La superación de la pobreza es la primera condición para avanzar hacia una verdadera sustentabilidad. En este sentido, el análisis de los impactos de la minería en la pobreza de las regiones y comunidades donde realiza actividades es prioritario para evaluar la pretensión de sustentabilidad de algunas de las empresas mineras.

Con este propósito, retomamos varias metas planteadas en el primero de los objetivos de la Agenda 2030. Entre ellas la erradicación de la pobreza extrema; la reducción, al menos a la mitad de la proporción de aquellos que viven en pobreza; el establecimiento de sistemas de seguridad social universal; la construcción de capacidades de resiliencia de las personas pobres reduciendo su exposición a shocks y desastres económicos sociales y ambientales. Analicemos si la minería contribuye efectivamente a su cumplimiento.

Lo que encontramos es que las comunidades cercanas a los espacios donde se extraen minerales, principalmente metales preciosos, conviven con esta actividad desde hace décadas, incluso siglos. Pero sin que existan evidencias de que mejora significativamente la calidad de vida de estos lugares.

Los principales municipios productores de plata y oro, en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Coahuila y el estado de México, destacan por sus altos niveles de pobreza a pesar de la extracción intensiva.

En estas regiones es patente la contradicción entre la existencia de ricos yacimientos de minerales preciosos, y poblaciones en condiciones de suma precariedad.

En 2019, el valor de la producción de esos minerales fue de 99 mil 816 millones de pesos. Pero esa riqueza no permanece en las localidades de donde se origina. Por el contrario, los niveles de pobreza y pobreza extrema rebasan el promedio nacional.

En 17 de los 20 municipios con la mayor producción de plata, el 43 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y el 11 por ciento en extrema (Secretaría de Economía, Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2019; Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social, Secretaría de Bienestar, 2020 y 2021).

Adicionalmente, en 18 de los 27 municipios con la mayor producción de oro, el 40 por ciento de la población está en situación de pobreza y 9 por ciento vive en extrema (SE, 2019; SB 2020 y 2021).

Con el fin de contextualizar el impacto de estas cifras es útil destacar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2021) menciona que las personas en situación de pobreza extrema disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la compra de alimentos, no podrían adquirir aquellos necesarios para tener una vida sana.

Las personas en pobreza tienen al menos una carencia social: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Y es que su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer el conjunto de sus necesidades.

Casos alarmantes son los de los municipios de Chínipas en Chihuahua y Otáez en Durango; ambos grandes productores de oro. Sin embargo, el 36.3 y el 35.6 por ciento, respectivamente, de su población, se encuentra en pobreza extrema. Una proporción mucho mayor al promedio nacional, que es de 7.4 por ciento.

Les siguen en la lista los municipios de Guazapares, Ocampo y Guadalupe y Calvo, todos en Chihuahua; Eduardo Neri y Cocula, del estado de Guerrero; Ocotlán, en Morelos; San Pedro Totolapa, en Oaxaca; Mazapil y Ojo Caliente, en Zacatecas; Guanaceví, en Durango, y Zacazonapan, en el estado de México. Registran niveles de pobreza extrema mayores a 7.4 por ciento (SE, 2019; SB, 2020 y 2021).

Más datos para tener una perspectiva amplia de la precariedad imperante en las comunidades mineras. En las zonas productoras de oro, 23 por ciento de la población tiene rezago educativo, 28 por ciento carece de al menos uno de los servicios básicos en la vivienda (acceso a agua potable, drenaje, electricidad y combustible para cocinar); 12 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud. Y 64 por ciento no cuenta con seguridad social, lo que vulnera su capacidad para enfrentar accidentes o enfermedades, o circunstancias como la vejez y el embarazo (SE, 2019; SB, 2020 y 2021).

En las zonas productoras de plata, 23 por ciento de la población tiene rezago educativo, 31 por ciento carece de al menos uno de los servicios básicos en la vivienda, 13 por ciento de la población no tiene acceso a salud y 65 por ciento no cuenta con seguridad social (SE, 2019; SB, 2020 y 2021).

La condición de privación más grave de la pobreza es el hambre. La Agenda 2030 plantea que el fin del hambre y la desnutrición y la existencia de sistemas de producción agrícola sostenibles y resilientes, son condiciones centrales para la sustentabilidad.

También desde 2011, el derecho a la alimentación fue reconocido en la Constitución. ¿Qué sucede al respecto en las comunidades mineras? En los principales centros productores de oro y plata del país, 18 por ciento de la población sufre alguna carencia en el acceso a alimentación nutritiva y de calidad; padecen inseguridad alimentaria moderada o severa y/o limitación en el consumo de alimentos (SE, 2019; SB, 2020 y 2021). Esta es una situación inadmisible cuyos impactos se han agravado en tiempos de pandemia.

Por otra parte es frecuente que en regiones cercanas a los sitios de extracción donde tradicionalmente se practicaba la agricultura, la competencia por el agua (favorable a las empresas mineras) y la contaminación de los suelos, hayan producido la quiebra o una grave afectación de la agricultura campesina. Como en los casos de las comunidades de la Cuenca del Río Sonora (Franco Luis, 2019, Alimentación, territorio y desastre) y de los Valles Centrales de Oaxaca (Oxfam, 2018, Minería y privilegios).

La existencia de esta fuerte precariedad en las zonas más ricas en oro y plata del país donde se genera una enorme riqueza, debiera ser motivo suficiente para que el gobierno mexicano deje de considerar a la minería metálica como actividad de interés público y motor de desarrollo económico local y nacional.

Es urgente desmitificar las supuestas bondades de las actividades extractivas, como la minería metálica. No solamente no han contribuido a mejorar los niveles de vida de las poblaciones donde se asientan, sino que en muchos casos han incrementado su pobreza al destruir sus medios de vida agrícolas y forestales. Y ahondado su vulnerabilidad al destruir y contaminar fuentes de agua y generar problemas de salud pública.

Aleida Azamar Alonso
Profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana
y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica
Correo-e: [email protected]

Beatriz Olivera Villa
Directora ejecutiva de Energía, Género y Ambiente, AC (Engenera)
Correo-e: [email protected]