En 2018, las comunidades forestales de la sierra de Juárez en Oaxaca celebraron la victoria de una lucha emblemática, aunque poco conocida por la sociedad mexicana: la del manejo autónomo de sus territorios. Como hoy sucede con el agua, los bosques comunitarios de la sierra de Juárez, junto con los de otras regiones forestales de México, fueron concesionados durante largos periodos a empresas privadas y paraestatales para la extracción de la madera, justificando el despojo con argumentos sobre la necesidad de desarrollar el país.

A partir de 1956, la empresa papelera Fapatux, de capital canadiense, explotó 251 mil 823 hectáreas de los bosques de 19 comunidades de la sierra, generando escasos beneficios locales y fuerte deterioro en las áreas intervenidas. En los hechos, a pesar de que la propiedad comunal de la tierra era reconocida por el Estado mexicano, la concesión implicaba una expropiación de facto de la tierra y los recursos A lo largo de los años, los agravios y el descontento de las comunidades y sus habitantes fueron en aumento, al punto que, durante los últimos cinco años de la concesión, cinco comunidades mantuvieron una “huelga de abasto”.

Se constituyó entonces la Organización en Defensa de los Recursos Naturales de la Sierra de Juárez (Odrenasij), que aglutinaba a comunidades zapotecas y chinantecas de San Juan Evangelista Analco, Santa Cruz Yagavila, Santiago Atepec, San Pablo Macuiltianguis, San Juan Chicomesúchitl, Santa Catarina Ixtpeji, San Juan Luvina, San Andrés Yatuni, La Trinidad, Yavesía, Santa María Jaltianguis, Cuajimoloyas, San Juan Tepanzacoalco, Santiago Laxopa, San Juan Comaltepec, San Juan Quiotepec, Latuvi, Santa Catarina Yahuio, San Sebastián Guiloxi, San Miguel Abejones, Santiago Lalopa, Tanezte de Zaragoza, Santiago Yaveo, Santiago Choapan, Capulalpam de Méndez y Guelatao de Juárez, todas ellas opuestas a las actuación de la concesionaria.

A pesar de la oposición y de las movilizaciones sociales, en noviembre de 1982, el presidente José López Portillo dictó un decreto que renovaba indefinidamente la concesión forestal de la sierra de Juárez y la de la sierra Sur, en favor de la Compañía Forestal de Oaxaca. En un hecho inédito, las comunidades oaxaqueñas interpusieron un amparo contra el decreto presidencial y lograron derogarlo al año siguiente.

El triunfo comunitario marcó un hito en la lucha social, revelándose exitosamente contra un Estado subordinado a intereses privados.

La movilización de las comunidades de la sierra de Juárez dejó también su huella en la formulación de la Ley Forestal de 1986, en la que se cancelaba el modelo de concesión forestal, pero también la posibilidad de que las comunidades tuvieran la titularidad de los servicios técnicos forestales.

Ambos son aspectos clave para explicar, en parte, el desarrollo de la silvicultura comunitaria en México. Esta cultura forestal comunitaria ha sido capaz de amortiguar el desenfreno neoliberal de poner en el centro a los intereses privados.

Gracias a la derogación del decreto, la actividad forestal comunitaria en distintas comunidades de la sierra ha generado un desarrollo local que se ha convertido en referencia de gobernanza, sustentabilidad, de conservación y de calidad de vida. Desde los años 80 del siglo pasado las comunidades forestales oaxaqueñas, en especial aquellas aglutinadas en organizaciones regionales, emprendieron el desarrollo de empresas propias a partir del buen manejo de sus territorios y recursos naturales, invirtieron las ganancias en la creación de nuevas fuentes de empleo y en servicios públicos locales y obtuvieron importantes reconocimientos ambientales internacionales y nacionales.

No solo estas comunidades impulsan modelos de desarrollo local equitativo sino también experiencias de conservación propia que representan alternativas a la conservación jerárquica y excluyente en que descansan la mayor parte de las áreas naturales protegidas del país. En términos de gobernanza, la gestión de las empresas, las comunidades y los municipios descansa en una sólida participación y en la democracia directa.

La presencia sostenida de la experiencia de las comunidades forestales de la sierra de Juárez muestra la viabilidad de su iniciativa y la posibilidad de ser asumida como modelo de desarrollo basado en la autogestión y la sustentabilidad. No obstante, esas experiencias han pervivido a pesar de las políticas públicas y la actuación gubernamental y no gracias a su apoyo. Los retos que estas comunidades han enfrentado y enfrentan son numerosos y merecen la atención del gobierno del cambio.

La imposición de concesiones mineras –de altos impactos ambientales y sociales– a pesar del fuerte rechazo social; la sobrerregulación de la actividad forestal y la ineficiencia y sesgos de la vigilancia forestal; la apertura del mercado nacional de la madera sin apoyos de financiamiento y capacitación para construir competitividad. Más que proyectos generales impuestos, el respeto y atención a las iniciativas y experiencias comunitarias merecen convertirse en eje de la política de desarrollo rural y sustentabilidad.

Leticia Merino
Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones
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