¿En qué momento dejamos de producir de manera diversificada y pasamos a un modelo de agricultura industrializada que afecta nuestra alimentación y deteriora nuestros suelos? ¿Cuándo y cómo se perdió la importancia de la agricultura campesina familiar para la política nacional de desarrollo? ¿Cuándo decidimos dejar de comer del campo mexicano e importar alimentos industrializados? ¿Cómo podemos iniciar la recuperación de nuestros suelos y pasar hacia un modelo de agricultura sustentable?

La FAO, agencia internacional de las Naciones Unidas para la alimentación, señaló en 2014 que la pequeña agricultura es importante por estar ligada de manera indisociable a la seguridad alimentaria mundial; rescata los alimentos tradicionales, contribuye a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales, y representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades.

Los campesinos son descendientes de los pobladores que hace más de 10 mil años iniciaron la agricultura en esta zona de la Tierra, constituyendo uno de los cuatro centros de origen de la agricultura (Hawkes, 1983).

Produjeron el maíz, cultivaron la calabaza, el frijol, el chile, el jitomate, el aguacate, el algodón, el guajolote, la vainilla, la papaya, la guayaba; en suma, el 15.9 por ciento de las especies que hoy consume la humanidad (Sarukhán et al., 2008); es decir, uno de cada siete alimentos que hoy consumimos provienen de esta región del planeta (ibid.).

Para aprovechar todo el potencial de la agricultura en pequeña escala es necesario reducir o eliminar los obstáculos que limitan su capacidad de inversión así como un programa de apoyo a la pequeña agricultura que deberá ser acompañado con tres acciones:

1) Compras gubernamentales en apoyo a pequeños productores y al fortalecimiento de los mercados regionales.

2) Fortalecimiento de la organización productiva local para que sea ésta la que contrate de manera directa a los técnicos y desarrolle sus diagnósticos y planes comunitarios.

3) Responsabilidad social. Firma de convenios entre organizaciones locales y gobierno que permita el desarrollo de planes regionales, el impulso de proyectos territoriales y el compromiso con el buen uso de los recursos.

La ruta para el cambio

El retiro del Estado tanto de la producción agrícola, como del acopio, la regulación de los precios y la estructura de créditos y subsidios ha llevado a una polarización entre pequeños y grandes productores agrícolas, pauperizando a pequeños agricultores y abriendo el camino a corporaciones transnacionales agroalimentarias.

Con ello se ha impactado negativamente el sistema agroalimentario mexicano, su nivel nutricional, su seguridad alimentaria y se han ocasionado afectaciones graves a la salud.

Entre las políticas públicas en materia de desarrollo rural integradas en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) destaca, por un lado, la disminución del presupuesto destinado al campo, y por el otro, el carácter desigual de los apoyos: para los grandes productores agrícolas ubicados en los estados de Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Michoacán y Tamaulipas se concentran los subsidios productivos y el financiamiento, dándoles mejores condiciones para producir y competir nacional e internacionalmente.

Mientras que para la mayoría de los pequeños productores se confieren menores montos del presupuesto productivo y subsidios asistencialistas de menor magnitud, lo que no permite mejorar la productividad en estas regiones del país.

Esta situación ha desencadenado una intensa pauperización de los pequeños agricultores, que conforman la mayoría de los propietarios en el país, quienes perdieron su capacidad de alimentarse a partir de su propia producción.

Esta pequeña agricultura, reconocida como indisociable de la seguridad alimentaria logra, a pesar de sus condiciones precarias para producir y de la falta de apoyos económicos gubernamentales, aporta el 39 por ciento de la producción agropecuaria nacional, jugando un rol fundamental en la conservación de la agrodiversidad y como fuente importante de generación de empleos.

La pequeña agricultura requiere de una política agrícola integral, con una visión territorial, que fortalezca la organización productiva local, agrupando programas de distintas dependencias gubernamentales y ponga énfasis en la inversión de bienes públicos (caminos rurales, infraestructura de almacenamiento, pequeña irrigación, investigación, entre otros).

El diseño e implementación de las políticas públicas agropecuarias debe reconocer los cambios en la estructura agraria del país de las pasadas décadas, como el minifundismo y el envejecimiento de la población, forjando un programa de apoyo a la organización productiva local con asistencia técnica y capacitación.

El Programa Especial Concurrente debe construirse sobre la base de bienes públicos, como medio para reducir la pobreza en la población rural así como para disminuir las disparidades regionales.

Reconocer el problema de la pulverización de la tierra conlleva a buscar como solución formas de organización de los productores que descansen en los lazos de solidaridad que existen en las localidades.

Con la liberalización comercial, la producción alimentaria dejó de ser parte de la estrategia de desarrollo nacional. Por un lado se planteó alcanzar la seguridad alimentaria mediante la importación y, por el otro, se convirtió a la agricultura en una actividad generadora de divisas, por lo cual se brindó el apoyo a las grandes empresas por medio de políticas comerciales, laborales y de desregulación. Desde entonces, el sistema agroalimentario mexicano se convirtió en un complejo agroindustrial integrado por compañías semilleras, agrobiotecnológicas, agroquímicas, agroindustriales y alimentarias que se encuentran en manos de algunas pocas compañías transnacionales. Hoy en día, en México, alrededor de 10 empresas controlan la industria alimentaria.

Con este rumbo, nos alejamos de la posibilidad de alcanzar la seguridad alimentaria. Hoy, casi uno de cada cinco habitantes aún carece de los recursos para satisfacer sus necesidades nutricionales mínimamente adecuadas y la pobreza alimentaria extrema se ha incrementado, empeorando en el medio rural y entre la población indígena. Este panorama muestra que las recientes políticas agropecuarias o los programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre no han tenido impacto en la reducción de las carencias alimentarias.

La transformación sociocultural de la alimentación causa estragos en la salud de la población. Al modificar sus patrones de consumo con alimentos ricos en colesterol, grasas saturadas, azúcares y sodio, los problemas de sobrepeso y obesidad, por un lado, y de desnutrición infantil por el otro, constituyen serios problemas de salud pública e hipotecan la vida de las siguientes generaciones.

La recuperación de la seguridad alimentaria requiere un programa integral de apoyo productivo a la pequeña agricultura que reoriente las políticas de desarrollo agrícola y rural para un reajuste de los incentivos y eliminación de los obstáculos para la transformación de los sistemas agrícolas y ganaderos hacia modelos más sustentables, que junto con una política nacional agroalimentaria favorezca la producción diversificada, que conserve agrobiodiversidad y suelos.

Recuperar el sistema agroalimentario mexicano debe ser eje central de una estrategia de desarrollo nacional. Lograr la calidad de los alimentos requerirá la regulación del uso de agroquímicos tóxicos y el fomento de semillas nativas.

Después de varias décadas de implementación del modelo de la revolución verde y del abandono del campo por parte del Estado, el intenso deterioro de los suelos, sustento de la agricultura, amenaza la soberanía alimentaria del país.

El apoyo a sistemas agropecuarios inadecuados causa que más de la mitad de los suelos del país estén degradados ocasionando, por un lado, la disminución de los rendimientos y procesos de desertificación muchas veces irreversibles; pero también impactos a nivel regional, como la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de cuerpos de agua, y la emisión de gases de efecto invernadero.

Las consecuencias de la degradación de los suelos impactan directamente en el bienestar de la población, pudiendo incrementar los niveles de pobreza e impulsar los procesos de migración.

La respuesta gubernamental ante este problema ha sido la creación de programas rígidos y centralizados con poca capacidad de adaptarse a condiciones biofísicas, sociales e institucionales distintas que propicien un fortalecimiento de capacidades locales y con énfasis en transferencias verticales de tecnología, obteniendo como resultado procesos de adopción muy limitados.

En contrasentido de la política agropecuaria, a lo largo del país se gestan estrategias alternativas en forma de sistemas agroforestales y ganadería sustentable acordes con las condiciones locales. Estas experiencias deben conformar el semillero para la construcción de una política de conservación de suelos flexible y adaptativa, que cuente con el apoyo de instancias de investigación estatales, mercados y apoyos económicos.

Regulación de plaguicidas basada en el principio precautorio, como mandata la Constitución, para proteger los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano.

Reconocimiento de la calidad de los suelos como sustento de la producción agroalimentaria. Los lineamientos para su conservación deben estar insertos en programas que fomenten la sustentabilidad.

Diseño de políticas y programas flexibles, horizontales que fomenten la gobernanza en el manejo de agroecosistemas, con principios agroecológicos y adaptados a las condiciones ambientales, sociales, institucionales y económicas de cada sitio, considerando a los agricultores como sujetos centrales del desarrollo.

Fortalecimiento de la cadena productiva de agricultura agroecológica (distribución, venta, educación al consumidor sobre la importancia de la calidad de los alimentos) en ciclos cortos.

Apoyos a la agricultura industrial ecocondicionados para que transite hacia modelos sustentables.

Es necesario fortalecer la investigación en términos de manejo y conservación de suelos, sistemas agroecológicos, semillas, plagas y enfermedades en institutos gubernamentales (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP) y en centros y universidades públicas.

Helena Cotler Ávalos, Héctor Robles Berlanga, Elena Lazos Chávez, Jorge Etchevers

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Héctor Robles: [email protected]