El 1 de julio, el pueblo mexicano despertó dispuesto a entrar de lleno en el siglo XXI, lo que incluye que aprenderemos a vivir en armonía con la naturaleza y sus límites. Uno de los principales indicadores inmediatos del ritmo de avance nacional será cómo abrimos las puertas a la participación ciudadana para contribuir a la solución de las crisis del agua.

Lograrlo exige superar los atavismos de un modelo fallido. Hace ya casi 30 años, tan pronto estrenó su administración Carlos Salinas de Gortari, implantó una autoridad del agua a la medida de las necesidades norteamericanas: con la tarea de elaborar una Ley de Aguas Nacionales (LAN) y establecer un sistema único de concesiones; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cumplió fielmente algunas precondiciones para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Anclada en dicha ley, la Conagua opera como autoridad única, sin vigilancia ni contrapesos, para facilitar la dotación de aguas nacionales a grandes corporativos o usarlas como botín político. Opera bajo un modelo de agua para el lucro.

Siguió lloviendo sobre mojado y la reforma a la LAN en 2004 admitió concesionar megaobras hidráulicas a intereses privados, sin licitación ni límites presupuestales, garantizando la recuperación de “utilidades futuras”. Bajo la LAN han hecho crisis ocho grandes problemas: distribución inequitativa; daño a los ecosistemas; pérdida de soberanía alimentaria; contaminación; vulnerabilidad a sequías e inundaciones; privatización; corrupción e impunidad, y apogeo de megaproyectos, negando el derecho humano al agua a la ciudadanía y a comunidades enteras.

La inequidad del agua se ha disparado. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 44 millones de mexicanos no tienen acceso diario al agua y 8.5 millones no tienen conexión alguna, pues los servicios de agua potable han priorizado el abasto a zonas industriales y áreas de extracción, dejando a las comunidades sin el acceso o con “tandeos” (dotación pocas horas a la semana). No es un problema de escasez, sino de una gestión que favorece a los grandes negocios. El discurso oficial plantea: para superar la escasez hay que privatizar.

Nuestro país tiene importantes cuerpos de agua superficiales y subterráneos que han sufrido agudo deterioro debido a megaproyectos, como trasvases y acueductos, grandes presas y pozos ultraprofundos. Las obras al servicio de grandes intereses tienen una visión “tubera” para solucionar, no la demanda de las poblaciones, sino las necesidades de los sectores productivos y energéticos, en territorios donde las comunidades no han sido consultadas.

Solo tres ejemplos: el acueducto Independencia, que despoja de las aguas del río Sonora a la tribu yaqui en Sonora; el proyecto Monterrey VI, que planea recorrer 372 km para trasvasar agua de la cuenca del Pánuco a Veracruz para el uso del fracking y fue suspendido después de una amplia campaña; los pozos ultraprofundos que actualmente se están horadando en el oriente de la Ciudad de México, que penetran 2 mil metros logrando escasos volúmenes de agua y provocando subsidencia del suelo y agrietamientos; al encontrarse en zona sísmica, los efectos sobre la vivienda y la infraestructura son aun más graves.

En Iztapalapa, a la irresponsabilidad técnica se suma el insulto cultural: el quinto proyecto de pozo ultraprofundo, anunciado recientemente por Peña Nieto amenaza al cerro de la Estrella, cuna y sitio sagrado de la Ciudad de México.

Cientos de concesiones mineras acaparan el agua para implementar proyectos que envenenan la tierra, los ríos, los acuíferos y afectan a las comunidades con impunidad como pasa en el río Sonora. En Sinaloa se lucha contra la amenaza de metales pesados producto de la minería, cultivos y granjas camaroneras. A esto se añaden los proyectos de la fractura hidráulica o fracking en Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y la Huasteca potosina, que provocarían costos socioambientales y daños a la salud pública irreparables. Por ello los llamamos “proyectos de muerte”.

La contaminación del agua pone en riesgo nuestro futuro. Esta es provocada por descargas industriales, filtraciones debidas a la fractura de la tubería, largos trasvases, lixiviados provenientes de los rellenos sanitarios y otras fuentes. La opacidad de las autoridades del agua obstaculiza obtener la información sobre la presencia de virus, bacterias y parásitos así como altas concentraciones de elementos químicos nocivos para la salud, que son bioacumulativos. El agua fósil extraída de profundidades cada vez mayores es difícil de potabilizar debido a la contaminación de metales pesados (plomo, mercurio, flúor y arsénico). Asimismo, la sobreexplotación de acuíferos en las costas causa la intrusión de agua salina.

En Guerrero, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) lucha desde 1994 contra la presa de La Parota; en Jalisco, el movimiento iniciado en 2003 logró la cancelación de la presa Arcediano; asimismo se ha dado una continua movilización contra la presa Zapotillo y la presa La Yesca. En Nayarit, un amplio frente combate el proyecto de la presa Las Cruces, actualmente suspendido. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (Mapder) pugna con 122 propuestas de presas tan solo en Veracruz, donde se ve la mano de Odebrecht.

La privatización de los servicios del agua

En sentido contrario al resto del mundo, donde más de 235 ciudades han remunicipalizado el agua, México pretende avanzar en la privatización de los servicios de agua. Una de las primeras ciudades en privatizar el agua fue Saltillo, en Coahuila, donde desde el 2001 la empresa Aguas de Saltillo, controlada por Aguas de Barcelona-Suez, ha aumentado las tarifas en un 800 por ciento.

En Puebla se privatizó el servicio a favor de las empresas Agua de México, Ecpor, Ticsa y el fideicomiso bancario de Grupo Hermes, con lo que las tarifas incrementaron un 300 por ciento, afectando a los sectores más pobres. Aguascalientes, Cancún y el Puerto de Veracruz se suman a la lista de lugares cuya gestión del agua ha sido privatizada. Ante estos hechos, muchas personas organizadas hacen frente, informando, concientizando, contraproponiendo y actuando.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se bloqueó el intento de pasar el servicio a una empresa privada y en la Ciudad de México se ha mantenido a raya el ánimo privatizador de las autoridades.

En resumen, el modelo de gestión dominante trata al agua como un recurso geoestratégico, no como un bien común o un derecho humano. No es sustentable y no ha respondido a las necesidades sociales, niega la participación ciudadana y, en cambio, asedia, asesina y reprime a quienes se oponen. Luchar por el agua puede costar la vida o la libertad, como lo demuestran docenas de casos documentados en todos los rincones de la patria.

La Ley General de Agua Ciudadana (LGAC)

El 8 de febrero de 2012 se publicó la reforma constitucional al Artículo 4º reconociendo el derecho humano al agua y saneamiento, y dando 360 días de plazo para emitir una Ley General de Aguas^*. Esta mandata cambiar el ADN del manejo hídrico en México para que se centre en derechos y no en los mandatos del mercado. Dio un plazo de un año para reemplazar la LAN con una Ley General del Agua que sentaría las bases para lograr el acceso sustentable y equitativo al agua a través de la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno.

A cinco años de incumplimiento legislativo se requiere que el nuevo Congreso de la Unión apruebe una nueva Ley General de Aguas centrada en la necesidad de garantizar agua de calidad para las actuales y futuras generaciones.

Para ello hace falta cambiar de un modelo de gestión extractivista, privatizante y autoritaria del agua, para lograr un paradigma de gestión democrática, sustentable y equitativa, arraigada en el territorio y gestionada en una lógica de cuenca. Ello obliga a respetar la primacía de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos indígenas, establecidos en reformas constitucionales posteriores a la LAN.

A lo largo y ancho de nuestro país emerge la visión de este nuevo modelo de gestión del líquido vital, que oriente la ley de aguas que México necesita y que la Constitución exige. Este proceso ha permitido construir la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, formada por pueblos originarios, universitarios, campesinos, sindicatos, comisiones de cuenca, organizaciones cívicas, comunidades eclesiales de base y artistas de todos los rincones del país. De modo incluyente se ha vinculado a otros esfuerzos para consensuar estrategias y acciones para avanzar hacia el buen gobierno del agua, impulsando la aprobación de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA) e iniciando el proceso de construcción de las instancias previstas en ella.

Se debaten ya un futuro diseño institucional de gestión hídrica: 28 consejos de aguas y cuencas conformados por representantes de comisiones de cuenca y asambleas por sistema de manejo o sector, conformadas por ciudadanos, pueblos indígenas y funcionarios de los tres niveles de gobierno, los cuales aprobarían planes vinculantes que permitan revertir el despojo y el acaparamiento, la sobreexplotación y la contaminación, la corrupción y la impunidad, tristes legados de la LAN y la Conagua.

Este nuevo marco legal e institucional permitirá garantizar un derecho “llave” que es condición para el cumplimiento de otros derechos vitales: a la salud, a la alimentación, al medio ambiente.

Las tareas de planeación y monitoreo serían realizadas por los consejos de aguas y cuencas en relación estrecha con las universidades y centros de investigación locales y de las distintas regiones hidrológicas. Urge transparentar la información sobre al agua, desde esta dinámica se integraría un sistema de información hidrológico.

Se priorizarían recursos públicos para obras locales consensuadas. Se reconocerían contralorías sociales autoorganizadas, así como una defensoría del agua y ambiente como garantes frente a cualquier posible abuso, así como un fondo nacional por el derecho al agua y saneamiento con fondos federales directamente para obras en comunidades sin servicios. Para superar las debilidades de los manifiestos de impacto ambiental se proponen dictámenes de impacto socio-hídrico-ambiental, emitidos por los consejos de aguas y cuencas para garantizar proyectos consensuados en una lógica sustentable y evitar cualquier otro que pudiera vulnerar el derecho humano al agua.

La Ley General de Aguas que México necesita deberá reconocer al vital líquido como un bien común y servir de escudo contra megaobras privatizantes, así como contribuir a su gestión hídrica sustentable y al cambio democrático.

*Artículo 4º. “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídrico estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 3er Transitorio. El Congreso de la Unión contara con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas.

 

Pedro Moctezuma Barragán

Coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad
Autónoma Metropolitana

Correo-e: [email protected]