Los bosques y selvas son ecosistemas que albergan una gran biodiversidad. Alrededor del 80 por ciento de las especies de flora y fauna existentes se encuentran en estos ecosistemas. Las comunidades locales y pueblos indígenas que habitan y son dueños de estos territorios son actores clave para la conservación de esta gran riqueza natural, pues sus labores de manejo sustentable de los recursos naturales han permitido la protección de los territorios frente a diversas amenazas y han logrado la domesticación de plantas y animales que hoy en día constituyen la base de nuestra alimentación.

México es reconocido en el mundo por sus empresas forestales comunitarias. Las casi mil empresas sociales que se dedican al manejo y aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales son un referente para otras naciones con grandes extensiones de bosque.

Sin embargo, en vez de fortalecer este tipo de emprendimientos de manejo de los recursos naturales de forma sostenible, las políticas públicas de México no han fomentado estos esquemas productivos y en cambio se han enfocado en la asignación de subsidios con un enfoque asistencialista dando prioridad al pago de la siembra de arbolitos o bien pagando por no tocar el bosque, acciones que no han logrado detener la deforestación ni la degradación de los bosques y selvas del país.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible documentó que de 2010 a 2017, de los 35 mil millones de pesos invertidos en el sector forestal a través de los subsidios ejercidos por la Comisión Nacional Forestal, 46 por ciento se gastó en actividades de reforestación, restauración y conservación y 26 por ciento en el pago por servicios ambientales. En contraste, la inversión destinada al manejo forestal comunitario y el desarrollo de capacidades productivas en las comunidades fue de apenas el 5 por ciento.

El documento Subsidios forestales sin rumbo. Apuntes para una política en favor de las comunidades y los bosques (2018), señala que “contrario a sus propósitos, la política forestal de los últimos sexenios ha debilitado los modelos comunitarios de gestión forestal y la generación y desarrollo de iniciativas productivas. La compleja y costosa carga regulatoria para realizar actividades forestales, su aplicación discrecional por parte de autoridades y una burocracia lenta y redundante se conjugan con la prioridad que la Conafor otorga a los programas asistencialistas y no productivos, lo cual desalienta ampliamente las iniciativas productivas y los procesos de apropiación y control comunitario sobre la gestión forestal.

En decenas de regiones forestales del país, los emprendimientos comunitarios de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales generan a las comunidades y ejidos forestales del país ingresos provenientes de la venta de la madera y otros productos forestales no maderables, como resinas, hojas, frutos y semillas.

De acuerdo con el Centro para la Investigación Forestal (Cifor), el manejo forestal comunitario puede ser entendido como el uso planificado de diferentes tipos de bosque por parte de las poblaciones locales; entre ellas, comunidades indígenas, campesinas o tradicionales, asentamientos de colonos, poblaciones ribereñas y pequeños agricultores.

Asimismo, el manejo forestal comunitario es una de las opciones más promisorias para resolver el gran dilema de la conciliación entre la preservación de la naturaleza y el desarrollo económico. Su eje central es mejorar el bienestar de sus protagonistas: los pobladores en comunidades campesinas e indígenas, y contribuir a la conservación de los bosques para asegurar a la sociedad en general los servicios que estos proporcionan.

“En las décadas de 1980 y 1990 se gestaron y fortalecieron experiencias de manejo comunitario de los recursos forestales y surgieron programas gubernamentales que catalizaron y apoyaron de manera efectiva el desarrollo forestal comunitario”, refiere el CCMSS.

Múltiples lecciones y aprendizajes emanados de esta rica experiencia de política pública en torno al manejo forestal comunitario caracterizan a nuestro país. El manejo forestal comunitario ha sido pionero en México y ha logrado convertirse en una fórmula exitosa para el desarrollo local.

Mediante políticas públicas de acompañamiento y desarrollo de capacidades organizativas, productivas y de comercialización se lograron consolidar empresas forestales comunitarias que siguen operando con éxito como Xiacuí, Ixtlán y San Pedro El Alto, en Oaxaca; El Largo y La Trinidad en Chihuahua; Pueblo Nuevo, y Topia en, Durango; Noh-bec en Quintana Roo, entre muchas otras.

La atención pública al sector forestal dio un vuelco en el que se privilegió la conservación pasiva a través de instrumentos restrictivos del uso y aprovechamiento de los recursos; es decir, para conservar sin tocar. Esto, en detrimento de las condiciones de los bosques y selvas del país, así como de los pueblos indígenas, las comunidades y los ejidos.

El manejo forestal comunitario ha demostrado ser una solución probada para mejorar el bienestar de las comunidades rurales del país y conservar activamente los recursos naturales; sin embargo, instituciones gubernamentales han querido relegar esto porque representa un obstáculo para el desarrollo de megaproyectos extractivos como la agricultura industrial de monocultivos, la ganadería extensiva y la minería; que requieren de grandes extensiones de tierra y agua para producir.

Es mucho más sencillo obtener una concesión minera que una autorización para el manejo forestal. Hay muchos más recursos para la producción agroindustrial que para proyectos productivos sostenibles como la apicultura y el aprovechamiento forestal sustentable.

Ha sido ampliamente documentado que en las regiones forestales en las que se realiza el aprovechamiento forestal sustentable por parte de comunidades y ejidos bien organizados no hay degradación ni deforestación, por el contrario, gracias al aprovechamiento y a las técnicas silvícolas que emplean las comunidades, los bosques se renuevan y hay presencia de mayor biodiversidad y se generan servicios ecosistémicos de mejor calidad como la captura de carbono, conservación de suelo e infiltración de agua a los mantos freáticos.

Las empresas forestales comunitarias generan empleo e ingresos para los pobladores de la localidad y de comunidades vecinas. Aunque no siempre las ganancias derivadas de la comercialización de la madera son suficientes para completar sus necesidades, las compensan con otro tipo de actividades productivas como la milpa, la apicultura y la cría de animales.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, recientemente aprobada a finales de 2018, mandata la formulación de un programa de fomento al manejo forestal comunitario, que el gobierno federal entrante, encabezado por Andrés Manuel López obrador, deberá instrumentar. Esta es una gran oportunidad para fortalecer a las iniciativas comunitarias que manejan y conservan sus bosques y selvas, para que les permita acceder a mejores niveles de bienestar.

México cuenta con 65 millones de hectáreas de bosques y selvas, el 70 por ciento de dicha superficie es propiedad de ejidos y comunidades. Al día de hoy, solo 12 millones de hectáreas de bosques y selvas se encuentran bajo algún esquema de manejo. El potencial forestal de México en términos productivos, ambientales y sociales es enorme.

Gerardo Suárez
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC