Los mares y costas son una porción indispensable del territorio nacional para la soberanía, la seguridad y el desarrollo sustentable del país. Además, la privilegiada ubicación geográfica de México lo posiciona de manera estratégica en el contexto mundial entre los dos océanos más grandes del planeta. Estas regiones marinas –que superan en extensión la parte terrestre de México– resguardan una gran riqueza natural que debe ser conservada, permitiendo el desarrollo responsable y el bienestar de sus poblaciones sin comprometer las generaciones futuras, porque es ampliamente reconocido que sin océanos no habría vida en la Tierra. De las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, 17 tienen acceso al mar y representan el 56 por ciento del territorio nacional.

Durante el primer tercio del siglo XX se estableció en México un régimen especial de pesca al definirse que distintas especies de alto valor comercial (como el camarón, la langosta, el abulón, las tortugas marinas, el ostión, la totoaba, la cabrilla y la almeja pismo) se consideraran reservadas a las sociedades cooperativas, lo que otorgó un marco jurídico al desarrollo del sector social de la pesca. A lo largo de dicho siglo se perfilaron dos sectores económicos diferenciados para esta actividad: el sector industrial privado, con embarcaciones mayores, con tecnología y equipos de pesca modernos y con gran poder de pesca, y el sector artesanal, en el que participan comunidades pesqueras ribereñas con embarcaciones menores con motor fuera de borda, poca autonomía de desplazamiento y equipos de pesca artesanal.

En 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó el Tratado Internacional de Derechos del Mar, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece la categoría de mar territorial y zonas económicas exclusivas que otorgan a los estados ribereños derechos de soberanía sobre una franja de 200 millas náuticas medidas a partir de la línea de costa.

México incorporó en la Constitución el concepto de zona económica exclusiva a partir de lo cual expulsó a las flotas extranjeras de sus aguas, e impulsó grandes flotas pesqueras que aprovecharon importantes recursos, como el atún y los tiburones. En diciembre de 1989 se publicó la reforma de la Ley Federal de Pesca que termina con el régimen de especies reservadas a las cooperativas.

La disputa real por el aprovechamiento de los recursos pesqueros se establece entre la pesca industrial y la artesanal, sobre todo en recursos compartidos como el camarón, los tiburones y rayas o los peces de pico. La política pesquera ha favorecido al sector pesquero industrial con importantes subsidios y apoyo gubernamental. Los pescadores artesanales han sido marginados y acceden solo a recursos limitados. No obstante, la organización cooperativa ha permitido gestar empresas sociales prósperas en algunas entidades de la república en donde tienen acceso a especies de alto valor comercial. Sin embargo, la mayoría de las cooperativas pesqueras o pescadores se dedican a la explotación de especies que se conocen genéricamente como escama y viven en condiciones de pobreza.

La dimensión ambiental estuvo ausente de la actividad pesquera hasta finales de los años 80. Con la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1988, se introducen en el sector pesquero elementos para proteger el entorno y la conservación de las especies. Y con la publicación de la Ley General de Vida Silvestre se distinguen las atribuciones en materia de recursos vivos del mar: las especies acuáticas protegidas están sujetas a una política de protección y conservación (ballenas, delfines, tortugas marinas, entre otras) a diferencia del resto de las especies.

A partir de la primera década del siglo XXI varias organizaciones ambientalistas trabajan con el sector artesanal y emprenden proyectos exitosos de protección, recuperación de especies y aprovechamiento sustentable. México ha suscrito el Código de Conducta de Pesca Responsable de la FAO y, posteriormente, los Planes de Acción Internacional derivados. México participa también activamente en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y ha sido promotor de la protección de varias especies marinas, como los tiburones.

A pesar de su importancia y potencial, lograr el desarrollo sustentable dista de ser una realidad. A continuación se describen algunos retos que requieren atención prioritaria, y que sería deseable que formaran parte decisiva de la agenda nacional. Se presentan también las problemáticas ambientales más importantes que enfrenta el desarrollo sustentable pesquero en el país y se incluyen propuestas generales de política pública para enfrentarlos.

Diagnóstico y propuestas

• Crecimiento poblacional costero

Las zonas costeras mexicanas experimentan un crecimiento poblacional espacialmente irregular, focalizado en pocas localidades urbanas, lo que produce importantes presiones económicas, sociales, institucionales y ambientales sobre esas zonas costeras y marinas.

Para el desarrollo regional de las zonas marinas y costeras del país se debe insistir en orientar el crecimiento bajo un modelo de ordenamiento espacial de las actividades urbanas y productivas, centrado en las aptitudes naturales y en las necesidades y expectativas de los municipios costeros. Para ello se cuenta ya con un número importante de instrumentos de gestión socioambiental que falta fortalecer, ejecutar y vigilar: la planeación ambiental, el ordenamiento ecológico del territorio, el ordenamiento territorial y la regulación ambiental de los asentamientos humanos, el ordenamiento pesquero y acuícola, el ordenamiento turístico, así como las zonas de desarrollo turístico sustentable.

• Sobrepesca

La mayoría de las pesquerías de México en el Pacífico y el Atlántico se encuentran en su límite de aprovechamiento máximo sostenible (51 y 67 por ciento, respectivamente) y un número importante de ellas está deteriorada (19 y 27 por ciento). El sector pesca y acuacultura tiene una contribución históricamente baja al producto interno bruto nacional, pero relevante en términos sociales, como opción de trabajo y de alimento para las comunidades costeras, en particular las más pobres del país.

A fin de lograr la sustentabilidad de nuestras pesquerías es necesario contar con estudios poblacionales de todas las especies objetivo; generar planes de ordenamiento pesquero; eliminar la pesca ilegal y reducir (y, de ser posible, eliminar) la pesca incidental. Adicionalmente es importante crear áreas marinas protegidas, o zonas de regeneración de peces, con base en el conocimiento técnico y científico existente.

Por último es recomendable recuperar las lecciones aprendidas de los modelos sustentables autogestionados por las comunidades pesqueras, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; son casos de éxito que merecen, con las debidas reservas, ser escalados a áreas mayores.

• Cambio climático

Tal vez la velocidad del calentamiento de los océanos no suene dramática. Se estima que su temperatura aumentó durante el siglo pasado aproximadamente 0.1 °C; sin embargo, este incremento es suficiente para matar a las algas que mantienen vivos a los corales, trasladar especies a nuevas áreas e incrementar el nivel del mar.

Incluso si dejáramos de enriquecer con dióxido de carbono adicional a la atmósfera, los efectos del cambio climático continuarían presentándose durante otro siglo. Eso no quiere decir que no debemos actuar sobre las emisiones, pero también tenemos que adaptarnos, lo que será especialmente perturbador, en relación con el aumento del nivel del mar.

Desafortunadamente, no hay una solución inmediata para enfrentar el calentamiento global, pero debemos emprender la transición, lo antes posible, a un modelo de eficiencia energética basado en fuentes de energía renovable.

• Acidificación de los océanos

La superficie de los océanos tiene un pH que va de 8.0 a 8.3. Los organismos marinos han evolucionado para adaptarse a esas condiciones. El incremento de la acidificación de los océanos, resultado de la absorción de CO₂ cada vez más presente en la atmósfera, amenaza a gran parte de la vida marina. Debido a la alta capacidad de absorción de CO₂ propia de los océanos, al entrar en contacto con el agua, dicho gas reacciona inmediatamente y se forma ácido carbónico cuyo resultado es una mayor acidez marina. Mientras más grande sea la acidez del agua menor será la capacidad de los organismos calcáreos de fijar los carbonatos y el calcio, lo que imposibilita formar conchas y corales.

La fórmula para revertir la acidificación de los océanos es la misma que para enfrentar el cambio climático: emprender la transición lo antes posible a un modelo de eficiencia energética que se base principalmente en fuentes de energía renovable.

• Zonas muertas, eutrofización e hipoxia

Las zonas muertas en el mar son extensiones con concentraciones tan bajas de oxígeno (hipoxia) que no pueden sustentar gran parte de la vida marina. Cantidades inusuales de nutrientes, ya sea nitrógeno o fósforo, llegan a la costa y provocan la eutrofización (exceso de nutrientes en un sistema) del ecosistema acuático, proceso que aumenta la biomasa de algas, pero destruye la biodiversidad, puesto que la proliferación de estos últimos organismos reduce la concentración de oxígeno en el agua y mata las poblaciones de peces y otros animales marinos.

En la mayoría de los casos la eutrofización es el resultado de actividades humanas, como el uso de fertilizantes industriales y detergentes, que contienen nitrógeno, fósforo y fosfatos, nutrientes químicos que estimulan el crecimiento de las algas.

La única solución probada para este problema es evitar que los agroquímicos lleguen al mar. En este sentido, las regulaciones y políticas sobre el uso de agroquímicos deben aplicarse de manera enérgica; igualmente es necesario imponer una mayor carga fiscal a su uso, que podrá ser mayor en relación conforme su grado de toxicidad.

• Contaminación por hidrocarburos

Los derrames de petróleo son bastantes frecuentes y, en algunos casos, resultan catastróficos por el nivel de daño a los ecosistemas marinos. El 80 por ciento del crudo que se encuentra en los mares proviene de la explotación petrolera de las plataformas marinas, el otro 20 por ciento de derrames de barcos y de aportes desde el continente. A nivel mundial cada año se arrojan en los mares alrededor de 4 millones de toneladas de combustibles o petróleo crudo.

Entre 2007 y 2012, Pemex reportó 290 derrames anuales en promedio, con un volumen, también promedio, de 4 mil 938 toneladas. Estas situaciones provocan gran cantidad de problemas ambientales ya que los hidrocarburos contaminan playas, agua, sedimentos, biota, rocas, arrecifes, etcétera.

En México, a raíz de la reforma energética, la exploración y explotación se concentrará en el Golfo de México. Y como se creó una agencia especial para atender este tema, la recomendación –al igual que en el apartado sobre Transición Energética– es fortalecer técnica, legal y políticamente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

• Plásticos y microplásticos

Se estima que cerca de medio millón de toneladas de plásticos van a dar a los mares de México. Equivale a un camión lleno de esta basura por hora. Este tipo de contaminación cuesta la vida de miles de aves, mamíferos y peces cada año. Además, el agua marina está contaminada con microfibras de plástico y, aunque no se tiene claro el impacto de consumirlas y su traslado en la cadena trófica, algunas investigaciones sugieren que los microplásticos podrían transferir sustancias tóxicas al cuerpo cuando son consumidas por los seres humanos, aunque se requiere mayor investigación.

La solución, al menos en parte, radica en el diseño urgente de políticas que prohíban o limiten la venta y uso de las bolsas de plástico, siguiendo el ejemplo de algunas naciones latinoamericanas. Al parecer una fuente importante de microplásticos es el lavado de prendas sintéticas, por lo que se sugiere el uso de filtros en las máquinas de lavar como una forma de control. Este tema requiere mayor investigación para sustentar políticas públicas adecuadas.

• Monitoreo e investigación científica

México cuenta con un número importante de instituciones que realizan investigación oceanográfica de talla internacional; sin embargo, los presupuestos destinados a la investigación oceanográfica son limitados y resultan pequeños para el tamaño de los sujetos de estudio: las costas y mares de México y sus retos asociados.

Existen algunas excepciones, como el experimento que está en marcha a través del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-hidrocarburos, donde el gobierno federal invierte mil 500 millones de pesos para realizarlo y tenerlo listo en 2020:

1) la línea base del Golfo de México; 2) un sistema de monitoreo del océano y de la atmósfera a través de boyas, radares HF, gliders y percepción remota; 3) un entendimiento profundo de las corrientes del Golfo de México y el comportamiento del petróleo en caso de derrames; 4) el estado del conocimiento sobre la degradación natural de los hidrocarburos del Golfo de México, y 5) la capacidad de determinar escenarios de derrames y su potencial efecto sobre los ecosistemas.

En este sentido, se propone lo siguiente: a) invertir más en la investigación científica y el desarrollo tecnológico para las costas y mares de México; b) que el gobierno etiquete presupuestos para crear y mantener un sistema nacional de monitoreo de las costas y mares de México, a cargo de instituciones académicas dedicadas a la materia; c) promover la investigación científica bajo la asociación en consorcio para que atiendan de manera integral los grandes problemas de estos ecosistemas, y d) que la ciencia que se desarrolle vaya acompañada de una estrategia de comunicación y el compromiso de las comunidades.

• Arquitectura institucional y gobernanza

La gestión de las costas y mares en México es muy compleja dado que le resultan aplicables 42 leyes generales y federales, un número importante de leyes estatales y ordenanzas municipales, numerosas normas oficiales mexicanas e instrumentos internacionales, sin mencionar que allí ejercen sus atribuciones al menos 12 dependencias y 22 entidades paraestatales de la administración pública federal, un número importante de secretarías estatales y unidades de las administraciones públicas municipales.

Las limitaciones más importantes de este marco jurídico y normativo son: 1) sobrerregulación en la materia; 2) inconsistencias y falta de congruencia entre los diversos instrumentos jurídicos; 3) lagunas jurídicas; 4) sobreposición o desarticulación de competencias, y 5) bajo nivel de control y vigilancia.

Ante este panorama, existen dos propuestas que valdría la pena explorar para mejorar las condiciones de los mares y costas de México: a) continuar alineando a las dependencias y entidades que tienen atribuciones sobre el tema, junto con la atención de las limitaciones del marco jurídico arriba señalado, o 2) elaborar y promulgar una Ley General de Mares y Costas, y asociada a ella una dependencia del gobierno federal donde se centralice el mayor número de funciones y cuyo objeto sea armonizar y coordinar lo relativo a las costas y mares de nuestro país.

Coordinadores temáticos:
Eduardo Peters y Luis Fueyo

Correo-e: [email protected]