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Las condiciones de la biodiversidad: diagnóstico y política pública

María del Coro Arizmendi, César Domínguez Pérez-Tejada y Pedro Álvarez Icaza

México es una de las diez naciones con mayor diversidad biológica del mundo. Esto constituye un privilegio y una enorme responsabilidad. La biodiversidad de México se expresa en el elevado número de especies conocidas de plantas y animales, así como de las estimaciones de otros organismos (microorganismos, artrópodos, hongos, etc.), de su gran variedad de ecosistemas y de la enorme variación genética que permitirá afrontar los desafíos del cambio climático global. Una fracción importante de esta biodiversidad es exclusiva (endémica) de nuestro territorio, situación que incrementa su valor único y la responsabilidad de conservarla y manejarla de manera sostenible.

El país tiene una gran extensión y variedad de ecosistemas terrestres de los que aún sabemos muy poco. Existen enormes vacíos de información para algunos grupos de organismos (por ejemplo, microorganismos y artrópodos) y estamos lejos de conocer y valorar los servicios ambientales que proporcionan. Esta situación es crítica en el caso de los ecosistemas marinos, costeros y dulceacuícolas.

Es necesario hacer esfuerzos adicionales para conocer a fondo los aspectos básicos de la biodiversidad mexicana (genética, específica y ecosistémica), así como de su valor presente y potencial. Este conocimiento nos permitirá la formulación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo sostenible del país.

México es también un país de enorme riqueza cultural, uno de cuyos elementos son los conocimientos tradicionales y locales para el manejo y conservación de los recursos y sistemas naturales. La diversidad y fuerza de las prácticas y conocimientos de los pueblos y comunidades mexicanas sobre su entorno natural son base de la existencia de una importante agrobiodiversidad, con numerosas plantas útiles de las cuales México es centro de origen, domesticación o diversificación. A pesar de su enorme valor, este conocimiento no está bien documentado ni se valora en su justa medida como fuente de prácticas sostenibles.

Otro aspecto importante es la diversidad genética, es decir, la información hereditaria de todos los organismos vivos. Con los avances de la biología molecular y las técnicas de ingeniería genética se ha logrado la manipulación de los genes con técnicas de ADN recombinante y, más recientemente, edición de genes. Sin embargo, no se puede entender a los genes de manera aislada, sino en relación con los elementos ambientales y funcionales que regulan su expresión.

La diversidad genética en países con alta diversidad biológica como México está articulada a la diversidad biocultural, creada y mantenida por los pueblos originarios que han interactuado con la naturaleza en condiciones ecológicas particulares. Han llevado a cabo domesticaciones y propiciado adaptaciones y diversificaciones, como en caso del maíz, el frijol, la calabaza, el chayote y otros muchos cultivos.

Por ello no puede abordarse la diversidad genética de manera aislada del amplio ámbito en que se desarrolla: al sustraerla de este marco se abre la posibilidad de su manejo y uso como un recurso susceptible de manipulación, modificación y mercantilización. La diversidad genética se protege gracias al entendimiento que mujeres y hombres tienen de la naturaleza y de las diferentes formas de relacionarse con ella; es decir, de su cosmovisión, bajo la cual se da un manejo comunitario de los recursos.

Desde la cosmovisión de los pueblos originarios y campesinos, las plantas, animales, hongos, semillas y otros propágulos son elementos de uso común. Esta visión es contraria al proceso de patentamiento y despojo que se busca realizar mediante la tecnología y la disección de la diversidad genética como un recurso fitogenético susceptible de apropiación.

México es signatario del Protocolo de Nagoya que busca “la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a dichos recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías, y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes”.

En años recientes, la aplicación de políticas de desarrollo ajenas a la preocupación por el uso sustentable, la conservación de la riqueza natural del país y la calidad de vida de sus habitantes, ha producido la degradación y agotamiento de los sistemas naturales, llegando en distintas regiones a escenarios cercanos al desastre ambiental, con pérdidas importantes de la diversidad biológica. Si bien el ritmo de deforestación ha disminuido en muchas regiones, continúa siendo significativo en otras.

En los últimos años, la deforestación y la degradación forestal se relacionan con procesos de cambio de uso del suelo para actividades agroindustriales a gran escala (plantaciones de aguacate, de palma africana, de jatropha y de soya), con aprovechamientos forestales ilegales y con la construcción de grandes centros turísticos. La deforestación ha provocado la fragmentación de los ecosistemas y el aislamiento de especies y poblaciones. Junto con la deforestación, procesos como la contaminación de los ecosistemas y la introducción de especies invasoras son causas directas de la pérdida de la biodiversidad y el deterioro profundo de los sistemas de soporte de la vida en el planeta.

Las dinámicas que generan la degradación ambiental son complejas. Entre ellas se encuentran el crecimiento urbano sobre áreas naturales, las presiones de los mercados sobre distintos recursos naturales, prácticas agrícolas, mineras y de polos turísticos de altos impactos ambientales. Es importante conocer la magnitud de estos problemas y de sus consecuencias, asegurando el acceso público a esta información, de modo que sea posible establecer estrategias de participación ciudadanas, políticas públicas y legislación capaces de detener y –cuando sea posible– revertir estas condiciones.

El manejo responsable y la conservación de la biodiversidad son temas prioritarios y urgentes. El éxito de estas tareas depende de las capacidades académicas, políticas y sociales para integrar una agenda de conservación y desarrollo sustentable que tenga en cuenta los aspectos biológicos, económicos y sociales de los problemas y de las políticas para atenderlos. En México, la conservación de los sistemas de soporte de vida del planeta va de la mano con la construcción de una sociedad más participativa y equitativa.

Propuestas

  • La importancia económica, social, estética y biológica del capital natural de México debe ser reconocida de manera explícita buscando generar una cultura que lo valore y lo maneje de manera sostenible. La valoración de la riqueza natural del país debe promoverse en los distintos niveles del sistema educativo.
  • Es muy importante mantener programas de investigación sobre organismos genéticamente modificados para medir su impacto en los ecosistemas y en la salud humana. Estos estudios deben evitar el conflicto de intereses. La sociedad debe tener acceso abierto a esta información.
  • Se requiere salvaguardar el conocimiento y las tradiciones asociados con los cultivos de los cuales México es centro de origen, reservorio de diversidad genética y centro de domesticación. Entre otras medidas, este esfuerzo implica recuperar las aportaciones de la agricultura familiar y de pequeña escala, como recomienda la FAO, ya que esta aporta hasta el 80 por ciento de la alimentación del mundo, recurriendo a sistemas de manejo diversificado, como es la milpa en nuestro país. Esta medida es la mejor política de adaptación al cambio climático en el terreno de la soberanía alimentaria.
  • El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ANP) es una herramienta importante para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, se requiere reforzar las políticas de manejo, conservación y protección de estas áreas contra distintas prácticas no sustentables, como la minería a cielo abierto y los grandes polos turísticos.
  • Es necesario impulsar las actividades de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas fuera de las Áreas Naturales Protegidas, con la participación de los actores locales y el respeto a sus derechos de propiedad. Las políticas diseñadas para ello deben basarse en: a) una perspectiva de paisaje, que asegure el mantenimiento de la conectividad ecológica y de la funcionalidad de los ecosistemas; b) la conservación del patrimonio biocultural, enfatizando la interacción de los grupos humanos con la biodiversidad y promoviendo las prácticas de manejo que han modelado y mantenido los paisajes, ecosistemas y sistemas productivos; c) el reconocimiento, apoyo y promoción de las formas de manejo colectivo del territorio y de las formas de organización e instituciones locales.
  • Algunas políticas públicas existentes que pueden fortalecerse en este sentido son: 1) las áreas dedicadas voluntariamente a la conservación (ADVC), que pueden servir para fortalecer y promover las iniciativas comunitarias de conservación, asegurando que cuenten con un mínimo de recursos económicos para su manejo; 2) los programas de pago por servicios ambientales (PSA), cuya ejecución debe mejorar para que se asegure el fomento productivo estipulado en ellos; 3) los programas de reforestación y restauración ecológica, que deben permitir y planificar el aprovechamiento futuro de los sitios a restaurar para estimular la participación y la responsabilidad social en las actividades de restauración; 4) la promoción de sistemas productivos y actividades económicas de bajo impacto, como el manejo forestal comunitario, la producción de café, cacao, miel, la milpa tradicional y la ganadería silvopastoril.
  • Realizar ejercicios de planeación a escala regional enfocada en el mantenimiento de la conectividad del paisaje y la funcionalidad de los ecosistemas, buscando lograr la continuidad espacial de elementos, como son los corredores de vegetación y las redes hidrológicas que mantienen los flujos naturales de materia y energía en el paisaje. Estos esfuerzos deben buscar la integración de instrumentos de planeación local existentes, tales como los ordenamientos territoriales comunitarios.
  • Es necesario fomentar la participación social en las ANP, mediante la construcción y el fortalecimiento de instituciones locales que regulan el acceso a los recursos naturales y el establecimiento de mecanismos de vinculación entre actores locales, instituciones académicas y de gobierno.
  • La conservación del patrimonio natural del país es un tema prioritario que exige un control y regulación más estrictos sobre el aprovechamiento de los bienes públicos naturales, como los recursos hidrológicos y del subsuelo. Es necesaria la protección de las zonas de alto valor biológico y ambiental ante actividades extractivas de gran escala como la minería, la industria petrolera y la fractura hidráulica. Igualmente de otras alternativas económicas de alto impacto, como el desarrollo agroindustrial y el turismo a gran escala. Las áreas de alto valor biológico deben ser excluidas de estas actividades sin importar si cuentan o no con decreto como ANP.
  • La conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida de los mexicanos debe ser asunto prioritario frente a otras actividades y condiciones. De ahí la importancia de potenciar el papel de órganos autónomos de gestión pública en materia ambiental, evitando la permisividad por parte de las instituciones de gobierno y su subordinación a intereses económicos contrarios al bien común.
  • Disminuir la huella ecológica del país mediante el aumento del consumo de bienes locales y nacionales, con cadenas de valor que activen y fortalezcan las economías locales basadas en el ahorro en el traslado de personas productos y servicios.
  • La conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos debe basarse en alianzas entre las distintas instituciones del Estado y de la sociedad. Alianzas público-comunitarias con énfasis en el México rural. Alianzas público-privadas para aprovechar esquemas de empresas con responsabilidad socioambiental, con ideas innovadoras, así como a PYMES comprometidas con la sustentabilidad de México. Alianzas con la comunidad científica para promover programas de investigación interdisciplinarios que atiendan los problemas socioambientales urgentes de la realidad nacional.
  • Recurrir a esquemas internacionales de apoyo financiero y técnico a la sustentabilidad y conservación. Por ejemplo, el Global Environmental Facility, la Agenda 2030 y la banca internacional para el desarrollo.
  • Establecer políticas específicas de protección de la agrobiodiversidad y diversidad genética de México, basadas en el Protocolo de Nagoya y en el principio precautorio en los casos de controversias.
  • Priorizar leyes que operen a favor de los procesos de sustentabilidad y elaborar nuevos preceptos al amparo de los derechos de nueva generación, los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales).
  • Valorar las virtudes de nuestro andamiaje legislativo en el sector ambiental y repensar desde la transversalidad la reforma energética, la ley de cambio climático y la capacidad de las instituciones federales, estatales y locales competentes en el tema, para que sean más efectivas e incluyentes en todos los ámbitos de la vida nacional.

Existen avances en cuanto a políticas públicas e instrumentos de manejo sostenible de los recursos naturales del país. Sin embargo, el camino todavía es largo y se requiere de mucho trabajo e inversión en ciencia básica y aplicada, así como en la formulación e implementación de instrumentos de manejo y políticas públicas que fomenten un desarrollo sustentable e incluyente.

Coordinadores temáticos:
María del Coro Arizmendi, César Domínguez Pérez-Tejada y Pedro Álvarez Icaza

Colaborador:
Carlos Erik Muench Spitzer

Correos-e: [email protected], [email protected]

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