El norte de Baja California se ha dividido históricamente en dos regiones: la zona costa, integrada por Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, y la zona valle, que incluye a Mexicali. La principal fuente de agua del estado de Baja California es el río Colorado.

A finales de 2016, el Congreso de Baja California aprobó, a iniciativa del gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid, una ley estatal de aguas que planteaba la privatización de las empresas públicas de agua de la entidad. La ley establecía además el encarecimiento y liberalización de tarifas del servicio y el corte del suministro a clientes morosos.

La ley sentaba las bases para la construcción de tres plantas desalinizadoras en San Quintín, Ensenada y Rosarito bajo esquemas de asociación público-privada, con los que se endeuda al estado por casi 40 años y en los que participan grandes transnacionales del agua como Suez, Consolidated Waters, OHL-GS Inima, RWL Water, entre otras.

Simultáneamente, y en contradicción con su discurso sobre la falta de agua en la entidad, el gobierno estatal aprobaba la instalación en el valle de Mexicali de una planta cervecera de la transnacional neoyorkina Constellation Brands, la cual requiere 20 millones de m³ de agua del acuífero del valle (el cual se encuentra en veda y sobreexplotado) para producir miles de millones de litros de cerveza de exportación. Por si fuera poco, la administración estatal pretendía construir con dinero público un acueducto de casi 50 km de longitud para entregar el agua a la cervecera que se pretendía fuera del mismo tamaño que la fábrica cervecera más grande del mundo: la planta de la misma empresa ubicada en Nava, Coahuila.

Tanto la ley estatal de aguas como el acueducto tuvieron que ser cancelados por el gobierno estatal tras las masivas protestas que se suscitaron en la entidad en enero de 2017, las cuales tuvieron como epicentro las calles de Mexicali.

El levantamiento ciudadano ante la privatización del vital líquido obligó al gobierno y las transnacionales a modificar sus planes originales para convertir en negocio el acceso y la administración del agua.

La lógica de dichos planes tenía de fondo la crisis hídrica que sufre California desde 2012 y el negocio que se abría con la escasez del líquido. Con la construcción de las plantas desalinizadoras, y en especial, la planta de Rosarito (planeada para ser la más grande del hemisferio occidental), se produciría excedentes de agua en la zona costa, principalmente en Tijuana, los cuales se podrían exportar a California mediante la construcción de un acueducto transfronterizo. Este llevaría el líquido a San Diego, intercambiando los derechos de agua de Tijuana a cambio de inversión para la producción de agua desalinizada.

Una vez iniciada la operación de la desalinizadora, se dejaría de enviar agua del río Colorado a la zona costa mediante el acueducto. Dicho volumen se quedaría en el valle de Mexicali y se le podría entregar a transnacionales como Constellation Brands. O simplemente no cruzaría la línea fronteriza, quedándose en territorio estadounidense. Todo esto coronado con la liberalización del precio del suministro y el manejo privado del agua.

Ese es el plan al que el pueblo de Baja California puso un dique. Pero los intentos del gobierno y los capitales transnacionales no cesan en su intento de hacer negocio con el agua. Ahora la administración estatal busca conectar la planta cervecera con la red de agua potable de Mexicali. Y en vez de obtener una concesión de aguas, la obtendría a través de los volúmenes del líquido asignados al estado.

Aunque la construcción de la planta de Rosarito está suspendida, el gobierno estatal sigue buscando construirla y existe un nuevo intento por aprobar una ley privatizadora de aguas, esta vez impulsada por el sector empresarial. Ante esto, el pueblo bajacaliforniano está en alerta.

Fue en un enero de 1911, cuando en Mexicali se inició la rebelión magonista en Baja California. Fue en un enero de 1937 cuando los campesinos mexicalenses tomaron por asalto las tierras del valle, expulsando a la empresa latifundista extranjera que las acaparaba. Fue en enero de 2017, cuando el pueblo cachanilla se levantó en defensa del agua, el territorio y la dignidad. No falta mucho para que otro enero, o un día cualquiera, brote de nuevo el manantial de la rebeldía en las tierras desérticas del extremo norte mexicano.

Para refrescar la memoria

Históricamente, los problemas hídricos de Baja California parten de su condición de frontera con California y Arizona: desde el acaparamiento de las tierras y aguas del delta del río Colorado por empresas latifundistas estadounidenses en las primeras tres décadas del siglo XX; el represamiento del río Colorado iniciado en los años 40, que redujo sustancialmente su caudal y provocó una drástica alteración del ecosistema deltaico; la firma del Tratado Internacional de Aguas de 1944, que trajo una desigual distribución de las aguas del río, asignando a México un volumen insuficiente para la totalidad del área irrigable del valle de Mexicali, lo que condujo a que a mediados de los años 50 del siglo pasado se iniciara la perforación de pozos profundos del acuífero del valle para subsanar el déficit hídrico en la agricultura; el problema de la salinidad en las aguas del río recibidas de Estados Unidos de América en la década de los 60 y 70, que destruyó miles de hectáreas de tierras agrícolas en Mexicali; la instalación desde fines de los años 60 de industrias exportadoras altamente consumidoras de agua en sus procesos, principalmente de capital estadounidense y asiático. Esa dinámica se intensificó en 1994 con la entrada en vigor del TLCAN; el explosivo crecimiento urbano de Mexicali y Tijuana a partir de 1970 producto de los flujos migratorios y el emplazamiento de industrias maquiladoras en la región. Ello requirió la construcción de un acueducto para conducir agua del Colorado a la zona costa; el emplazamiento de megaproyectos energéticos de alto consumo hídrico para exportar electricidad a California, tras la crisis energética que ocurrió en 2001 en dicho estado; hasta los recientes planes del gobierno estatal por privatizar el agua y exportarla al norte de la frontera a través de distintos megaproyectos hidroextractivos.

Iván Martínez Zazueta
Estudiante del posgrado en geografía de la UNAM
Integrante del Grupo Promotor de la Iniciativa Ciudadana y Popular de Aguas de Baja California
Correo-e: [email protected]