El Artículo 115 de la Constitución mexicana establece que les corresponden a los municipios “las funciones y servicios públicos de… agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;”…que “podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos… y podrán celebrar convenios con el Estado para que éste… se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.”

En México existen 2 mil 500 organismos operadores (OO), aproximadamente, los que en su mayor parte prestan el servicio a un solo municipio; en algunos casos un OO presta servicio a varios (p. ej. el SIAPA en la zona metropolitana de Guadalajara, e Interapas en la zona metropolitana de San Luis Potosí) o en todo un estado, como en Nuevo León en donde el Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) le da servicio a todos los municipios.

Las competencias técnicas, comerciales, financieras y administrativas de los diferentes OO municipales varían en un rango muy amplio. Se ha resaltado repetidamente el buen desempeño de SADM, y de los OO de Tijuana y de León; pero –en las últimas dos décadas especialmente– se ha señalado repetidamente una larga lista de deficiencias y problemas de la mayor parte de los OO; entre ellos: la rotación de directivos cada vez que cambia el gobierno municipal; falta de personal calificado; tarifas insuficientes –además de la ineficiencia de cobranza–, que los hace dependientes de apoyos de la Conagua y de los gobiernos estatales; infraestructura en malas condiciones por falta de mantenimiento, lo que da lugar a porcentajes altos de fugas físicas (40 por ciento o más); falta de planeación a largo plazo; falta de un marco jurídico y regulatorio; falta de instrumentos de transparencia y de participación ciudadana; consejos directivos poco profesionalizados y que responden a intereses políticos.

Existe un consenso sobre la importancia de mejorar y fortalecer a los OO, pero no sobre lo que se requiere en forma prioritaria y la forma de llevarlo a cabo. La solución que más se ha mencionado –y promovido por parte de las autoridades federales y algunas estatales y municipales– es la participación privada (o “privatización”, según la denominación del Diccionario de la Lengua Española) en la gestión de los OO.

Esta se mencionó por primera vez en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que consideraba “…la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción y operación de infraestructura… así como en la prestación de los servicios respectivos…”; y posteriormente en las leyes estatales de agua. El Programa de Modernización de OO de Agua (Promagua), que operó entre 2001 y 2017 tenía como objetivo “…promover la participación del sector privado mediante esquemas de asociación público-privadas (APP)…”.

Las dos iniciativas de Ley General de Aguas que se presentaron en la Cámara de Diputados en 2015 y 2017 (conocidas como Korenfeld y Pichardo, por el nombre de sus promotores) tienen también un carácter privatizador. Finalmente, la reducción del presupuesto de Conagua en 2017 y 2018 ha hecho que muchos de los funcionarios de los OO públicos consideren que tendrán que aceptar la participación privada, porque su presupuesto no les alcanza para realizar las obras de infraestructura, que se requieren con urgencia en muchos casos, y mucho menos para cumplir con los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAyS) establecidos en el Artículo 4º de la Constitución Mexicana el 8 de febrero de 2012.

A la privatización del agua se le dio gran promoción a nivel mundial en la década de los noventa, con el apoyo del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales, con promesas de mejorar las eficiencias, atraer inversiones y ampliar el suministro de agua y saneamiento a los pobres. La falta de cumplimiento de estas promesas ha dado lugar a la reducción en el número de nuevas privatizaciones y a la remunicipalización de muchos sistemas de agua previamente privatizados, entre ellas la del sistema de agua de París, sede de las dos transnacionales más grandes del mundo en el sector.

Desde la publicación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992 se han privatizado en México solo ocho organismos operadores, algunos de los cuales integran varios municipios. Los citamos en orden cronológico:

Aguascalientes, Ags (concesión, 1993)

Cancún e Islas Mujeres, Quintana Roo (Concesión, 1993). En 2014 se anexó el municipio de Solidaridad

Navojoa, Sonora (concesión, 1996)

Saltillo, Coahuila (empresa mixta, 2001)

Ramos Arizpe, Coahuila (empresa mixta, 2013)

Puebla y municipios vecinos, Puebla (concesión, 2014)

Veracruz y Medellín, Veracruz (empresa mixta, 2015)

Boca del Río, Veracruz (empresa mixta, 2017).

Algunos aspectos negativos comunes en todos los casos anteriores han sido (entre paréntesis mencionamos algunos ejemplos que llaman la atención):

• Procesos de privatización opacos y sin participación ciudadana.
• Corrupción (comprobada o sospechada). Señalamos los casos de Aguascalientes en los que la deuda del sistema de agua, que debía ser absorbida por el operador privado a cambio del aumento de tarifas, se traspasó al Fobaproa; y el de OO de Cancún-Isla Mujeres: en reunión secreta del Cabildo se extendió el contrato por 30 años, cuando todavía faltaban nueve para que se venciera el contrato original. A cambio, el gobierno de Roberto Borge recibió un pago de mil 55 millones de pesos.
• Aumentos de tarifas por consumo y servicios diversos (hasta 400 por ciento en Ramos Arizpe y Puebla).
• Desconexiones o cortes de agua (más de 100 mil al año en Saltillo para un padrón de 240 mil usuarios). Debido principalmente a este punto y al anterior, los organismos privatizados han logrado aumentos importantes en sus ingresos.
• Falta de transparencia en la gestión. En todos los casos se ha declarado como reservada al menos parte de la información relevante para la población.
• Incumplimientos legales (la empresa privatizada de Saltillo violó cinco artículos de la Ley de Aguas del Estado durante varios años. En 2012, el cabildo concedió un aumento importante de tarifas para que dejaran de hacerlo. No hubo ninguna sanción.)
• Incumplimientos con los compromisos establecidos en los contratos de asociación; por ejemplo, para inversiones en infraestructura y para reducción de fugas físicas, etc. (en Saltillo siete aumentos de tarifas por encima de la inflación, a pesar de que el contrato de asociación establecía que los aumentos de tarifas se harían de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor).
• Los OO de Navojoa y Ramos Arizpe se remunicipalizaron después de ocho años y 15 meses de gestión respectivamente; el primero porque la gestión privada no demostró ventajas aparentes, y el segundo porque los ciudadanos –hartos de los abusos de la empresa privada– se lo exigieron a todos los candidatos a alcaldes en la elección que tuvo lugar seis meses después del inicio de su gestión.

Hasta el momento, la mayor parte de los OO en México han conservado su carácter público a pesar de varias arremetidas privatizantes de parte de las autoridades federales, estatales y municipales; además del Banco Mundial y otros organismos internacionales. Las Comisiones Estatales de Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, junto con académicos y expertos conocedores del tema del agua y el saneamiento, y la ciudadanía en general, tendrán mucho trabajo en los próximos años para fortalecer a los OO, conservar su carácter público y asegurar que los derechos humanos al agua y al saneamiento sean una realidad en nuestro país.

Gloria Tobón de Garza

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, AUAS, AC

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