El estado de Michoacán cuenta con 6 millones de hectáreas, más de la mitad son tierras forestales y más de la mitad de ellas son áreas de propiedad social. Desde hace 30 años la deforestación en Michoacán se ha acelerado debido a la expansión de las huertas de aguacate, el incremento de los incendios forestales y la tala ilegal.

Los aprovechamientos forestales legales comunitarios enfrentan exigencias y trámites desmedidos impuestos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y precios bajos en el mercado de la madera, influenciados por los precios de la madera ilegal. A ello se suma la venta de tierras para establecer huertas de aguacate, en complicidad con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.

En muchos pueblos se han provocado tensiones constantes entre lo colectivo y lo comunal que, junto a las divisiones creadas por la presencia de partidos políticos, redundan en el debilitamiento de la organización comunitaria. El crimen y la violencia, presentes en Michoacán mucho antes de la pandemia, se han recrudecido con ella. En los bosques es frecuente la presencia de personas armadas ajenas a las comunidades que los utilizan como paso, evitando los caminos más vigilados.

La sustitución de bosques por huertas se inició en la región purépecha, donde existen comunidades indígenas centenarias con derechos de propiedad colectivos sobre las tierras. Las comunidades purépechas poseen sistemas de organización tradicional, que se han debilitado a raíz de la parcelación y venta de tierras y la tala ilegal. Aquellas donde la organización comunitaria se mantiene, como San Juan Nuevo Parangaricutiro y Cherán, las áreas forestales se conservan.

A raíz de la pandemia, cerraron las oficinas de la Semarnat y los trámites de los permisos de aprovechamiento forestal se rezagaron. La ineficiencia de los trámites afecta incluso los permisos para combatir plagas forestales, generando problemas muy fuertes.

Han caído el mercado de la resina –afectando a 50 mil resineros que en su mayoría son avecindados sin derechos a la tierra– y la mayoría de los mercados de la madera con materia prima de origen legal e ilegal, aunque se mantiene la producción de tarimas para montacargas y cajas de madera para el empaque de aguacates, berries y mangos, cuya producción va en aumento.

Ha habido gran desinformación sobre la pandemia; inicialmente existía incredulidad sobre sus riesgos, aunada a la falta de servicios de agua y salud en la mayoría de las comunidades. Muchas intentaron cerrarse, no permiten la entrada a los pueblos de gente externa, pero muchos deben salir a trabajar para mantenerse y las asambleas no los pueden detener.

Las mujeres han sido fundamentales en la protección comunitaria, aquellas cuyas familias tienen tierras volvieron a sembrar milpas, pero hoy muchas familias indígenas carecen de tierra, son artesanos, taxistas, empleados y han perdido sus fuentes de ingresos. El desbordamiento de la pandemia enfrenta a las comunidades a retos más grandes de lo que la mayoría de las pueden resolver.

San Juan Nuevo en la meseta purépecha es una de las comunidades forestales más exitosas en al aprovechamiento sustentable del bosque en México. Desde hace 35 años, realiza aprovechamientos forestales certificados por su buen manejo forestal, por parte del Consejo Mundial de Manejo Forestal, FSC por sus siglas en inglés. La actividad forestal integra el conjunto de las fases de la cadena de valor, desde el manejo del bosque –para el que la comunidad cuenta con su propio equipo técnico–, la extracción, transporte, aserrío, estufado y elaboración de productos terminados para su comercialización.

San Juan posee distintas empresas que generan ingresos y empleo para sus comuneros y para los de las comunidades vecinas: la de extracción y procesamiento de madera, la procesadora de resina, la de fabricación de muebles y una empresa turística. La organización social ha sido clave para el desarrollo forestal, ha fortalecido la identidad comunal y los mecanismos de toma de decisiones colectivas sobre el territorio, basados en los usos y costumbres comunitarios, con fuerte participación y rendición de cuentas de las autoridades comunitarias sobre los usos de los bienes comunes.

San Juan se encuentra en la zona idónea para la producción aguacatera; sin embargo, la asamblea ha impedido la parcelación de las tierras y la deforestación. De las 18 mil 138 hectáreas del territorio comunal, 68 por ciento tienen cobertura forestal, 63 por ciento corresponde al área bajo manejo forestal, 16.33 por ciento son áreas agrícolas y 6.6 por ciento, huertas de aguacate.

A partir de la pandemia, la actividad forestal se detuvo y la empresa turística cerró, pero la agricultura para autoconsumo y la producción de aguacate se han mantenido, permitiendo a San Juan Nuevo enfrentar la crisis.

Desde 2011, la comunidad de Cherán defiende activamente sus bosques contra el crimen y la tala ilegal que imperan en Michoacán. La defensa se inició con un movimiento de las mujeres del pueblo, a partir del que se revitalizaron la organización tradicional y el autogobierno comunitario basado en los “usos y costumbres” que reconoció la Suprema Corte de Justicia. Cherán resiste la expansión de las huertas de aguacate y basa su producción forestal en la extracción de resina, seriamente afectada durante la pandemia, lo que lleva a muchos a trabajar como jornaleros, con fuertes riesgo de contagio por Covid-19.

Jaime Navia, Adolfo Chávez y Miguel Macías
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