Política pública sobre minería, medio ambiente y soberanía nacional — ecologica
Usted está aquí: Inicio / Artículos / Política pública sobre minería, medio ambiente y soberanía nacional

Política pública sobre minería, medio ambiente y soberanía nacional

Rodolfo García Zamora

A partir de la crisis de la deuda externa en 1982, el gobierno mexicano optó por un cambio radical en el modelo de desarrollo y apostó por la apertura de la economía nacional, la reducción del Estado y la privatización de distintas empresas estatales y por la desregulación de diferentes actividades económicas.

Durante 35 años, este modelo, presentado como “modernización” de la economía nacional, ha transformado el papel estatal en el proceso de desarrollo, convirtiéndolo en promotor de tales acciones y garante y protector de los intereses de los inversionistas y corporaciones transnacionales (y mexicanas).

La minería ha tenido un papel preponderante en esta reorientación de la actividad económica, refuncionalizando los mecanismos de dependencia y subordinación a las corporaciones extranjeras y mexicanas, generando sobreexplotación de los recursos mineros del país, con grandes impactos ambientales negativos y graves daños a las comunidades en los territorios donde existen concesiones mineras, y donde los movimientos de resistencia han sido a menudo reprimidos por las fuerzas policiacas y militares.

Más de 120 conflictos ambientales vigentes relacionados con la minería en el país reflejan sus grandes costos socio-ambientales, en un contexto en que el Estado ha renunciado prácticamente a la regulación de esta actividad, así como a la protección del medio ambiente y de las comunidades indígenas y rurales en las regiones donde se lleva a cabo dicha actividad.

Ante esta situación, y de cara al cambio de administración federal y legislativa en este año, resulta fundamental promover un amplio debate nacional sobre el proyecto de nación, el papel de los recursos naturales y la energía, el medio ambiente y, en particular, los territorios y las comunidades afectadas por la minería.

Entre 1988 y 1994, el gobierno mexicano buscó institucionalizar la inversión extranjera y las exportaciones como los ejes de la economía nacional, para lo cual se modificó la Constitución y se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como parte de estas reformas se modificó la Ley Minera, colocando dicha actividad como “preferente” por encima de cualquier otra o interés. En 2013, este carácter fue otorgado a otras actividades extractivas con el argumento de que a partir de esta estrategia se generaría un crecimiento anual del PIB de 6 por ciento, cuando apenas se ha logrado alcanzar el 2 por ciento.

México se localiza en un territorio con ricos y variados recursos minerales. Bajo la nueva ley minera, según datos de 2014, se han llevado a cabo 888 proyectos de exploración y explotación mineros con capital extranjero operados por 268 empresas de distintos países, estas últimas con una vigencia prorrogable de 50 años. Ambos tipos de concesiones comprenden casi 113 millones de hectáreas, equivalentes al 57.4 por ciento del territorio nacional. Para 2014, la Secretaría de Economía informa de la existencia de 3 mil 832 empresas de capital transnacional dedicadas a esta actividad.

Nuevas tecnologías de aprovechamiento de los minerales permiten reaprovechar yacimientos que ya no resultaban rentables con la minería a cielo abierto, con alto consumo de agua y altos impactos (desechos, destrucción y contaminación de suelos y cuerpos de agua, remoción de la cobertura forestal y destrucción de la biodiversidad), muchos de ellos irreversibles. La minería a cielo abierto cambia definitivamente la estructura del suelo y de las cuencas hidrológicas, afectando y contaminando los suelos, los cuerpos de agua, así como la flora y fauna de las zonas, donde se pierde completamente la cobertura vegetal. A ellos se suma el desplazamiento y destrucción de cientos de comunidades.

Los aportes de la minería al desarrollo local son inexistentes. Según la organización Fundar, en el 76 por ciento de los municipios con producción de oro y en el 87 por ciento con producción de plata, el nivel de pobreza de la población es mayor al promedio nacional.

Por cada mil dólares obtenidos por las corporaciones mineras, las comunidades afectadas por la minería recibieron, por medio de sus gobiernos estatales y municipales, 15 centavos. Tales son los montos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), que representaron el 0.015 por ciento del total del valor de la producción minera metálica en 2014.

Las aportaciones fiscales de la minería son raquíticas: en 2016 fueron de apenas de 2 mil 509 millones de pesos, el 0.32 por ciento del total de los ingresos fiscales, mientras que el valor de la producción minera metálica generado en 2014 alcanzó los 14 mil 765 millones de dólares, transferidos en su mayoría a Canadá, Estados Unidos e Inglaterra.

La insustentabilidad de la megaminería en México se percibe en la destrucción masiva y acelerada de la tierra, la contaminación del aire, en la huella hídrica, el enorme uso y destrucción de millones de metros cúbicos de agua y en la desarticulación social extrema. En Sonora el Grupo México, y en Zacatecas la Gold Corporation, consumen más agua que toda la población de cada entidad. Además, se contaminan los ríos, pozos y mantos freáticos, como sucedió en el primer estado sin ninguna sanción ni remediación a fondo.

El despojo hídrico por parte de la megaminería se beneficia de las iniciativas oficiales de privatización del agua, lo que explica que 197 mega proyectos mineros han privado del acceso a los recursos hídricos al 10 por ciento de la población nacional, según cifras de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y Cartocrítica. Ante este enorme despojo, que pone en riesgo el futuro de grandes grupos de la población nacional, es fundamental el respaldo colectivo a la iniciativa ciudadana “Ley General de Aguas Nacionales”.

La contaminación de los acuíferos con metales pesados y otras sustancias tóxicas significa millones de metros cúbicos de agua mezclados con tóxicos vertidos al subsuelo, a los cuerpos de agua y mantos freáticos. Además, se generan residuos sólidos que en 2014 alcanzaron 10 mil 748 millones de toneladas de roca del desperdicio resultante de beneficiar oro, plata, cobre, plomo y zinc.

La estrategia ideológica y política corporativa, de la mano de instituciones estatales, promueve un discurso dominante apologético de modernización mediante el cual se encubren las acciones de agotamiento y contaminación de los recursos naturales y ecosistemas, el desplazamiento y el despojo a las comunidades locales, la criminalización de las protestas y la privatización de recursos como el agua.

Propuestas

Es fundamental que en la coyuntura electoral del presente año, los candidatos a la Presidencia de la República suscriban un compromiso para decretar la moratoria a nuevas concesiones mineras y establecer la fecha de caducidad de las concesiones otorgadas para proyectos de exploración y explotación minera en todo el territorio nacional, como lo ha hecho Costa Rica.

Promover una iniciativa ciudadana de reforma y adiciones al Artículo 27 de nuestra Constitución Política y al Artículo 6 de la Ley Minera para restablecer el carácter preferente de la soberanía nacional, el bien público y los derechos humanos sobre la minería y la extracción de hidrocarburos.

Promover una nueva Ley Minera que faculte a los estados con mayor afectación por la megaminería a establecer un impuesto ecológico que permita prever y enfrentar la huella ecológica desde el inicio de las actividades hasta el final de los proyectos, para evitar la destrucción ambiental a gran escala que la minería ha ocasionado en Sonora, Zacatecas y otras entidades.

El Congreso de la Unión y el Poder Judicial deben jugar un papel clave en la solución de más de 120 conflictos ambientales mineros activos y en la construcción de un marco normativo de verdadera regulación de la actividad minera, subordinándola a los intereses de las comunidades locales, el desarrollo sustentable y la soberanía nacional.

Se requiere que los tres poderes del Estado mexicano se comprometan a realizar estudios integrales sobre la huella ecológica de la megaminería en los estados con mayor presencia de esta actividad, considerando los impactos ambientales, los costos de remediación y prevención de daños ambientales y a la salud humana, antes de que concluya la vigencia de estos proyectos. En estos estudios debe haber participación directa de las comunidades afectadas, instituciones de educación superior, organizaciones ambientales y las instituciones estatales y federales correspondientes.

Garantizar el acceso público a la información sobre todas las acciones, impactos, ingresos, impuestos, transferencias, contrataciones, compras y concesiones que realizan las corporaciones mineras en el país.

Integrar como línea prioritaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) la investigación sobre minería, recursos naturales y desarrollo sustentable de México. Se propone que cuente con el apoyo técnico y financiero necesario, que aproveche las redes de investigadores del país y el extranjero, de la Red Global de Talentos Mexicanos en el Exterior y de las ONG reconocidas por la seriedad de sus estudios y recomendaciones a nivel nacional y mundial.

Establecer observatorios ciudadanos estatales sobre la megaminería, los recursos naturales y el desarrollo sustentable en cada estado, con el apoyo de las instituciones de educación superior y los congresos respectivos, para realizar el diagnóstico y propuestas de regulación, monitoreo y evaluación de estas actividades y el diseño de políticas postextractivista y posdesarrollistas, de acuerdo con las condiciones de cada entidad.

Garantizar que sean los municipios y las comunidades afectados por la megaminería quienes decidan el uso del impuesto minero hasta ahora aplicado unilateralmente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los gobiernos estatales, priorizando las acciones para enfrentar los impactos de la huella ecológica minera, sus afectaciones en la salud pública y las propuestas de desarrollo humano integral sustentable.

Coordinador temático:
Rodolfo García Zamora

Colaboradores:
Francisco Cravioto, Rolando Cañas,
Marisol Aburto Zepeda, Federico Guzmán López y Selene Gaspar Olvera

Correos-e: [email protected], [email protected]

comentarios de blog provistos por Disqus