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REDD+ y el negocio con los bosques en Costa Rica

Zuiri Méndez-Benavides

Para el pueblo bri bri, decir montaña es lo mismo que nombrar bosque. Su palabra, kábata, existe para recordarnos que la tierra, los minerales, los ríos, los seres vivos, las especies, el relieve con las humedades que permite, conforman un bosque y un bosque es parte de la montaña. Todo junto en una interpelación que no es posible separar. Kábata es un espacio donde viven seres que cuidan cada elemento que lo habita, es un territorio, un gran misterio.

Comunidades del pueblo bri bri de Talamanca, en el Caribe sur de Costa Rica, luchan desde el 2010 contra el proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), que impulsa la firma de un contrato donde las 28 comunidades se comprometan a no tocar más el bosque, a cambio de un pago, que nos es más que un permiso de contaminar para las grandes corporaciones del planeta.

Estas comunidades han resistido más de 500 años en un eje montañoso quebrado, selvático que cruza la mitad del país. El pueblo bri bri se levantó el 4 de julio de 1704 alrededor del Blu, Pablu Presbere, para expulsar a los españoles que se estaban instalando en la cordillera. El levantamiento sucedió el mismo día desde la vertiente Atlántica hasta la Pacífica. Entre 1915 y 1930, el pueblo bri bri se organizó para expulsar a la United Fruit Company que invadió su valle; lograron conversar con los seres de las montañas quienes enviaron una gran inundación desde cuatro grandes ríos que destruyó las plantaciones, de tal manera que el pueblo pudo recuperar su territorio. Las comunidades bribris detuvieron la exploración petrolera de Pemex-Recope en los años ochenta, la exploración minera clandestina en 2008 y se mantienen atentos para impedir la construcción de 16 proyectos hidroeléctricos que el gobierno tiene planeado para los ríos Urén, Lari, Coen y Telire.

Desde el 2008, el gobierno de Costa Rica inició un proceso de estructuración para la futura implementación de REDD+ que incluía la participación de pueblos indígenas (Readness Preparation Proposal), sin haber generado ningún proceso amplio de consulta indígena según lo estipula el Convenio 169 y la Declaración de la Naciones Unidas sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El interés para que los bosques de los pueblos indígenas sean dados como bonos para venta de carbono recae en la gran cantidad de propiedad colectiva que en especial le pertenece al pueblo bri bri y cabecar. Según Borges, la población en el 2006 tenía 264 mil 869 hectáreas en la cordillera de Talamanca, distribuidas en 12 territorios indígenas colocándolos como los propietarios mayoritarios de bosques primarios, secundarios y sistemas agroforestales en el país.

 

Intereses del Banco Mundial

 

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal recibía fondos del impuesto al combustible en Costa Rica para pagar a comunidades indígenas que conservaban bosques en la modalidad de pagos por servicios ambientales. En el 2006, el Banco Mundial paga una consultoría para justificar la inversión en territorios indígenas del mercado de carbono, logrando que dos años después se iniciara la construcción del mecanismo de REDD+ en Costa Rica. Es decir, el gobierno deja los fondos públicos para que REDD+ ensanche la cobertura de pagos de servicio ambiental (PSA) en el país, integrando el negocio de las corporaciones internacionales del carbón a través del Banco Mundial.

El Banco Mundial y la ONU y REDD son los entes internacionales que financian proyectos REDD+ en todo el mundo, promoviendo que las comunidades campesinas e indígenas firmen proyectos piloto. O que los gobiernos realicen programas REDD+. La organización World Rainforest Movement (WRM) recopiló 24 informes sobre iniciativas REDD+ que están en marcha y concluyó que casi todas las actividades REDD+ limitan el uso del bosque para la recolección, el cultivo itinerante y los usos de subsistencia.

 

El despojo

 

En el WRM concluyen que los proyectos REDD+ prohíben a las comunidades usar el bosque: desde la caza, la recolección de plantas medicinales, la pesca, el cultivo dentro de los bosques, el uso de medicinas, la tala para la construcción de sus casas.

Culpando a la agricultura campesina e indígena de ser la causante del calentamiento global, investigaciones de Grain hacen constar que las empresas son las responsables de la deforestación masiva e industrializada, y que a las corporaciones de monocultivos en el mundo no se les pide ninguna restricción, generando un gran robo del clima.

El Banco Mundial no ha hecho otra cosa que acoger un proyecto que no limita en nada el crecimiento de producción de las grandes empresas. Más bien les promete convertir su contaminación de carbono en bonos, para que estos sean vendidos en un mercado y así dizque proteger el clima del planeta.

En Costa Rica, el proyecto REDD+ financiado ocho años con más de 7 millones de dólares por cooperación internacional y el Banco Mundial, ha generado las condiciones para que el gobierno prepare un borrador de decreto presidencial (proyecto de borrador de decreto presidencial para modificar la Ley Forestal núm. 7575), donde restringe a los pueblos indígenas que firmen a usar solo el 2 por ciento de sus bosques.

En el RPP (Readness Preparation Proposal) del 2010, el Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo), explicita que no existen cuestionamientos sobre el carácter de activo de los bosques: “No obstante, no hay discusión en cuanto a su carácter de activo que, eventualmente, puede recibir un pago del Estado a través de mecanismos como el PSA”. En el mismo documento afirman que convierten los bosques en un bien transferible: “Se deduce entonces, que un bosque o plantación se puede transformar en un activo, que se materializa en un factor económico que da valor a un específico servicio ambiental prestado (mitigación, protección de agua, protección de biodiversidad, protección de ecosistemas), que es un derecho real derivado de la titularidad del bosque y, por ende, transferible”.

En el 2013, el gobierno de Costa Rica firma con el Banco Mundial un acuerdo por 63 millones de dólares para ejecutar REDD+ en el país, incluyendo a los pueblos indígenas.

Ante los incontables agravios y la inexistencia de la consulta indígena en todo este proceso, las comunidades bribris se organizaron para protestar en el 2014 contra el gabinete del Ministerio de Ambiente, en el 2015 contra la Presidencia del país, y en el 2016, organizaron una consulta propia para construir una Declaratoria del Territorio Bri bri libre de REDD+. La presentaron en julio del 2016.

La montaña, el bosque, en su complejo tejido, se encuentra en disputa por el nuevo mercado de las falsas soluciones al cambio climático, amenazando a que los pueblos que han cuidado esa enorme riqueza natural pierdan el derecho de convivencia que han tenido por siglos con esa kábata tan compleja e inconmensurable.

Zuiri Méndez-Benavides
Programa Kioscos Socioambientales
Correo-e: zuiri.mendezbenavides@ucr.ac.c

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