No hay justicia social sin justicia hídrica — ecologica
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No hay justicia social sin justicia hídrica

En el marco de la XII Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, realizada del 22 al 26 de octubre pasado, organizaciones y comunidades de todo el país presentaron un manifiesto en el que subrayan que:

  • En los territorios de los pueblos y comunidades indígenas, campesinos y urbanos de nuestro continente atravesamos hoy agudas crisis ambientales, hídricas, sociales, económicas, culturales y de justicia.
  • Estas crisis son ocasionadas por la aplicación indiscriminada de políticas neoliberales; tratados de libre comercio y sus respectivas cláusulas de protección de inversiones, de apertura total, preferente y desregulada a las inversiones extranjeras; de especulación inmobiliaria y de promoción de despojos y destrucción de nuestras tierras, aguas, biodiversidad, semillas, saberes y derechos. Todo lo anterior para dar paso a proyectos extractivos mineros y energéticos, de construcción de presas, carreteras o aeropuertos; siembra de monocultivos agroindustriales y transgénicos, y la instalación de fábricas depredadoras y contaminantes, pertenecientes a empresas transnacionales.
  • En la agudización de estas crisis, los gobiernos de nuestros países desempeñan un papel central, porque el despojo de nuestros territorios es facilitado por la adecuación que nuestras autoridades han hecho de las leyes, reglamentos, normas y regulaciones para que, en vez de proteger los ecosistemas, la flora y fauna, ríos y bosques, los derechos humanos y los de los pueblos indígenas y originarios, beneficien los intereses de las empresas que los codician para hacer negocios.
  • Consideramos que es sumamente grave que, en los casos presentados por varias de nuestras organizaciones en la Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, se exhiban repetidas conductas oficiales que omiten el cumplimiento de las leyes ambientales y de garantía del derecho a la salud. Como en los casos relativos a los daños ambientales y sociales en el lago de Chapala, en Jalisco; en la cuenca del río Sonora, por el criminal derrame provocado por la negligencia de la empresa Buenavista del Cobre. Así como el de la cuenca Atoyac-Zahuapan, y que en otros predominen la opacidad y la corrupción de las autoridades para facilitar los despojos de aguas. Como ocurre en los casos de la represa Portezuelo del Viento, en Mendoza, Argentina, del proyecto de construcción del megacolector en torno al lago de Atitlán, en Guatemala; que el Estado aplique acciones de persecución y criminalización de las y los defensores del agua y el territorio. Así ocurre en los casos de la represa Hidroituango, en el departamento de Antioquia, en Colombia, y en los del lago de Atitlán y del cerro de las Granadillas, en Guatemala. También resultan graves las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de los valles centrales de Oaxaca, al impedírseles acceder al agua, mientras se otorgan concesiones automáticas a las depredadoras empresas mineras canadienses, como Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso.
  • El Tribunal Latinoamericano del Agua nos permite denunciar la conducta violatoria de derechos de varios gobiernos federales, estatales y municipales de cuatro países latinoamericanos: Argentina, Colombia, Guatemala y México, así como el de numerosas empresas privadas, nacionales y transnacionales que se benefician del despojo de nuestras aguas; que transfieren a nuestras comunidades la contaminación que nos enferma y mata y que nos pone en riesgo de desaparecer por carencia absoluta de agua o un desastre provocado por la inexistencia de medidas de regulación, prevención y vigilancia del cumplimiento de las leyes y normas ambientales.
  • Por todos los casos presentados en esta audiencia, reivindicamos nuestro derecho a la autodeterminación, violentado y socavado por todos los niveles de gobierno de nuestros respectivos países. Pero que, como se demostró en esta jornada, se hace necesario rescatar frente a las actitudes omisas y negligentes que en nada abonan para hacer frente a las crisis hídricas en nuestros pueblos. Por tanto, consideramos imprescindible compartir nuestras luchas, esperanzas, denuncias y exigencias. No solo con los miembros del Tribunal, sino con otras luchas que pelean por sus comunidades, pueblos, agua, territorio y la vida como parte fundamental del derecho a la autodeterminación.
  • Manifestamos nuestro más sincero agradecimiento al Tribunal Latinoamericano del Agua por el esfuerzo y compromiso que caracterizan a los miembros del Tribunal y el Jurado, quienes se han distinguido por su seriedad, imparcialidad y calidad moral para escuchar y atender nuestros casos y a los denunciados.
  • Para nosotros y nosotras, el dictamen de este Tribunal es un aporte a nuestras luchas y lo valoramos como el espacio que nuestros gobiernos nos han cerrado para defender nuestros territorios. Su importancia trasciende en tanto que es también un espacio donde nuestras luchas y experiencias pueden coincidir y dialogar por un fin común: la defensa del territorio como defensa de la vida.
  • Nos solidarizamos con las organizaciones que presentaron su caso en la preaudiencia del 25 de octubre. Nos sumamos a sus exigencias por detener las injusticias y la defensa del agua. Y nos unimos a las que se oponen al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: “Nosotros preferimos el lago”; en contra de la instalación de la cervecera Constellation Brands en el valle de Mexicali, que amenaza con despojar el agua de los pueblos; y nos solidarizamos con las comunidades afectadas por la contaminación del río Santiago, en Zapopan, Jalisco.
  • Es momento de que nuestra voz sea escuchada. Las comunidades y pueblos que luchan por la vida han denunciado por distintos medios los efectos del patrón de acumulación de capital, la priorización de los derechos para inversión privada y los megaproyectos sobre nuestro derecho a la vida, al agua, a un medio ambiente sano y a los derechos de nuestros pueblos originarios a la libre determinación.
  • El Tribunal Latinoamericano del Agua es indispensable como un espacio para que nuestros casos sean juzgados con imparcialidad, ética, sentido crítico, considerando los derechos humanos, en vez del “progreso” mal entendido. O el costo-beneficio de las empresas, como el principal sustento jurídico para su juicio.
  • Reafirmamos nuestro compromiso de mantenernos comunicados y solidarios hasta alcanzar la justicia plena para todos.
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