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Bosques de México: crisis del sector forestal y propuesta de política

Gonzalo Chapela y Mendoza

La importancia de las regiones forestales de México va más allá de la reducida contribución del sector forestal al producto interno bruto. Los bosques, selvas y vegetación forestal de otros tipos abarcan más del 60 por ciento del territorio del país; representan el sustento de decenas de miles de familias campesinas; albergan una altísima diversidad biológica, y prestan servicios ambientales fundamentales (captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos, hábitat para la biodiversidad). Por último, las comunidades forestales que manejan activamente sus bosques representan un factor de empoderamiento de esquemas de gobierno local que permite el control de las actividades ilegales.

Problemas centrales

Derechos humanos y de las comunidades. A pesar de que los derechos a medios de vida, al territorio, al consentimiento previo e informado y a los beneficios del uso de recursos genéticos son derechos constitucionales, no han sido reglamentados; están en contradicción con la definición de la minería como actividad de interés público, la prelación de la fractura hidráulica para extracción de hidrocarburos y la figura de servidumbre obligatoria. El marco regulatorio presenta fallas importantes. La complejidad de la tramitación de permisos y autorizaciones asociados al manejo forestal genera costos y tiempos excesivos que desincentivan a los productores legales y favorecen la ilegalidad.

Aprovechamientos ilegales. Al menos 70 por ciento de la madera que se consume en México (14 millones de m3 de 21 millones) tiene origen ilegal y se beneficia de un contexto de amplia impunidad: los decomisos de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa, alcanzan apenas 30 mil m3 de madera frente a los 14 millones de m3 que se extraen ilegalmente. La producción y comercio ilegales se ven favorecidos no solo por una regulación pesada, costosa, sino por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión de los canales comerciales. El clandestinaje forestal tiene fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales.

Competitividad y oportunidades locales. Las regiones forestales enfrentan actualmente condiciones muy desfavorables que limitan el aprovechamiento de las ventajas competitivas que ofrece la alta productividad biológica de los bosques de México: infraestructura caminera deteriorada, limitada investigación científica y una reducida inversión en la generación de capacidades técnicas. De atenderse estas limitaciones, el sector forestal mexicano tiene fuertes posibilidades de incrementar su productividad, producción y rentabilidad, incluyendo la reducción del elevado déficit comercial (de 7 mil millones de dólares).

Conservación. Las comunidades rurales, dueñas de territorios forestales, juegan un papel central en la conservación y protección de los bosques y selvas. Su labor es relevante en el control de los incendios y las plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal. Alrededor de 2 millones de hectáreas, 25 por ciento de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de las zonas que las comunidades definen como de conservación. Existe un enorme potencial, hoy no aprovechado, para avanzar en la conservación a partir del impulso a los esfuerzos comunitarios.

Asesoría técnica. Aunque existen especialistas capaces y comprometidos con las comunidades forestales, la mayoría de los proveedores de “servicios técnicos forestales” actúan de manera autoritaria e incluso abusiva en relación con las comunidades forestales que requieren su asistencia que, por otra parte, se limita a aspectos meramente técnicos.

Arreglo institucional. La capacidad institucional se ha venido reduciendo en los últimos años y obstaculiza las actividades productivas en aras de preservar los recursos, sin atender tampoco cabalmente las necesidades de protección y conservación de los territorios forestales.

Propuestas para un nuevo marco de manejo forestal

Tres perspectivas, aparentemente contradictorias, han orientado la política forestal: la producción de plantaciones forestales, la conservación de los ecosistemas y el manejo forestal comunitario. Una nueva política puede y debe manejarlas de manera integral. Se proponen como ejes de esta política: el manejo forestal comunitario sustentable y con visión ecosistémica, paisajística y territorial; la integración de redes locales y regionales de valor y la intervención gubernamental con enfoque territorial. Propuestas sobre la protección y el cumplimiento de los derechos humanos: manejo de salvaguardas socioambientales; participación plena y efectiva; desarrollo de protocolos para la consulta previa e informada, armonización del marco legal y la defensa frente a los megaproyectos extractivos, agroindustriales y turísticos.

Propuestas de mejora del marco regulatorio

Fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a nivel central y en sus delegaciones. Reestructurar el sistema regulatorio para simplificar, transparentar y hacer eficiente la gestión legal del bosque, incluyendo la simplificación de la tramitación de permisos. Esta reorientación incentivará el manejo y la conservación de los bosques y las selvas.

Propuestas para controlar los aprovechamientos ilegales

Mejorar la regulación y la aplicación de las normas, el fortalecimiento de las empresas sociales, el control de los canales de comercialización y la demanda, la diferenciación en el mercado de productos de origen legal.

A esto debemos sumarle las compras de gobierno de origen legal utilizando procedimientos de certificación, el fortalecimiento de la Profepa y la reorientación de su actuación hacia el control efectivo de la ilegalidad y no a la persecución de los productores legales.

Propuestas para impulsar la competitividad

Buscar el incremento de la productividad primaria mejorando los sistemas de manejo forestal, las condiciones de mercado, la capacidad de exportación y la legal procedencia de las importaciones. También se requiere la creación de un área en Conafor para el apoyo a la comercialización de las empresas sociales forestales, mejoras técnicas, de caminos, y de las industrias forestales y de los entornos en que operan.

Establecer en el Programa Nacional Forestal (Pronafor) la prioridad del impulso al manejo activo de los bosques y selvas. Operar un sistema de monitoreo para evaluar la efectividad del programa de apoyos de la Conafor, atendiendo la incorporación de áreas forestales al manejo y el grado de desarrollo en la cadena productiva y de valor forestal de las comunidades. Modificar las reglas de operación del Pronafor para vincular los apoyos a iniciativas productivas relacionadas con el uso y aprovechamiento del bosque.

Incrementar la inversión en bienes públicos (investigación, información, infraestructura caminera) que permitan mejorar, entre otros, las condiciones para la realización de negocios.

Compras gubernamentales de productos forestales que cuenten con certificados de legal procedencia, de manera que este consumo pueda dinamizar las economías forestales regionales. Programas de manejo forestal regionales para simplificar la gestión de los programas prediales de manejo forestal.

Establecimiento de un Programa Especial, en la Semarnat, para impulsar el manejo forestal sostenible que ofrezca la disminución de inspecciones, y la agilización y simplificación de trámites a los dueños de los terrenos forestales a cambio de compromisos de adopción de buenas prácticas. Además, establecer redes de mercados regionales para que todas las compras de todos los niveles de gobierno se cubran con madera regional otorgando incentivos a la madera con certificación ambiental.

Propuestas de conservación forestal

Dar visibilidad, apoyo e incentivos a las iniciativas comunitarias de conservación; mejorar la ejecución de los programas de pago por servicios ambientales (PSA) y generar figuras de conservación como “paisajes bioculturales” con presencia de actividades productivas sustentables. Buscar la gobernanza local o cogestión de corredores biológicos que permitan la conectividad regional de los paisajes; vincular los programas de reforestación-restauración con el desarrollo rural comunitario.

Propuestas de mejora de la asesoría técnica

Constituir equipos interdisciplinarios de acompañamiento atentos a las necesidades de manejo, administrativas y comerciales de las comunidades. Buscar paulatinamente la transferencia de funciones a las comunidades u organización de comunidades.

Propuestas de mejora del andamiaje institucional

Es importante revertir la tendencia al deterioro de las capacidades institucionales, buscando revisar y dar coherencia a sus funciones. Se propone fortalecer a la Semarnat corrigiendo su sesgo de restricción de las actividades forestales productivas y evitando la concentración de capacidades en la Conafor sin contrapesos institucionales y/o sociales.

Además, simplificar procesos administrativos, disminuyendo la carga regulatoria y la gestión de los programas; identificar tramos donde resulte posible la descentralización a gobiernos estatales y locales. Incorporar en las reglas de operación del Pronafor los componentes que generen capacidades para el control de los territorios comunitarios por parte de sus dueños y reducir la dependencia y control de los prestadores de servicios técnicos forestales sobre ellos.

Por último, se requiere fortalecer las funciones del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que permita la creación de acuerdos intersecretariales para la alineación de la intervención gubernamental en las regiones forestales.

Coordinador temático:
Gonzalo Chapela y Mendoza

Colaboradores:
Sergio Madrid Zubirán, Carlos Erick Muench Spitzer y Leticia Merino Pérez

Correos-e: [email protected], [email protected]

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