Estas son las 13 propuestas más importantes que plantea la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas:

• Reemplazar la autoridad única de la Conagua, con consejos de aguas y cuencas, compuestos por ciudadanos y pueblos representantes de sistemas de manejo que tengan un enfoque de derechos humanos.
• Reconocer los derechos de los pueblos indígenas a las aguas en sus territorios.
• Avanzar hacia “el acceso equitativo y sustentable” al agua exigido por la Constitución, reduciendo progresivamente los volúmenes utilizados por los principales concesionarios de cada cuenca y región.
• Incorporar los dictámenes sociohídricos, que serán elaborados por los consejos, como condición previa a la autorización de cualquier obra o actividad que requeriría de una manifestación de impacto ambiental, a fin de demostrar que no pondría en riesgo el derecho al agua de los habitantes.
• Prohibir el uso del agua para la minería tóxica y el fracking.
• Cuenca por cuenca se tomarán las acciones necesarias para poner fin a la contaminación; entre ellas: reciclaje, descarga cero de vertidos tóxicos y producción agrícola solo con sustancias biodegradables.
• Acceso equitativo en las ciudades, prioritariamente para uso personal, doméstico y los servicios públicos.
• Recursos públicos solo para obras, principalmente locales consensuadas previamente.
• Eliminar el lucro y la intervención privada en la gestión del agua.
• Incluir un área jurídica en el Consejo Nacional de Aguas y Cuencas, a fin de tomar acciones contra los grandes contaminadores.
• Garantizar que la Contraloría Social del Agua y la Defensoría del Agua y Ambiente también tengan la capacidad de tomar acciones también contra funcionarios cuyas acciones u omisiones resulten en violaciones a los derechos al agua.
• Dictaminar como cuencas bajo extremo estrés hídrico a aquellas que estén sobreexplotadas, presenten inundaciones crónicas, contaminación, cuyas poblaciones no tengan acceso continuo. Esta clasificación implica que no se autoricen grandes proyectos de urbanización en esas cuencas en tanto no se resuelva su crisis hídrica.
• Incrementar el presupuesto para la gestión hídrica y destinarlo principalmente a obras locales de agua y saneamiento consensuadas previamente. La ONU recomienda que los gobiernos destinen un mínimo de 0.5 por ciento de su producto interno bruto en obras de agua y saneamiento. En México, este porcentaje equivale a 90 mil millones de pesos.

Sin embargo, el presupuesto de egresos de la federación (PEF) para 2018 solo asignó 3.4 mil millones de pesos, un recorte drástico, pues en el PEF 2016 el monto era de 14.4 mil millones de pesos.