Según los datos del censo agropecuario del 2014, Costa Rica posee 93 mil 017 fincas censadas con una superficie cercana a 2.5 millones de hectáreas, lo que representa el 47 por ciento del territorio nacional. De esta superficie, el 22.6 por ciento es dedicado a cultivos, mientras que el 77.4 por ciento se relaciona con pastos, bosques y ganadería. En cuanto a la tenencia de la tierra, el 91 por ciento de las fincas está inscrita como tierra propia, mientras el restante nueve por ciento se trabaja a través de otras formas como el alquiler, arrendamiento u ocupación precaria. En cuanto a la condición jurídica de las fincas inscritas, los productores individuales –personas físicas– representan el 87.1 por ciento y poseen el 39.3 por ciento de la extensión total de las fincas, mientras que las empresas –sociedades de derecho– constituyen el 8.5 por ciento y tienen el 54.7 por ciento de la tierra productiva.

En números absolutos, esta relación quiere decir que el primer sector posee poco más de 1.3 millones de hectáreas con un promedio de 16.2 por finca. Mientras que por el otro lado, las empresas representan 945 mil 722 hectáreas con un promedio de 119.6 por finca. En términos comparativos con el censo de 1984, este cambio significa una disminución del 31.3 por ciento de las fincas inscritas como personas jurídicas y un crecimiento del 23.3 por ciento de las sociedades de derecho.

Esta primera radiografía muestra algunas cosas importantes 1) la actividad agropecuaria ocupa casi la mitad de la superficie del territorio, predominando sobre todo la ganadería, 2) La mayoría de las fincas están inscritas legalmente y 3) Existen un crecimiento de la organización empresarial del sector agropecuario. Este primer acercamiento plantea algunos debates sobre los avances de la modernización y las políticas de diversificación impulsadas por el Estado desde 1980.

Fue precisamente al calor de la guerra civil centroamericana, la crisis económica mundial de finales de los años 70 y las tensiones internas del desarrollismo estatal, que en Costa Rica se firmó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE) de la región latinoamericana, con el fin de llevar al país por las vías del neoliberalismo y el consenso de Washington. Los primeros pasos fueron la reforma agrícola y la apertura de la banca nacionalizada desde 1949.

El desarrollo de este proceso se concretó en la reestructuración de la producción de granos básicos (maíz, arroz y frijoles), la diversificación exportadora, a través de subsidios estatales llamados Certificados de Abono Tributario (CATS) que representaron miles de millones de dólares y el cese de la política de distribución de tierras a través de la creación de asentamientos campesinos.

Visto 30 años después, según el censo agropecuario del INEC del 2014, los frutos de estas políticas fueron la concentración de la producción agrícola en cinco cultivos: café, palma aceitera, caña de azúcar, banano y piña. En su conjunto representan el 12.67 por ciento de la superficie total. Los que más han crecido en comparación al último censo agropecuario de 1984 fueron la palma con incremento del 294.6 por ciento y la piña con mil 422 por ciento. En contraste, los granos básicos (maíz, arroz y frijoles) representan hoy 3.89 por ciento de la tierra con una clara tendencia a la baja de 32.3 por ciento, 52.1 por ciento y 73.1 por ciento, respectivamente.

En síntesis, la llamada diversificación productiva fue sencilla: quitar recursos a los más pequeños y distribuirlos a los más grandes. Esto le costó al Estado en el periodo 1972 y 1999, entre 150 y 200 mil dólares por cada millón de dólares exportados. Un generoso subsidio de entre un 15 por ciento y 20 por ciento. Al final de este periodo, Edelman cuenta que 26 empresas recibieron más de la mitad de los subsidios y solo Pindeco (subsidiaria de la transnacional Del Monte) el 10 por ciento del total de este monto. Mientras, según datos de Procomer, la mayoría de los alimentos importados son precisamente los granos básicos: maíz, arroz y frijoles.

Para que esta tendencia a la “modernización” de la estructura empresarial fuera posible, resultó vital la regularización de la tenencia de la tierra. Se hizo a través de varios programas liderados por el actual Instituto de Desarrollo Rural (Inder) (antiguo Instituto de Desarrollo Agrario) que contó con una inyección importante de recursos provenientes del gobierno de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas iniciativas buscaban registrar y delimitar de forma más rigurosa el territorio de acuerdo a sus diferentes usos. De aquí se sentaron las bases para que el Inder transfiriera recursos para la titulación de los baldíos nacionales, creación de proyectos de desarrollo agrícola y de áreas silvestres protegidas, territorios indígenas y asentamientos campesinos.

Este último programa había sido el intento más sistemático del Estado de dar una salida institucional al conflicto por la tierra sin tener que efectuar una reforma agraria integral. De 1962 al 2005, creó 962 asentamientos en todo el país, con una superficie de poco más de 802 mil hectáreas, lo que representa el 32 por ciento de la superficie agropecuaria actual (datos del Inder). Del total de estos, el 39 por ciento fueron producto de la ocupación campesina, a través de tomas de tierras, una cifra nada despreciable para un país que se autopromueve como el “más feliz del mundo”.

Fruto de estos programas, una gran cantidad de familias campesinas tuvo acceso a la tierra, la cual habían perdido antes por la expansión de los cultivos tradicionales de exportación: café, banano, caña de azúcar y ganadería. Pero las familias se vieron trabajando en un nuevo entorno productivo favorable a los monocultivos “no tradicionales” (palma y piña). De esta manera, una parte importante de la economía campesina tuvo que buscar estrategias de convivencia y adaptación (no siempre pacíficas y negociadas) con los grandes conglomerados agroindustriales que concentran la mayoría de los recursos de la cadena productiva y los puestos claves en la dirección política del sector.

Volviendo al punto inicial, luego de más de tres décadas de iniciada la reforma agrícola en el país se puede constatar cómo ésta sigue siendo una actividad fundamental para la vida económica del país. Si nos apegamos estrictamente al dato, parece que Costa Rica es una tierra de “labriegos sencillos”, en donde la actividad fundamental del país está en posesión de campesinos pacíficos y propietarios, según promueve la tradición.

Sin embargo, una mirada más profunda nos muestra que el debate fundamental sigue estando en quienes controlan los medios de producción (tierra, mercado, insumos, etc.) y hacia donde se dirigen sus ganancias. Y es en esa dirección donde deberíamos concentrar nuestros esfuerzos de reflexión.

José Julián Llaguno Thomas
Profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica
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