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Sin participación, no hay políticas públicas que perduren

Julia Carabias

A Naturalia, por sus 30 años

La participación de la sociedad civil organizada en los asuntos de interés público; en la construcción de políticas públicas y de conciencia social; en la influencia sobre los gobiernos y el sector privado, así como en la implementación acciones sustantivas para el bien común es reconocida mundialmente.

La política ambiental mexicana moderna, que inicia apenas hace un poco más tres décadas, se fue entrelazando con el surgimiento de la democracia. Cuenta con instituciones y con un marco normativo sólido, producto de amplios procesos de participación que incluyeron a muchos sectores: gubernamental, privado, social y académico. Se trata de una construcción colectiva entre la sociedad y el Estado mexicanos.

Las bases de una política ambiental moderna

Dos acontecimientos notables colocaron los temas ambientales en la agenda global y de las naciones: 1) la presentación del informe Nuestro futuro común en 1987, en el que se acuñó el concepto de desarrollo sustentable, y 2) la celebración, en 1992, de la Cumbre de Desarrollo y Medio Ambiente en Río de Janeiro, Brasil.

La participación de la sociedad, uno de los motores de estos parteaguas, quedó reconocida en los resultados de ambos eventos emblemáticos. La Declaración de Principios de Río, así como la Agenda XXI adoptada por los jefes de Estado en esa cumbre, reconocen como primordial la participación y el acceso a la información.

En México, diversos movimientos sociales ocurridos durante los años setenta y ochenta conquistaron nuevos espacios de expresión y participación que hicieron posibles el ejercicio de la democracia y que se concretaron en varias reformas electorales entre 1977 y 1996.

Estos sucesos también sentaron las bases institucionales para una gestión ambiental moderna con la participación de la sociedad.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), promulgada en 1988, se enriqueció de la pluralidad recién estrenada en la Cámara de Diputados gracias a la inclusión de nuevos partidos.

En la LGEEPA quedó establecida la participación social para la evaluación del impacto ambiental y el ordenamiento ecológico del territorio. Años después, en 1996 la LGEEPA se modificó a profundidad. Fue un proceso participativo de la sociedad sin precedente.

Uno de los cambios más significativos de esta ley fue el título quinto para fortalecer la participación de la sociedad en la gestión ambiental y la regulación del derecho a la información ambiental.

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa las organizaciones de la sociedad civil jugaron un papel central en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas ambientales, para lo que se establecieron espacios institucionales de participación.

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), constituida el diciembre de 1994, creó decenas de consejos consultivos, comités y consejos técnicos para la deliberación de todos los temas de la gestión ambiental, como el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable y sus cuatro consejos regionales, o el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en los que participaron organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos empresariales, representantes de las legislaturas locales, de los gobiernos estatales y del Congreso de la Unión.

Estos espacios fueron fortaleciendo una cultura de participación y deliberación ordenada, obligando a las autoridades a escuchar y a tomar decisiones con el mayor consenso posible, tarea compleja sin duda, pero más sólida cuando se alcanzan acuerdos. Así se fue construyendo un diálogo crítico y respetuoso y un entendimiento entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Cabe señalar que estos procesos de participación contribuyeron a la creación de nuevas organizaciones sociales y privadas que coadyuvaron en los esfuerzos de encaminarse hacia un desarrollo sustentable y en la aplicación de los instrumentos de política ambiental.

A pesar de la relevancia que había adquirido la participación social para la gestión ambiental, no fue un tema de interés creciente en las administraciones subsecuentes durante lo que va del siglo y la tendencia de ampliar espacios participativos no se sostuvo.

Durante los siguientes seis años el Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable se mantuvo activo, pero con el tiempo se fue desdibujando, perdiendo su representación hasta quedar en la inanición.

Información: derecho y obligación

La participación de la ciudadanía y su corresponsabilidad en la toma de decisiones requiere necesariamente información adecuada, verídica y oportuna. El acceso a la información, además de un derecho, es una condición sine qua non para el empoderamiento de la sociedad y, a su vez, para la participación de ésta en la construcción y evaluación de las políticas públicas.

México cuenta con un buen andamiaje para el acceso a la información. El derecho de acceso a la información ambiental fue incluido desde 1996 en la LGEEPA y se estableció un Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales.

Posteriormente, en 2003, se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual incluyó la creación del Instituto Federal Acceso a la Información Pública, trasformado, en 2014, en el actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAE).

En 2007 se incluyó en la Constitución “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. El INAE ha logrado que fluya la información que frecuentemente es negada al público por la autoridad.

Sin embargo, no siempre existe la información precisa, certera y de calidad que permita entender y evaluar los complejos procesos socioambientales e incidir en su transformación.

La sociedad civil en la conservación de la biodiversidad

La contribución de las organizaciones de la sociedad civil para la conservación del patrimonio natural del país ha sido esencial e incluso precede a la fundación de las actuales instituciones gubernamentales responsables.

La política de conservación nacional realmente quedó abandonada después del impulso dado por Miquel Ángel de Quevedo. El Estado mexicano no le dio suficiente importancia al tema sino hasta la década de los noventa.

Fueron las diversas organizaciones las que ocuparon estos espacios. En la década de los ochenta se fundaron las primeras organizaciones de la sociedad civil como Pronatura, Biocenosis y Amigos de Sian Ka’an.

Las organizaciones internacionales Conservación Internacional, The Nature Conservancy y World Wildlife Fund iniciaron sus trabajos en el país.

De particular importancia fue la constitución del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en 1994. Su objetivo es financiar y fortalecer esfuerzos para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y ha apoyado a cientos de proyectos de más de 200 organizaciones sociales.

Poco después se fueron fundando otras organizaciones que trabajan a nivel nacional para distintos temas como son el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Espacios Naturales, Gaia, Niparajá, Fondo de Conservación El Triunfo, Ceiba, Grupo de Ecología y Conservación de Islas, Natura y Ecosistemas Mexicanos, entre muchas otras decenas.

Una organización que está celebrando este año su 30 aniversario de trabajo ininterrumpido es Naturalia. A lo largo de su vida ha jugado un papel sustantivo en la conservación de especies prioritarias como es el caso del lobo mexicano, el jaguar y el perrito de las praderas, entre otras, así como de ecosistemas amenazados como son las praderas de Janos en Chihuahua, los pastizales de la cuenca del río San Pedro en Sonora, los ecosistemas del norte de la Sierra Madre Occidental y en Aros y Bavispe; en reforestación en once estados de la república; en el impulso de proyectos ecoturísticos con comunidades indígenas, y en la educación, concientización y difusión mediante la revista Especies.

Estos ejemplos constituyen una rica fuente de experiencias que han demostrado su éxito en compatibilizar el bienestar de las poblaciones humanas con la conservación de la naturaleza

Riesgo de retroceso

Aunque los avances de las últimas tres décadas en la política ambiental son sustantivos, la construcción de nuevas formas de gobernanza para lograr la sustentabilidad del desarrollo ha sido una tarea ardua y llena de obstáculos. El gobierno no acaba de reconocer que no puede solo con la tarea ambiental.

Preocupa que la política ambiental siga sin ser una prioridad para el gobierno mexicano, ni para el Congreso de la Unión. Esto se refleja en la dramática y constante disminución de presupuesto que viene en declive desde 2015 y que la presente administración no ha detenido.

A pesar de la evidencia de que la acción conjunta entre gobierno y sociedad genera sinergias positivas de interés colectivo, sin que implique ninguna limitante ni renuncia del Estado mexicano al cumplimiento de sus responsabilidades, se han vuelto a levantar nuevas barreras que entorpecen la cooperación.

Resulta muy alarmante y sorprendente la relación que se ha establecido entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. No solo no se reconoce su contribución, sino que se ha incurrido a su descalificación y desprestigio, sembrando desconfianza y poniendo a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil en riesgo.

Así está quedando un enorme vacío en la implementación de acciones ambientales en el territorio, ya que el gobierno no tiene capacidad de atenderlas. Además, se está erosionando la pluralidad y diversidad de visiones, necesarias para una legítima política ambiental.

Cuando las políticas carecen de legitimidad y se construyen al margen de la participación de los actores involucrados, difícilmente funcionan. Por el contrario, cuando surgen de procesos participativos, fortaleciendo a las autoridades locales y son apropiadas por las comunidades, llegan a ser muy exitosas.

Esperamos que las autoridades actuales responsables del sector ambiental, recuperen los espacios de participación de la sociedad civil organizada y el diálogo constructivo, plural e incluyente, con reglas claras y transparentes, para acelerar el tiempo perdido y lograr cumplir con las metas aspiracionales que los mexicanos tenemos de un país sin pobreza, justo, con bienestar y un medio ambiente sano y sustentable.

Julia Carabias
El Colegio Nacional y Natura y Ecosistemas Mexicanos