Periodos, grupos, programas y acciones se han sumado en la búsqueda de soluciones favorables a uno de los grandes problemas que acompaña a la sociedad mexicana, y que por mandato constitucional, los gobiernos estatales y municipales no han podido atender con puntualidad. Esto se debe al desconocimiento de la dimensión real de los fenómenos relacionados con la basura, pues su interés estriba en mantener un estatus de reconocimiento político-ciudadano antes que priorizar aquello que es fundamental para la sociedad civil.

En este intento de atención alienada, muchos estados y municipios han optado por concesionar el servicio de recolección de residuos sólidos como una forma de atenuar el costo financiero de esta responsabilidad. Sin embargo, al final se convierte en un mecanismo que condiciona y restringe socialmente el acceso a dicho servicio, lo que legalmente contraviene el derecho de disfrute de este.

Aunado a ello, las concesiones otorgadas a empresas particulares para la prestación de dicho servicio se han viciado por interés individual o de un pequeño grupo de servidores estatales o municipales que controlan las erogaciones, ingresos y ganancias, fortaleciendo el círculo de complicidades y el enriquecimiento derivado de dicha actividad.

Esta forma de actuación sesgada y anticonstitucional no solo denigra a la sociedad, sino que deteriora la esencia de la relación del Estado con la sociedad. Como diría Engels, el Estado se convierte en una camarilla de poder que beneficia al grupo en el poder y ofende a la sociedad que, esperanzada, sigue confiando en ella.

En los últimos treinta años, no solo ha aumentado la generación de residuos sólidos, sino que se convirtió en un negocio altamente rentable, donde se mueven y están involucrados múltiples intereses. Esto ha dado ha dado pauta a la configuración de redes público-privadas muy fortalecidas, en las que se mueven organizaciones de pepenadores, transportistas, comerciantes e inspectores dirigidas por unas cuantas personas. Todo ello, propiciado por una mínima regulación gubernamental, escasa inversión estatal y municipal en tecnología de tratamiento. A ello se suma la existencia de un sistema de planeación estatal sumamente débil y escueto que, lejos de atender eficientemente dicha responsabilidad gubernamental, crea respuestas mediáticas que van paliando marginalmente el problema.

De esta manera, el asunto de los residuos sólidos y las concesiones gubernamentales para la prestación del servicio de recolección, transferencia y disposición final, induce a la economía ilegal, ya que en la cadena del reciclaje de los subproductos hay enormes sumas de impuestos que se evaden. Sin olvidar lo absurdo de estar pagando un alto precio por el tratamiento de estos, que no tienen tasa de retorno alguno (“dinero basura”), por las evasiones, la informalidad, ilegalidad y el control ejercido por el propio gobierno.

En el estado de México se desechan alrededor de 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos. De este total, el 32.6 por ciento se dispone en sitios controlados, el 31.5 por ciento en rellenos sanitarios, el 18.7 por ciento en sitios en proceso de saneamiento y el resto en tiraderos clandestinos a cielo abierto.

En los sitios de disposición final se depositan diariamente 760 toneladas aproximadamente; en los controlados 6 mil 200; en los que se encuentran en proceso de saneamiento mil 300 y en inadecuados mil 350 toneladas. Además, se estima que 2 mil 250 toneladas se disponen diariamente en tiraderos clandestinos. Un grave problema pues se trata de alrededor de 18 por ciento de la generación total de la basura de la entidad.

Esta dinámica es clara muestra de la actuación del estado mexiquense, donde los sitios controlados se convierten en los principales núcleos de negociación empresa-gobierno, y una parte importante del flujo monetario queda almacenada en las arcas privadas de los involucrados. Para justificar dicho desvío, utilizan los tiraderos a cielo abierto, cuyas repercusiones sociales, ambientales y de salud pública son más que evidentes. Así, algunos municipios (Toluca, Lerma y Ocoyoacac) erogan cerca de 30 millones de pesos anualmente en transportar y dejar la mayor parte de sus desechos en rellenos sanitarios externos.

Si a ello se le suma el arrendamiento de medios para trasladar los residuos, el monto se incrementa pues, en promedio, por cada contenedor con capacidad aproximada de 20 toneladas, se destinan alrededor de 4 mil 500 pesos, más el costo que se tiene que pagar para acceder al relleno sanitarios, algo cercano a 300 pesos por cada tonelada depositada.

A ese monto se debe agregar el costo de mantenimiento de las unidades vehiculares empleadas para tal fin. A manera de ejemplo, en el municipio de Toluca, que se tienen registradas alrededor de 115 unidades, se estima que en promedio el gobierno local invierte diariamente 250 pesos en mantenimiento de cada vehículo. Esto significa un costo de 28 mil 750 pesos por día, equivalente a 862 mil 500 pesos mensuales.

Por lo tanto, el gobierno municipal gasta cada día por concepto de recolección, transferencia y disposición final de residuos sólidos un poco más de 295 mil pesos. Esto equivale a 406 pesos por tonelada y 8 millones 854 mil pesos cada mes.

Estos valores no solo reflejan el gasto que tienen que enfrentar los municipios mexiquenses por la prestación de este servicio, sino que es la principal razón por la que cada vez más empresas y redes sociales se involucran en esta actividad, que han encontrado en el mercado chino un espacio de alta rentabilidad financiera para la comercialización e industrialización de los residuos sólidos inorgánicos. Esta es una de las principales fuentes de riqueza para los grupos involucrados que ostentan el poder económico y gubernamental.

Esta complejidad provoca que alcanzar los objetivos municipales en la materia de recolección y procesamiento de los residuos sólidos se vean limitados. Incluso, la aplicación de los recursos financieros se llega a considerar ineficiente al no solucionar el problema, que se origina en la baja sustentabilidad administrativa y financiera del gobierno local.

También es claro que no solo la autoridad es responsable de este servicio. Se trata de una obligación compartida con la sociedad. Por ahí la importancia de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental. Así, la ciudadanía estaría más consciente del costo de los servicios y de la responsabilidad que tiene de no generar más desechos. Y de hacerlo, realizar dicha tarea en forma consciente, a fin de no contaminar el ambiente ni crear problemas de salud pública. Se trata de una tarea que está muy lejos de lograrse no solamente en el estado de México sino en el resto del país. No hay que olvidar que generar basura representa un alto costo en cuanto a recursos naturales y humanos.

David Iglesias Piña
Investigador del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable, UAEMéx

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