En memoria de Kiriaki Oripel

La sierra Tarahumara es una región con una gran diversidad de ecosistemas forestales y una enorme biodiversidad; en ella vive una importante población originaria: los pueblos rarámuri (tarahumara), ooba (pimas), warijó (guarijíos) y odami (tepehuanos), que representan casi el 40 por ciento de la población de la zona. La mayoría vive en condiciones de pobreza extrema.

Las principales actividades económicas en la sierra Tarahumara son la producción forestal, la minería y el turismo; sin embargo, solo una mínima parte del valor e ingresos se quedan en la región y sus beneficios se distribuyen de manera inequitativa.

La producción forestal en la sierra Tarahumara se realiza principalmente por ejidos que recibieron dotación de tierras partir de la Reforma Agraria en los años 30 del siglo XX. Muchos de estos ejidos se establecieron sobre los terrenos de las poblaciones originarias; en algunos casos a las poblaciones indígenas les dotaron tierras ejidales o les reconocieron sus territorios originales, pero en otros casos no, y por ello se sobrepusieron terrenos ejidales o privados sobre los territorios originales de las poblaciones indígenas.

A diferencia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la producción forestal en Chihuahua y en la sierra Tarahumara la realizan ejidos y no empresas privadas o paraestatales. Sin embargo, la mayor parte de estos ejidos son proveedores de materias primas (madera en rollo) o rentan sus bosques a dueños de aserraderos o empresarios forestales que transforman la madera en diferentes productos.

En esta región hay 176 ejidos que realizan aprovechamientos forestales autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y de este número 30 por ciento son ejidos rentistas, 56 por ciento son productores de madera en rollo y 14 por ciento tienen sus propias empresas forestales comunitarias que cuentan con aserraderos propios y venden su madera en forma de tablas.

Este es un hecho poco conocido de la sierra Tarahumara: la producción forestal de esta región descansa en los ejidos mestizos e indígenas, pero las acciones institucionales no reconocen esto y no han puesto en el centro de su atención al modelo de silvicultura comunitaria que se ha desarrollado en la sierra en los pasados 30 años.

En esta región existen ejidos con importantes avances en manejo forestal cuya población es principalmente indígena, pero no son valorados ni reconocidos por sus logros y resultados.

Por solo citar algunos ejemplos están los ejidos de Caborachi, Agua Zarca, El Tule y Portugal y Chinatú, que cuentan con empresas forestales comunitarias, la mayoría de su población es indígena y han desarrollado diferentes modelos de manejo y aprovechamiento sustentable de sus bosques. Agua Zarca, con población rarámuri, es un ejido que produce madera en rollo y en 2018 tuvo por primera vez una comisaria de origen rarámuri, y su prestador es un ingeniero forestal también de origen rarámuri.

Caborachi es un ejido certificado por su buen manejo del bosque bajo los estándares internacionales del Forest Stewardship Council y cuenta con dos aserraderos, uno para diámetros gruesos y otro para delgados; tiene un proyecto de turismo de naturaleza, una Unidad de Manejo de Vida Silvestre (UMA), un centro de acopio para la venta de artesanías, y una fábrica de cerámica. Tiene el distintivo de Comunidad Instructora por parte de la Conafor y en este ejido se han formado más de 100 promotores comunitarios forestales de los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Coahuila. Cuenta también con un vivero propio y áreas destinadas voluntariamente para la conservación (ADVC), además de que ha restaurado más de 100 hectáreas en los pasados diez años.

El ejido El Tule y Portugal tiene una empresa forestal comunitaria con un aserradero, han desarrollado un proyecto de turismo de naturaleza y establecido dos viveros forestales. El ejido está certificado bajo la norma mexicana y, en coordinación con la Conanp, aportó parte de su territorio para establecer un área de protección de flora y fauna que se conoce como cerro Mohinora y que protege diversas especies amenazadas o en riesgo de importancia local y global.

Estos ejemplos demuestran que cuando las instituciones de gobierno enfocan adecuadamente sus recursos y programas es posible desarrollar capacidades y alternativas económicas para los ejidos y comunidades que poseen recursos forestales, además de mantener los servicios ecosistémicos de los cuales nos beneficiamos todos como sociedad.

La otra cara de la moneda de la situación forestal en la sierra Tarahumara es la violencia a la que han estado sometidas diversas comunidades originarias en la defensa de su territorio; violencia ejercida por grupos del crimen organizado ligados al tráfico de drogas, así como por los conflictos derivados del aprovechamiento de recursos forestales que en algunas ocasiones se han otorgado por parte de la Semarnat sin respetar a los propietarios originales y sin consulta de por medio.

Comunidades como Choreachi, Coloradas de la Virgen y San Elías Repechique son ejidos con población rarámuri que han demandado la nulidad de los permisos otorgados por la Semarnat, alegando que dichas autorizaciones se han expedido en el territorio ancestral de estas comunidades sin el consentimiento previo, libre e informado. Cada caso tiene causales diferentes; por ejemplo, en Choreachi el permiso se otorgó en un área de sobrelapamiento de núcleos agrarios en favor de otra comunidad diferente a la primera; en Coloradas de la Virgen y en Repechique se habían otorgado permisos en el territorio ancestral de la comunidad a supuestos propietarios particulares que presentaron documentación que alegaba su propiedad. Después de lograr triunfos legales y suspender los permisos de aprovechamiento, las comunidades rarámuris han señalado que sus bosques siguen siendo explotados pero ahora de manera irregular y por medio de tala clandestina y en ellos se provocado constantemente incendios forestales¹.

Coloradas de la Virgen

La situación de violencia en esta comunidad ha llegado al extremo que en un lapso de tres años han tenido que salir varios indígenas de la comunidad y han asesinado a nueve indígenas rarámuris de esta comunidad, por defender su territorio y evitar la explotación de sus bosques², incluido Isidro Baldenegro, Premio Goldman en 2005, y Julián Carrillo, en octubre de 2018, quien supuestamente tenía medidas de protección por parte del Estado mexicano.

Ante la situación en la que viven las comunidades rarámuris y los ejidos forestales de la sierra Tarahumara, urge que la administración federal que recién arranca establezca una nueva política de atención prioritaria para reestablecer la gobernabilidad en los sitios donde el crimen organizado se ha establecido, para reconocer los territorios ancestrales de las comunidades originarias, para desarrollar protocolos que garanticen la consulta a la población indígena cuando se vayan a autorizar nuevos permisos de aprovechamiento forestal, y focalizar los programas de desarrollo forestal hacia el fortalecimiento de los modelos de silvicultura comunitaria en los ejidos de la sierra para mejorar su gobernanza, impulsar sus empresas forestales comunitarias, así como invertir en activos productivos para ir mas allá de las transferencias monetarias directas que se han anunciado desde el gobierno federal.

¹ Alianza Sierra Madre, AC, Tierra Nativa, AC, y Consultoría Técnica Comunitaria, AC, 2016. Informe: Derechos territoriales de los pueblos indígenas de la sierra Tarahumara. Chihuahua, México.

² Amnistía Internacional. 2019. Entre balas y olvido: ausencia de protección a defensoras del territorio en la sierra Tarahumara. Londres, Reino Unido.

Salvador Anta Fonseca

Este trabajo se elaboró con información generada por la consultoría que realizaron Idesmac, DCAAC y ALL Info, como parte del “Proyecto Tarahumara sustentable” que financia Conanp, ONUMA y WWF