Deseamos agradecer el apoyo que para esta edición
brindaron Cecilia Navarro, David Barkin, Elena Burns y Pedro Moctezuma.

Ante la ausencia de una ley y de una institucionalidad que garanticen el acceso equitativo y sustentable al agua, los pueblos originarios, las comunidades campesinas y las organizaciones sociales se encuentran en la primera línea de defensa de este bien común fundamental.

En este número de La Jornada Ecológica varios especialistas y líderes sociales examinan los procesos organizativos estratégicos que están enfrentando los límites de un modelo extractivista y mercantilizado bajo crecientes presiones por parte de fuerzas externas. Ante la negligencia y/o complicidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con ese modelo, los autores de los textos que aquí se incluyen siembran las semillas del buen gobierno del agua.

Así, Iván Martínez describe cómo Estados Unidos busca quedarse con cada vez mayores volúmenes de agua del río Colorado, a la vez que la cervecera Constellation Brands intenta garantizar su acceso a las prístinas aguas subterráneas en esta zona de extremo estrés hídrico, cuyas temperaturas alcanzan 50 ºC. Organizaciones como Mexicali Resiste y el Comité por la Defensa del Agua de Baja California libran una intensa lucha por la soberanía hídrica, frente al entreguismo del gobierno mexicano. La lucha por el agua del pueblo cucapah, cuyos territorios atraviesan y desconocen la frontera norte, nos enseña que los pueblos originarios son primeros en derecho, lo que da fundamento a las luchas por la autodeterminación hídrica.

Rosa Esther Peña y Rogel de la Rosa, de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, relatan cómo los pueblos teneek, totonaka y nahua iniciaron hace cinco años un proceso de talleres para comprender qué es la fracturación hidráulica que las empresas transnacionales pretendían realizar en sus territorios.

Nos explican cómo estudiaron instrumentos para la defensa de sus derechos como pueblos originarios; cómo sus hermanos en Papantla les han enseñado a reconocer y frenar las primeras actividades de prospección.

Nos describen estrategias preventivas como la toma de acuerdos vinculantes en sus asambleas ejidales, comunales y en sus cabildos para prohibir el extractivismo, y relatan cómo participan los pueblos para lograr que leyes y actos del Ejecutivo prohíban el fracking en el país.

El artículo de Ricardo Ovando nos acerca a los elementos básicos del buen gobierno del agua, los sistemas comunitarios que han construido y financiado los propios usuarios en zonas que no han tenido acceso a recursos públicos.

Vemos aquí cómo la construcción de capacidades técnicas, organizativas y administrativas por parte de estos sistemas permite que la comunidad cuente con una importante institución propia para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua, así como para defender sus derechos al territorio.

Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, nos presenta un caso emblemático del tremendo costo que pagan los pueblos originarios por el mal gobierno del agua. En Tlanixco, estado de México, el pueblo originario adquirió de la Conagua una concesión para respaldar su derecho a las aguas en su territorio.

Cuando la Conagua dio una concesión cinco veces mayor sobre el mismo río a una empresa extranjera de floricultores, el pueblo se quedó sin acceso al líquido. Debido a un proceso judicial racista y políticamente motivado, seis integrantes del comité de negociación de Tlanixco con la Conagua están actualmente cumpliendo sentencias de 50 años de prisión. Una amplia y creciente coalición de pueblos y organizaciones exige su liberación junto con el respeto absoluto del derecho de este pueblo a sus aguas.

José Luis García Bello nos cuenta cómo el gobierno de la ciudad de Puebla firmó a espaldas de la ciudadanía en 2014 una concesión de 30 años para operar las aguas municipales, cuyos términos y condiciones no están disponibles ni siquiera para el nuevo gobierno municipal.

En este contexto se organizó la Asamblea Social por el Agua en esa ciudad, debido a las afectaciones de los usuarios por las altas cuotas y tarifas, los cortes injustificados, la falta de inversión y el mal servicio. Hoy buscan lograr la desprivatización y democratización de su sistema, meta que ya se ha logrado en Buenos Aires, Montevideo, Cochabamba, París, Berlín, Jakarta, Atlanta, Houston y otras 258 ciudades del mundo.

Las investigadoras Adriana Álvarez y Alicia Ravelo nos alertan por los impactos de la extracción de arena y grava de los lechos de los ríos. La actual Ley de Aguas Nacionales somete a las aguas nacionales a un proceso de mercantilización y permite la concesión de materiales pétreos de los cauces, así como de las zonas federales, lo cual ha permitido la ocupación de zonas vitales para el buen funcionamiento de las cuencas. Al arrojar luz sobre estas dinámicas privatizantes de los bienes nacionales, nos muestran temas que deberán superarse al democratizar la gestión del agua y las cuencas a través de la futura ley general de aguas.

Raúl Pineda describe la creación de una red para el buen gobierno del agua en la que universidades y centros públicos de investigación generen conocimientos para la mejor toma de decisiones. Y María Luisa Torregarosa y Karina Kloster hablan sobre la necesidad de democratizar la gestión del agua en el país y cómo este proceso se está abriendo paso a pesar de la estructura vertical y opaca que actualmente toma las decisiones en el tema.

Finalmente se presenta la declaratoria del Tribunal Latinoamericano del Agua, realizado en Guadalajara del 22 al 26 de octubre pasado. En este documento se observa que no solo en México, sino Argentina, Guatemala y Colombia, los pueblos y comunidades están tejiendo relaciones y expresándose a través de este tribunal ético, frente a gobiernos que solapan a la violación de sus derechos por empresas transnacionales mientras que reprimen violentamente a los pueblos que buscan defender estos mismos derechos.

Esperamos que estos textos contribuyan a que los lectores conozcan más sobre un recurso fundamental para el desarrollo del país.