Oaxaca es el estado con mayor biodiversidad, presencia indígena y diversidad cultural en México, también una de las entidades con mayor pobreza. La propiedad social abarca la mayor parte de su territorio, 10 por ciento es propiedad de ejidos y 80 por ciento de comunidades agrarias. De los 570 municipios de Oaxaca, 417 se gobiernan por “usos y costumbres”, sistema reconocido por la legislación estatal. En muchas comunidades, este sistema se basa en sólidas prácticas de democracia directa, con funcionamiento constante de asambleas y ejercicio de cargos. Así se eligen las autoridades de las comunidades y los municipios, sin participación de partidos políticos y con fuerte sentido de servicio comunitario. Los cargos del gobierno de los pueblos se cubren generalmente de manera honorífica, aunque las autoridades comunitarias tienen que prestar atención inmediata a los problemas comunitarios, rendir cuentas con transparencia y están sujetas a remoción en caso de no cumplir adecuadamente. El tequio –trabajo colectivo en obras de beneficio social y protección ambiental que prestan los comuneros, comuneras, ciudadanos, ciudadanas y jóvenes– es parte del sistema de organización tradicional que plantea fuertes exigencias, pero ha permitido a muchas comunidades mantener la paz social y el cuidado de los territorios.

Más de 70 por ciento de las tierras oaxaqueñas son forestales con gran diversidad de ecosistemas donde viven 660 mil personas. Desde hace 30 años, distintas comunidades forestales producen y transforman madera, generando empleos e ingresos locales. Algunas han constituido empresas, varias certificadas por el Consejo Mundial de Manejo Forestal (FSC), particularmente en la Sierra de Juárez.

Los contagios de Covid-19 han sido menores en las regiones donde prevalece el sistema de gobernanza tradicional, la Sierra Sur y la Sierra de Juárez, donde asambleas y autoridades han establecido filtros para controlar las entradas y salidas de los pueblos, ante la incapacidad de las instituciones de gobierno para proteger la salud. Los contagios son mayores en la ciudad de Oaxaca y la región de la costa, con actividades orientadas al turismo, donde la organización comunal se ha debilitado, en los Valles Centrales donde operan empresas mineras y en el istmo de Tehuantepec donde durante la pandemia el gobierno estatal ha impuesto nuevas concesiones eólicas con el apoyo del crimen organizado. En las regiones con contagios hay un enorme subregistro, y el número de camas disponibles como criterio para definir los semáforos sanitarios carece de sentido dada la extrema precariedad de los servicios de salud.

La Sierra de Juárez posee una gran riqueza cultural, con más de 300 comunidades zapotecas, mixes y chinantecas y una enorme biodiversidad, por la que es considerada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como región terrestre prioritaria para la conservación. Los territorios de la sierra tienen un alto grado de conservación a partir de esfuerzos comunitarios.

Desde hace 10 años, la región enfrenta la expansión de concesiones mineras que amenazan la integridad de los ecosistemas y de las comunidades indígenas. 53 mil hectáreas, muchas de ellas forestales han sido concesionadas para la extracción minera por la Secretaría de Economía. Casi todas estas concesiones están en fase de exploración, 75 por ciento se proyecta para extracciones de tajo a cielo abierto, con enormes consecuencias ambientales y de afectaciones a la salud. Las comunidades resisten, conscientes de los desastres y conflictos en las regiones mineras de Valles Centrales, Guerrero y el norte del país.

En la sierra, la comunidad de Capulálpam sostiene desde hace años una batalla jurídica contra Minera Natividad y en 2019 obtuvo una sentencia favorable que no ha sido implementada, tampoco ha tenido respuesta su apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras, la minera sigue operando, dejando clara la necesidad de la movilización comunitaria para impedir que los megaproyectos se apropien de la sierra oaxaqueña.

Capulálpam posee una fuerte tradición de manejo territorial y una sólida gobernanza a partir de los instrumentos que la comunidad se ha dado, como el protocolo comunitario de defensa contra el Covid-19, que ha permitido mantener trabajando algunas de sus empresas comunitarias. A pesar de que la pandemia ha reducido la demanda de los productos forestales que Capulálpam produce y se ha cerrado el turismo, se ha fortalecido el comercio local y se ha reactivado la agricultura. A partir de los ingresos de las empresas comunitarias, las autoridades reparten víveres a las familias en necesidad.

Las organizaciones regionales: las Unión de Comunidades de la Sierra Juárez, la Unión Liberal de Ayuntamientos, la Unión Zapoteco-Chinanteca, y la Coordinadora Regional de la Chinantla, se han movilizado emprendiendo campañas regionales de información, reparto de cubrebocas y desinfectante, buscado agilizar los trámites ante las autoridades forestales y de salud.

En la Sierra Sur, la mayor preocupación es el abasto de alimentos. Se vive el reto del regreso de jóvenes con nuevas perspectivas, no siempre respetuosos del sistema de gobierno tradicional. Estos cambios llevan a repensar la gobernanza y el manejo del territorio, incluyendo a los jóvenes en la toma de decisiones y considerando ampliar la frontera agrícola para darles tierras. La crisis lleva también a replantear la estrategia económica de los pueblos, basada en la producción de café de sombra para la exportación que ha permitido no caer en el mercado de commodities, ante mercados cerrados y precios históricamente bajos. Las preocupaciones por construir economías locales prósperas no encuentran eco en las políticas públicas, que desconoce a las organizaciones sociales y manejan los programas con la mayor parte de la inversión como Sembrando Vida, con gran improvisación y orientación clientelar.

Los mayores impactos de la pandemia en la Sierra Sur se refieren a: la disminución de los ingresos y empleos al caer el mercado del café y los ingresos de las empresas turísticas comunitarias. Pero las acciones comunitarias contra la pandemia han permitido revalorar los espacios locales: la importancia de la organización comunitaria para detener los contagios y el regreso al cultivo de la milpa para el consumo local.

Salvador Anta, Nétzar Arrortúa, Marco Antonio González y Ariadna de Jesús Pérez
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