Hoy en día el ámbito rural mexicano enfrenta un conflicto entre distintos modelos de desarrollo. Por una parte, desde el Estado o desde grandes capitales nacionales o extranjeros, se considera que todo proyecto que atraiga inversión a un territorio particular es, por sí mismo, positivo o benéfico. Bajo esta lógica, se ha promovido el desarrollo de grandes proyectos extractivos, de generación de energía, infraestructura de comunicaciones y transportes, desarrollo urbano o turístico, industria de la transformación e incluso gran industria agro-ganadera.

Como indicadores del éxito de este modelo se toman el crecimiento del PIB, el crecimiento de la inversión nacional o la inversión extranjera directa, la generación de empleos brutos y la articulación de cadenas de aprovisionamiento a escala para estos proyectos. Bajo esta consideración, poco importan las afectaciones negativas asociadas a la instalación de este tipo de proyectos.

Dependiendo del tipo proyecto de inversión, estas afectaciones pueden traducirse en daños a los ecosistemas; pérdida de valiosos servicios ambientales (como el desabasto en fuentes de agua, la pérdida de la biodiversidad, la erosión o degradación de los suelos, la perdida de la capacidad para la regulación climática local o la absorción de gases de efecto invernadero, entre otros); contaminación de suelos, aguas y atmósfera; despojo de la tierra; pérdida patrimonial; emigración; reconfiguración de las actividades productivas tradicionales; pérdida de empleos netos; afectación a mecanismos de reproducción cultural de los pueblos; o urbanización desregulada, entre otros.

Ante el auge de la lógica de desarrollo a partir de grandes proyectos de inversión se erige una alternativa en proyectos de desarrollo endógeno, autónomo, sostenible y comunitario. A través de la organización autogestiva y cooperativa, comunidades a lo largo y ancho del país impulsan alternativas de desarrollo a partir de la producción agraria, el aprovechamiento maderable, proyectos ecoturísticos, cajas de ahorro, cooperativas de comercialización e, incluso, la emisión de monedas de alcance local.

El manejo forestal comunitario se inserta perfectamente en esta segunda lógica. A diferencia de las plantaciones comerciales maderables o la gran industria forestal, el manejo forestal comunitario prioriza la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los territorios forestales a partir del fortalecimiento de la organización comunitaria para el aprovechamiento autónomo de los bienes maderables del territorio. La propia comunidad vigila el estado de los bienes maderables bajo aprovechamiento, garantizando su conservación para el mediano y largo plazos.

Bajo este escenario, se beneficia la población local al tiempo que también se beneficia a los habitantes de regiones distantes, los cuales gozan de la provisión de valiosos servicios ambientales. A diferencia de la lógica de grandes proyectos de desarrollo, el manejo forestal comunitario es una actividad que puede sostenerse a lo largo de múltiples generaciones puesto que no se sustenta en la expoliación de las personas y bienes naturales presentes en el territorio.

En el conflicto que se presenta, desafortunadamente, en múltiples casos en el país, donde se manifiestan las contradicciones entre estos modelos de desarrollo, la organización comunitaria fortalecida a partir del manejo forestal comunitario u otras actividades económicas vinculadas a la lógica del desarrollo endógeno, autónomo, sostenible y comunitario ha fortalecido los procesos de defensa del propio territorio.

Esta organización genera recursos valiosos para la movilización, mismos que permiten a las comunidades hacer frente a la gran presión ejercida por intereses promotores de grandes proyectos de inversión. De esta forma, hace frente a intereses que buscan despojar el territorio.

Francisco Cravioto
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC
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