Como fruto de una de las reformas agrarias más extensas del mundo, hoy en México más de 31 mil ejidos y comunidades conforman lo que se llama la propiedad social de la tierra; ellos tienen el respaldo legal de su propiedad (con un decreto presidencial para cada una) y representan más del 50 por ciento de todo el territorio del país.

De esta manera la mayor parte de los montes, bosques, selvas, manglares, matorrales, minas, bancos de materiales, cuerpos de agua y playas son de propiedad social¹. El reparto de la tierra para la conformación de los ejidos, así como el reconocimiento de la propiedad ancestral en comunidades indígenas, ha permitido que más de 5.6 millones de campesinos tengan hoy acceso a la tierra y sean ellos quienes decidan que uso y/o destino darle.

Si bien la Ley Agraria de 1992 abrió la puerta a la privatización de la propiedad social, después de 30 años la mayoría de los ejidatarios y comuneros han decido mantener ese esquema de propiedad y solo un 14 por ciento ha hecho el trámite de dominio pleno que les permite vender su tierra.

En los pasados 20 años, las empresas privadas han impulsado múltiples proyectos mineros, turísticos y agroindustriales en las regiones rurales, generando diversos problemas que han presionado para que los ejidatarios y comuneros vendan sus tierras.

El despojo de las familias campesinas por el avance de esas empresas se está dando en comunidades en todo el país; sin embargo, en paralelo existen cientos de comunidades que han optado mantener la propiedad de la tierra y defender su territorio.

Las estrategias de defensa van desde acciones de protección del territorio mediante la vigilancia de sus fronteras y el acceso, el resguardo de sus recursos, la protección contra los incendios, la reglamentación del acceso, establecimiento de sanciones, la defensa legal y la ocupación y la presencia en el territorio mediante actividades productivas individuales y colectivas que involucran tanto a quienes tienen derechos agrarios como a quienes no los tienen.

En este número de La Jornada Ecológica queremos referirnos a esta última acción: el desarrollo de actividades productivas colectivas. Ahora, miles de comunidades y ejidos llevan a cabo proyectos comunitarios que les permiten acceder a los recursos comunes de una manera organizada y planificada. Ello les posibilita la generación de ingresos para cubrir los gastos de las instituciones comunitarias, para las familias y para la población local.

Pero, a la vez, permite tener presencia en los territorios, realizar un manejo planificado y sustentable de los recursos y proteger el territorio frente a diversas amenazas, como los incendios, las invasiones, la tala ilegal y la venta de tierras.

Las estadísticas disponibles no ofrecen datos exactos sobre el número de las iniciativas y de proyectos comunitarios de aprovechamiento de los bienes naturales.

En el censo agropecuario y en el ejidal se encuentran algunos datos ya desactualizados que dan datos aproximados al respecto. Si contamos los proyectos agrícolas y ganaderos, se registran 5 mil 700 ejidos y comunidades que operan actividades vinculadas con el turismo, el manejo forestal, la extracción de materiales de construcción, la elaboración de artesanías y las pesquerías (ver cuadro).

Cuadro
Actividades productivas ligadas al aprovechamiento del territorio	Ejidos o comunidades
Con actividades artesanales	741
Con actividades de extracción de materiales para la construcción	1,381
Con actividades pesqueras	860
Con actividades de manejo forestal	2,207
Con servicios turísticos	509

Hoy, los ejidos, comunidades y organizaciones campesinas que operan una o varias iniciativas productivas comunitarias son organizaciones más fuertes, tienen ingresos económicos, instituciones internas que funcionan y una presencia constante en los territorios.

Además de que generan empleos y medios de vida dignos para jóvenes y mujeres; todo ello representa un importante freno para el avance de los grandes proyectos extractivos impulsados por empresas privadas que buscan apropiarse de las tierras y de los recursos de las comunidades.

Por lo anterior, las regiones rurales no requieren políticas públicas orientadas a la generación de empleos fuera de la comunidad. Como es el caso de los megaproyectos de la actual administración, pues estimulan la salida de los jóvenes de sus comunidades.

Se requieren de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de iniciativas comunitarias colectivas locales, con programas que faciliten la producción sustentable y la comercialización de los productos. Y que reduzcan las obligaciones fiscales y los múltiples trámites que desincentivan la producción y obstruyen comercialización.

Agradecemos al equipo de La Jornada Ecológica, a su director Iván Restrepo, a su editora Laura Angulo y a Estela Guevara, la oportunidad de compartir estos textos y las iniciativas de comunidades, ejidos y organizaciones campesinas e indígenas de diversas regiones del país. Gracias a su permanencia y su trabajo en sus territorios, generan beneficios invaluables para toda la sociedad.

Referencias
¹Carlos Morett-Sánchez, Celsa Cosío-Ruiz. Panorama de los ejidos y comunidades agrarias en México, 2017.

Sergio Madrid
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
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