Nunca como ahora la lucha en defensa del territorio se ha vuelto crucial en la Huasteca potosina. En sigilo se han ido introduciendo megaproyectos que, de continuar, terminarán por devastar esta maravillosa región de los pueblos milenarios teenek, náhuatl y xi’oi, la cual además alberga una rica biodiversidad.

Desde hace aproximadamente 20 años se introdujeron dos termoeléctricas: una en Tamuín y otra en Tamazunchale. Esta última de ciclo combinado, de la empresa española Iberdrola, se abastece de gas natural trasportado por el gasoducto Texas-Tuxpan. Dichos proyectos han traído contaminación de agua, aire y tierra y enfermedades entre los lugareños que habitan esas zonas.

Desde la termoeléctrica de Tamazunchale, ubicado en el ejido de Cuixcuatitla, la empresa Enercitro, mediante múltiples argucias y presiones de todo tipo hacia los comisariados ejidales y ejidatarios, amplió un ramal atravesando comunidades indígenas náhuatl de los municipios de Matlapa y Axtla de Terrazas. Sin embargo, gracias a un juicio de amparo, la comunidad indígena de Chalchitépetl, Matlapa, logró que un juez de distrito ordenara la suspensión definitiva de la obra.

Dichos megaproyectos se han ido introduciendo en total opacidad sin autorización de las comunidades afectadas y violentando el derecho a la consulta previa, libre e informada.

En esa dinámica se encuentran otros megaproyectos que, por ahora, solo están en ciernes o bien suspendidos temporalmente. Son los casos del trasvase de aguas de la cuenca hidrológica del río Pánuco a Monterrey (acueducto Monterrey VI) a razón de 15 m³ por segundo y a la ciudad capital de San Luis Potosí con 5 m³ por segundo. Y no es porque en esas zonas los acuíferos no tengan capacidad para abastecer las necesidades de sus habitantes y otras actividades, sino porque los volúmenes de agua provenientes de los trasvases generan grandes negocios, así como el uso indiscriminado para la industria y la fracturación hidraúlica (fracking).

Otras obras en proyecto son el represamiento del río Coy, que afectaría cerca de 18 mil hectáreas de decenas de comunidades indígenas de los municipios de Ciudad Valles, Aquismón y Tanlajás. Igual, la construcción de dos termoeléctricas más sobre el río Moctezuma en el municipio de Tamazunchale, y la supercarretera Ciudad Valles-Tamazunchale.

A excepción del pretendido trasvase de aguas de la cuenca del Pánuco a la capital de San Luis Potosí, todos los demás megaproyectos están asociados a la industria energética y particularmente a la extracción de gas y petróleo mediante la devastadora técnica del fracking.

Acueducto Monterrey VI, termoeléctricas, gasoductos, represamiento del río Coy y supercarretera Ciudad Valles-Tamazunchale son megaproyectos asociados al plan de extracción de gas y petróleo mediante fracturación hidráulica.

En términos de las decisiones legislativas y administrativas del régimen que acaba de concluir, todo se ha orientado al despojo de los bienes naturales de los pueblos y de la riqueza del subsuelo. En ese marco se encuentran la reforma energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, el Plan Quinquenal para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019; el proceso de licitaciones de bloques petroleros, los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales; y los decretos presidenciales para levantamiento de vedas de 300 cuencas hidrológicas.

La reforma energética y el fracking vinieron a detonar el movimiento en defensa del territorio, el agua y la vida en la Huasteca potosina.

El contenido privatizador de la reforma energética; la legalización del despojo de la tierra, del agua y de los recursos del subsuelo contenida en las leyes secundarias, y la inclusión de 3 mil 820 km² (382 mil hectáreas) del territorio de la Huasteca potosina en el Plan quinquenal para la explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales y no convencionales, prendieron los focos rojos en la región.

Irremediablemente, estas decisiones que pasaban por encima del derecho a la consulta de las comunidades y pueblos originarios serían vistas por los mismos como una especie de declaración de guerra.

El agua, vital para la población huasteca y las comunidades indígenas, estaría siendo usada como materia prima para las operaciones del fracking, técnica que implica su uso en cantidades exorbitantes en conjunción con grandes volúmenes de venenos o químicos altamente dañinos para la salud.

En esta nueva situación, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, AC (COCIHP) y otros organismos sociales de la región enfocan su actividad principal en la defensa del territorio, lo que implica prohibir el fracking y todos los megaproyectos que sin consentimiento social están proyectados para la región. Y en ese camino se van sumando otras organizaciones y creando nuevas formas de organización social para proteger la tierra, el territorio y el agua. En suma: para proteger la vida.

En la tarea impostergable de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la defensa del territorio, han colaborado especialistas de la Alianza Mexicana Contra el Fracking; la Red Agua para Tod@s, Agua para la Vida; el Colegio de San Luis; la Universidad Autónoma de Chapingo y otros organismos de la sociedad civil, participando y organizando decenas de foros, asambleas comunitarias y encuentros regionales.

El resultado: la mayoría de comunidades ha levantado actas de asamblea para prohibir el fracking y proyectos energéticos y otros proyectos lesivos para los derechos humanos, los derechos de las comunidades y pueblos originarios y el medio ambiente.

En el mismo sentido, los ayuntamientos de Xilitla, Tanlajás, San Antonio, Tancanhuitz, Ébano, Tamuín, Tanquián, Ciudad Valles y Tamazunchale han acordado en sesión de cabildo no autorizar uso de suelo o cambio de uso de suelo para proyectos de hidrocarburos y declarar a su municipio libre de fracking. Asimismo, decidieron no autorizar concesiones de agua con fines de lucro.

Por lo demás, en representación del movimiento, varios ciudadanos interpusieron un amparo contra los 10 decretos de levantamiento de vedas de los ríos que el gobierno de Peña Nieto publicó recientemente.

Estamos cerrando filas. El 1 de julio la gente se rebeló contra la reforma energética y el modelo depredador. Hoy impulsaremos la iniciativa ciudadana de ley general de aguas a nivel federal en la que se haga explícita la prohibición de uso del agua para fracking y otros proyectos devastadores de la vida. Esta iniciativa la impulsaremos también en el Congreso local de San Luis Potosí.

Sellamos estos compromisos para la vida de las futuras generaciones en el IV Encuentro de autoridades comunitarias y organizaciones de la Huasteca potosina, que se llevó a cabo el 25 de agosto en el Ejido de Chimalaco, municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.

Rogel del Rosal Valladares
y Rosa Esther Peña Soto
Asesores de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas
de la Huasteca Potosina, AC
Correo-e: [email protected]