En 2012, en el marco de intensas movilizaciones para enfrentar la amenaza de la privatización del agua en el estado de Puebla, surge la Asamblea Social del Agua (ASA), ante la inminente promulgación de la privatizante, inconstitucional e inconvencional Ley del Agua de la entidad, que violentaba el derecho humano al agua y saneamiento (DHAS). La amenaza se materializa con la aprobación de los diputados de todos los partidos que en ese momento integraban el congreso local. Hubo una posterior reforma en septiembre de 2013 en medio de más movilizaciones en la capital del estado, con la consecuente generación de estrategias jurídicas y organizativas de la ASA para combatir los efectos de la ilegítima ley, que permite y promueve la privatización bajo el eufemístico término de “concesión”.

Esta legislación les dio a los ayuntamientos de los 25 municipios más poblados del estado vía libre para entregar a empresas privadas el servicio del agua en todas sus modalidades: operativas, dispositivas y sobre todo comerciales. Esto lo aprovechó el municipio de Puebla en mayo de 2014 en sus áreas conurbadas –con una población que supera los dos millones de habitantes– para, después de un oscuro proceso de licitación (cuya información está reservada por “motivos de seguridad”) y una amañada sesión de cabildo, entregar íntegro el servicio del agua a la empresa Concesiones Integrales SA de CV. Se trata de un ente conformado por empresas ligadas a Carlos Hank y el grupo Monex. Ello permitió aumentos en el cobro del agua de más del 500 por ciento, al tiempo que empiezan a llegar facturas por supuestos adeudos anteriores de cifras exorbitantes, seguidos de inconstitucionales cortes de agua y drenaje, autorizados por la ilegítima Ley del Agua del 2012.

Ante estos atropellos, los abogados de la ASA interponen cerca de 200 amparos documentando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley privatizadora, de los cuales queda un amparo pendiente en la Suprema Corte. En la siguiente fase de la estrategia jurídica interponen también alrededor de 200 amparos que han tenido un desigual trato por parte de los jueces de los diversos juzgados, en donde se apela al DHAS como argumento para enfrentar los cobros, los cortes de servicio de agua y drenaje.

Asimismo, en 2016 comenzó la elaboración de una iniciativa ciudadana estatal de ley del agua (ICELA), que se ha compartido con las diversas organizaciones sociales, poblaciones y comunidades del estado, cuyos objetivos son:

• Que se considere el derecho humano al agua en la Constitución del estado de Puebla, objetivo que se cumplió en enero de 2017, cuando se reformó la constitución estatal asumiendo este DHAS en el Artículo 12.
• Lograr la aprobación de la ICELA para abrogar con ella la inconstitucional ley actual y propiciar el buen gobierno del agua, recuperar el papel del municipio en el espíritu del Artículo 115 de la Constitución General; con el reconocimiento de usos y costumbres de las comunidades indígenas; con transparencia y rendición de cuentas; con la participación amplia y vinculatoria de todos los sectores de la sociedad. Todo ello, con el fin de lograr la protección y regeneración de cuerpos hídricos afectados, así como la prohibición del uso del agua en proyectos de muerte: fracking y minería tóxica.
• Recuperar las contribuciones justas y equitativas (Art. 31 Fracc. IV CPEUM) por el servicio (eliminando el concepto tarifa) y evitar los inconstitucionales e injustos cortes de agua y drenaje.
• Lograr la máxima protección al Derecho Humano al Agua y Saneamiento, de acuerdo con los principios de progresividad y pro-persona.

Para lograr lo anterior, la ASA integró cinco comisiones: comunicación, enlace con organizaciones, jurídica, legislativa y finanzas, para asegurar el cumplimiento de sus funciones, actuando en orden a cinco acciones:

1) Participar

2) Informar

3) Organizar

4) Movilizar

5) Multiplicar

Desde septiembre de 2013, nos reunimos semanalmente, realizamos asambleas y reuniones en las colonias y barrios donde nos convoquen, impulsamos la formación de comités ciudadanos en defensa del Derecho Humano al Agua. Y desde el 2014 formamos parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos.

Mucho se ha avanzado en el objetivo de revertir la privatización del agua en Puebla. Para ello se han organizado múltiples foros. El último contó con la presencia de la candidata triunfante a la presidencia municipal de Puebla capital, quien ratificó en todos sus términos la ICELA, asumiendo el compromiso de la remunicipalización del agua en la ciudad.

De la misma manera, legisladores electos federales y estatales han manifestado su intención de impulsar una ley del agua que “garantice los derechos humanos relacionados con el agua”, por lo que se abre un panorama proclive al impulso de las iniciativas de Ley del Agua nacional y estatal, que se fundan en los mismos principios y comparten similares visiones, acordes con el Artículo 4º de la Constitución. En él se señala que:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Para lograrlo es necesaria la participación armónica y colegiada de federación, estados, municipios y, sobre todo, la población, instaurando los consejos y contralorías ciudadanas, a fin de que se conviertan en eficientes guardianes del preciado líquido, derecho humano clave y fundamental.

Con esa visión final, la Asamblea Social del Agua y organizaciones afines estaremos luchando y aportando el conocimiento, esfuerzo y participación a fin de lograr que tan vital recurso se utilice de manera justa y sostenible.

José Luis García Bello
Correo-e: [email protected]