De acuerdo con Luque y Murphy (2020), en el momento en que ocurrió el derrame, la organización de la región del río Sonora estaba determinada por el gobierno y no había alguna independiente. Tanto el Distrito de Desarrollo Rural como la organización agraria y las unidades de riego agrícola, eran agrupadas y promovidas por el gobierno federal, estatal o municipal.

A una conclusión similar llegaron Díaz-Caravantes, Elizalde y Escoboza (2021b) en un estudio sobre la vulnerabilidad sociohídrica del río Sonora respecto al manejo comunitario de agua potable. En su estudio se analizaron cinco dimensiones: técnica, económica, social, institucional y política, y se concluyó que las comunidades del río son muy vulnerables pues tienen una limitada capacidad de respuesta ante los diversos problemas y amenazas para la seguridad hídrica.

Se encontró también que, en la mayoría de los casos, las comunidades no cuentan con la autonomía suficiente para la toma de decisiones, debido en buena parte a que no cuentan con un marco legal que les otorgue una figura jurídica para la gestión comunitaria del agua (Díaz-Caravantes et al., 2021b).

Ante esta ausencia o limitada presencia de organizaciones independientes del gobierno, Luque y Murphy (2020) plantean que no hubo una respuesta rápida en la defensa de sus derechos colectivos, sino que, durante la emergencia, se vieron obligados a aceptar el manejo de las autoridades gubernamentales.

La respuesta social inicial

De acuerdo con algunos estudios, ante la percepción de una atención ineficaz a la emergencia por parte de los tres niveles de gobierno, una forma de respuesta social se dio a través de la protesta pública, en la cual intervinieron diversos actores.

Según lo señalado por Vega (2019), en septiembre de 2014 comenzaron las primeras manifestaciones públicas expresando el malestar por la forma en que el gobierno manejaba la emergencia y la exclusión de los afectados en la toma de decisiones. A finales de 2014 y principios de 2015 se inició un mayor dinamismo de la protesta pública, como la toma de la carretera de forma intermitente por habitantes del río Sonora para protestar por los apoyos insuficientes y las desiguales del fideicomiso (Vega, 2019).

Pero fue hasta mediados de marzo de 2015 que se llevó a cabo una acción que tuvo cierta contundencia en el contexto de confusión e incertidumbre: trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Minero organizaron la toma de la estación de bombeo de agua de Los Patos, en Cananea. Al mismo tiempo la caravana de unas mil personas del río. Se creó así un movimiento social que tuvo por nombre Todos Unidos contra Grupo México.

Otro movimiento se denominó Frente Río Sonora, con la idea de forzar a las autoridades involucradas con el fideicomiso para que se establecieran mesas de trabajo con ellos (Vega, 2019, pp. 81-83). De acuerdo con Vega (2019), a tres años de iniciada esta fase de acciones colectivas, el primer intento de respuesta social se fue desgastando, lo cual provocó una ruptura de parte de los liderazgos. A ello se le puede sumar el fatal desenlace sufrido por la activista Karla Duarte, quien murió en un accidente automovilístico.

De acuerdo con la tesis doctoral de Lugo (2020), la eventual desarticulación de este colectivo se debió a una cierta incompatibilidad de agendas: por una parte, uno de los frentes actuaba dentro del sistema y esperaba que las acciones de remediación provinieran de arriba hacia abajo, es decir, que el gobierno brindara la atención adecuada. Mientras el otro frente buscaba construir de abajo hacia arriba, ‘’un espacio donde converjan la minería con las actividades económicas tradicionales de la región, se equilibren los costos ambientales y sociales con base en la valoración económica extractiva de la actividad minera” (Lugo, 2020).

Los Comités de Cuenca Río Sonora

Según lo identifican los estudios, es innegable el papel prominente y permanente que los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) han tenido en la segunda etapa de organización de respuesta de la sociedad civil ante el desastre (Ibarra, 2018; Lugo y Lara, 2020; Luque y Murphy, 2020; Vega, 2019).

Lugo y Lara (2020) catalogan a los CCRS como un grupo informal y autónomo con representación en cada uno de los municipios afectados que no guarda relación con los consejos o comités de cuenca oficiales, el cual ha mantenido actividades constantes para visibilizar la problemática, realizado acciones de concientización en la zona afectada y participado en eventos a nivel nacional e internacional. Ibarra y Moreno identifican a estos comités como los impulsores de varias demandas de amparo ante el poder judicial, entre las que destacan los siguientes temas: 1) en materia de manejo de residuos peligrosos; 2) de consulta y participación pública respecto a la construcción de la nueva presa de jales, y 3) de aplicación de la normatividad mexicana respecto a los parámetros para medir la calidad del agua.

De acuerdo con Luque y Murphy (2020), acompañando a los CCRS se puede ubicar a la organización no gubernamental grupo PODER AC, que tiene por misión “la construcción de un movimiento ciudadano para la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina” (citado por Luque y Murphy, 2020, p. 231). Para estos autores, la lucha social se ha ciudadanizado, y en las circunstancias derivadas de un desastre, este proceso se acelera y abre un espacio particular e inédito en la tradición política regional.