumigación a las plantaciones.

Es así que la idea de Costa Rica como país verde la podemos usar para pensar en los desiertos verdes que dejan estos paisajes de monocultivo. El problema se agrava porque no existe un acuerdo nacional sobre la cantidad de hectáreas de piña que hay sembradas. Para citar un ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (inec), encargado de contabilizar estos datos por medio del censo agropecuario (último realizado el 2014), señala que existe en Costa Rica una extensión territorial de piña de 37 mil hectáreas; mientras que el Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat), bajo la coordinación del Programa de Investigación Aerotransportada (Prias), utilizando como herramienta imágenes satelitales, determinó que eran 57 mil 327 hectáreas en 2015; una diferencia de superior a 20 mil hectáreas entre ambas fuentes. Lo anterior puede ser un indicio para señalar que existe un deficiente control del Estado a la producción de piña.

En este sentido, desde un programa de acción social de la Universidad de Costa Rica, se acompaña a la organización comunitaria en contra del monocultivo de piña en la zona norte-norte del país (ver mapa). Dentro de este proceso, hubo un proceso investigativo que dio como resultado la sistematización de expedientes que tiene la Secretaría Técnica Nacional (Setena), dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía. La Setena es la encargada de otorgar los permisos de viabilidad ambiental, necesarios para implementar cualquier proyecto agrícola, entre otros desarrollos. Es un instrumento que tiene la finalidad de evitar algún daño en el ambiente, por lo que su registro es de suma importancia. Con esta fuente, sumamos un tercer registro de información.

De esta forma para la zona norte-norte, el Cenat registra una extensión en el año 2015, de 8 mil 996 hectáreas; Setena contabiliza para el mismo año, 6 mil 105; y en el censo agropecuario del inec (2014), presenta 4 mil 790. Estos datos señalan que no existe una homogeneidad en la cantidad registrada del territorio que ocupan las piñeras en esta zona del país.

En el mapa podemos observar parte de los resultados de la investigación, en la ubicación espacial de las plantaciones piñeras según los registros del Cenat y de la Setena, donde determinamos que existe un subregistro de información por parte de la segunda fuente, ya que hay una mayor presencia de cultivos de piña en la zona de lo que se encuentra registrado en la Setena. Esto nos permite hacer un señalamiento a la negligencia de esta institución, cuestionando con evidencia que hay fincas piñeras en funcionamiento no evaluadas según los instrumentos establecidos y otros lugares donde no se concedió una viabilidad ambiental para su funcionamiento, pero aun así, hay plantaciones de piña.

En este punto nos encontramos con la disyuntiva de seguir generando productos técnicos (que ya de por sí existen), o que las autoridades decidan aplicar la normativa y reconocer los comprobados impactos generados por este tipo de actividad, los cuales violentan derechos humanos fundamentales. Por ejemplo el acceso a agua potable. Los perjuicios generados por este tipo de producción han sido sistemáticamente denunciados por las comunidades afectadas en distintas instancias nacionales e internacionales, como el Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Andrés Jiménez Corrales
Geógrafo de la Universidad de Costa Rica
Correo-e: [email protected]

Karina Valverde Salas
Socióloga de la Universidad de Costa Rica
Correo-e: [email protected]