Nunca, nadie ha bebido petróleo o se ha alimentado de carbón. Lo que le da energía al ser humano son el agua y los alimentos, y desde esa perspectiva, la agricultura es la actividad de mayor utilidad pública e interés social, en el uso del suelo, del agua, del aire y del sol, y de la biodiversidad. Es la producción de alimentos, sobre cualquier otra, la que debe tener preferencia.

Si en la cuarta transformación de la vida pública pretendemos recuperar nuestra soberanía y autosuficiencia alimentaria se debe hacer una reforma constitucional que reconozca esta preponderancia de la producción nacional de alimentos, sobre cualquier otra actividad cuando de usar los recursos naturales se trate.

Ante los embates de las empresas, la sociedad desde hace ya varios años ha tratado de sembrar y regar con movilización, propuestas, lucha, defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y con concientización, la necesidad de tener y aprobar una Ley Ciudadana de Aguas, que no dependa de las aberraciones y malos manejos de un órgano central que desconoce la realidad de las diversas zonas productivas del país, una ley que en vez de generar “bancos de agua”, atienda el derecho humano a este líquido para todos.

Diversas organizaciones, movimientos, academias y ciudadan@s hemos tratado de sumar esfuerzos y tener una ley de aguas que refleje lo que México vivió el pasado 1 de julio.

En el caso del sector campesino la nueva Ley General de Aguas debe considerar:

• La desaparición de la Conagua y la creación de órganos democráticos y participativos por cuenca y subcuenca, donde los “derechosos” y no los “usuarios” decidan el uso del agua, desde los cuales se pueda decidir destinar el agua a la producción sustentable de alimentos y no a megaproyectos contaminantes, conforme a lo que establece el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
• El reconocimiento de los cupos de aguas de ejidos y comunidades indígenas otorgados por resoluciones presidenciales, sin necesidad de volver a realizar trámites burocráticos que tienen como finalidad disponer del recurso para la privatización.
• La desprivatización de las zonas de riego en el país, lo cual permitiría generar una mayor producción social de alimentos.
• La desaparición de los “módulos de riego” figura que ha permitido la venta de agua de manera ilegal. La revisión y reordenamiento de los volúmenes de agua, así como una auditoría de quienes son actualmente los principales concesionarios.
• La prohibición explícita de el uso de agua para técnicas extractivas como el fracking y la minería irresponsable.
• El reordenamiento de los cupos y proyectos hídricos a favor de la producción para el consumo nacional de alimentos, no como sucede hoy en muchos estados, donde se beneficia a empresas que exportan el agua en forma de berries y hortalizas.
• Tener una herramienta legal que permita frenar los megraproyectos que llegan a secar comunidades y regiones y afectan profundamente el tejido social.
• Conservar limpios y vivos nuestros cuerpos de agua, cumplir el derecho humano y producir alimentos nutritivos, suficientes y de calidad.

Este es el mejor momento para promover una Ley de Aguas ciudadana que invite a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia del vital líquido, pues hemos decidido recuperar la soberanía nacional, generar un cambio real, propio y sin paternalismos, a ras del suelo.

Max Correa

Central Campesina Cardenista

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