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El ecologismo social costarricense asume el reto de desintoxicar el país

Fabián Pacheco Rodríguez

El país más fumigado es Costa Rica. Me duele decirlo, pero es el que presenta el mayor uso y abuso de agrotóxicos en el planeta por unidad de área al año. Según el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (Una) de Costa Rica, el país usó un promedio 18.2 kilogramos de agrotóxicos por hectárea al año en 2013. Por su parte, el World Resources Institute, organización relacionada con el Banco Mundial, con datos del 2010 informaba de la posición de Costa Rica como primer consumidor de agrotóxicos en el mundo. Investigaciones del IRET también señalan que el uso y abuso de venenos agrícolas ha aumentado significativamente sin haber aumentado las áreas agrícolas. Más veneno en la misma área agrícola donde se produce la comida de los costarricenses. Lamentablemente el país alardea de su compromiso ambiental pero… estos datos lo ponen en duda.

Como si fuera poco, el actual gobierno a fines del 2016 e inicios del 2017 decidió flexibilizar el registro de plaguicidas en Costa Rica con dos decretos ejecutivos (39995 y 40059-MAG-MINAE-S) a favor del sector que importa, exporta y vende agrotóxicos en el país.

Hoy se usan alrededor de dos mil plaguicidas en el país. En 2007 se aprobó un reglamento en el que se exigía un verdadero análisis de riesgo antes de otorgar el derecho de registro. Sin embargo, con el nuevo paquete de decretos se vuelve a perpetuar la incertidumbre y se dificulta que las instituciones estatales puedan evaluar los plaguicidas a profundidad para determinar si se deben prohibir en Costa Rica, tal y cual los prohíben en otros países.

Decretos firmados sin consultas. Uno de los decretos en cuestión, el 39995, no fue consultado al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), según lo exige un mandato de la Contraloría General de la República. Tampoco se consultó al Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). El ORT es la comisión interministerial encargada de coordinar, con los respectivos ministerios, la elaboración de sus reglamentos técnicos, de modo tal que su emisión permita efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la seguridad, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados. Tampoco fueron consultados todos los interesados a pesar de ser un gobierno autonombrado “de participación ciudadana”.

Es evidente que este decreto fue hecho a la medida de las necesidades de quienes buscan vender agrotóxicos de forma fácil y expedita. El problema es que con su aplicación se propicia mantener plaguicidas en el mercado por más de 22 años, sin que las autoridades revisen su riesgo para el ambiente y la salud humana, en especial la de las familias campesinas. Tampoco se vigilaría su eficacia para el control de plagas; de manera que los agricultores estarían expuestos a la adquisición de agroquímicos que podrían no servirles adecuadamente y solo encarecer sus procesos de producción, contaminar el ambiente y afectar la salud humana.

Detrás de este combo de decretos se encuentra un intento desesperado de la agroindustria de legalizar cientos de plaguicidas que no habían logrado ser evaluados por las autoridades costarricenses debido a la normativa del 2007, que precisamente acaban de eliminar en favor del toxinegocio.

Resulta indignante que el agrotóxico Paraquat, cuyo uso fue prohibido en sentencia firme de la Corte de la Unión Europea por ser altamente tóxico desde el 2007, se sigue importando y aplicando en Costa Rica, el país que alardea de su compromiso en la protección ambiental. En el 2007, a raíz de este fallo, la transnacional Dole dejó de usar en todo el mundo Paraquat en todas sus operaciones a nivel mundial con una sola excepción: Costa Rica.

Frente a la intoxicación es urgente la acción. En respuesta al combo de toxidecretos presidenciales y de la intensidad de fumigación con que vivimos en Costa Rica, desde el ecologismo social se ha dado el banderazo de salida para liberar las áreas públicas de herbicidas.

El pasado 6 de abril, el concejo de la municipalidad de Pérez Zeledón fue colmado por activistas de diversos movimientos como el agroecológico, el cultural, el ecologista y el comunitario para solicitar que se diera un paso a favor de la agroecología y mejorar así la salud ambiental del cantón. El objetivo fue logrado por medio de una Declaratoria Municipal acordada ese mismo día en medio de auditorio lleno que celebró la decisión.

A partir de este acuerdo, los sitios públicos que administra esta municipalidad dejarán de fumigarse con herbicidas tan peligrosos como el glifosato. Según estudios realizados desde el año 2000 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer dependiente de la Organización Mundial de Salud, hay pruebas para que sea ingresado a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC). La intención de la declaratoria en Pérez Zeledón es que todas las personas puedan disfrutar de espacios públicos sin temor de estar expuestos a estos dañinos productos en parques, jardines, aceras, linderos de camino, cementerios y otros sitios de administración municipal.

El movimiento por cantones libres de herbicidas es animado por organizaciones ecologistas, campesinas y de la sociedad civil. Vale la pena destacar que se trata del mismo movimiento social responsable de obtener 75 declaraciones de territorios libres de transgénicos en la coyuntura de la defensa del maíz en Costa Rica, frente a la amenaza de introducción de maíz transgénico de la Monsanto en 2013. En esa campaña se logró obtener que el 91 por ciento del territorio nacional fuera declarado libre de transgénicos por los gobiernos locales. 75 de las 81 municipalidades existentes en ese entonces fueron liberadas de transgénicos. Ésta fue una campaña sin precedentes a nivel nacional que permitió ampliar la discusión alrededor de las semillas campesinas y sus amenazas a todos los rincones del territorio nacional.

El ecologismo social costarricense asumió el reto de desintoxicar el país. El banderazo de salida está dado y ahora estamos trabajando para que nuestro dinero público no llegue a las arcas de los señores del agroveneno. Queremos vivir en un país con zonas públicas libres de herbicidas. Preferimos que contraten trabajadores para que “vuelen machete” (control mecánico de las hierbas) y así generar empleo.

Ésta es una gran oportunidad para tener una discusión nacional y una profunda reflexión de los modelos de desarrollo que realmente queremos. Construir territorios libres de cuanta porquería nos quieran imponer (herbicidas, transgénicos o minería) es una forma de mantener el músculo social del ecologismo trabajando en la defensa ambiental en forma participativa y descentralizada.

Fabián Pacheco Rodríguez
Agrobiólogo ambiental, agricultor y ecologista
Correo-e: bloqueverde@gmail.com

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