La transición política que estamos viviendo presenta oportunidades y retos para el desarrollo de proyectos de manejo forestal comunitario. Desde la agenda de la política pública, las discusiones legislativas e incluso en el ámbito presupuestal existen múltiples temas que deben atenderse para lograr que el manejo forestal comunitario se consolide como un modelo prioritario (aunque no excluyente de otros modelos) en la gestión de territorios forestales.

La promoción del manejo forestal comunitario tiene el potencial de atender problemas de desarrollo de algunas de las comunidades más vulnerables del país, generar autonomía política y económica, además de ayudar a la conservación de los bosques y a la provisión de valiosos servicios ambientales de los cuáles nos beneficiamos todos.

El panorama político actual en México no tiene precedente. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos asociados a la coalición Juntos Haremos Historia tuvieron un vertiginoso crecimiento a lo largo del año 2018 hasta llegar a posicionarse como la primera fuerza política del país, apenas cuatro años después de su fundación.

Actualmente y por decisión ciudadana tienen a su cargo la presidencia del Ejecutivo federal, cinco gubernaturas, mayorías legislativas en 19 congresos locales y mayoría simple en ambas cámaras del Congreso federal. Desde la transición legislativa de 1997 no se había presentado una situación en donde un solo partido concentrara el poder político del país.

Esta situación presenta oportunidades y retos para quienes promovemos del manejo forestal comunitario. En primer lugar, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Bienestar, ha manifestado que su prioridad será promover el programa social denominado Sembrando Vida. Este programa busca desarrollar cooperativas agrarias y agroforestales en determinadas regiones al sur-sureste del país.

Es importante establecer que este programa no sustituye ni compite con la necesaria promoción de manejo forestal comunitario: sendos programas tienen el potencial de promover actividades distintas en regiones también distintas del país.

México tiene el potencial de aumentar su superficie boscosa bajo manejo forestal comunitario de 7 millones de hectáreas actuales a 15 millones de hectáreas para el fin del sexenio. No obstante, esto requiere posicionar el manejo forestal comunitario como programa prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y el Programa Nacional Forestal.

Desafortunadamente, tanto el gobierno de Peña Nieto como el de López Obrador parecen no dar importancia a este sector. Desde 2017, los programas forestales han presentado serios recortes. El presupuesto forestal asignado en 2016 era de 5.1 mil millones de pesos; para 2017 cayó a menos de 2.4 mil millones de pesos. La caída ha continuado hasta el presupuesto vigente para el año fiscal de 2019 (propuesto y aprobado por Morena) donde los montos destinados al sector forestal ascienden a tan solo 1.2 mil millones de pesos; 3.9 mil millones menos en tan solo cuatro años.

A pesar de que los recortes presupuestales al sector son graves, históricamente los montos destinados a comunidades forestales no han representado más del 7 por ciento del total (actualmente, menos del 4 por ciento). Por tanto, aún estamos a tiempo para hacer una reasignación presupuestal que redunde en la expansión de la cobertura de la superficie forestal bajo permisos de aprovechamiento comunitario sustentable.

Tan solo se necesita hacer un uso más eficiente de los recursos: a) sustituir los apoyos y subsidios por créditos a tasas preferenciales por parte de la banca de desarrollo; b) invertir en caminos e infraestructura que facilite la extracción maderable; c) fortalecer los programas de capacitación de empresas forestales comunitarias, y d) invertir en servicios de información útiles para las comunidades forestales.

Francisco Cravioto
CCMSS
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