Desde la década pasada, el mundo vive una acelerada transición energética impulsada por diversos factores: la reducción de las reservas de petróleo de fácil acceso y bajo costo; los avances tecnológicos y disminución masiva de costos de energías renovables, a la par que el avance de los acuerdos internacionales que han decidido combatir el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los países desarrollados y algunos emergentes se están moviendo ya hacia una economía de bajas emisiones de carbono, lo que implica disminuir y, eventualmente, eliminar el uso de combustibles fósiles.

A continuación se describen algunos retos de política pública que México debe enfrentar y resolver en el futuro inmediato. Nuestro país se ha sumado al Acuerdo de París, un tratado que busca reducir, de manera importante pero no suficiente, las emisiones de bióxido de carbono, metano y otros gases y compuestos con efecto invernadero.

La ciencia nos dice que aun con un estricto cumplimiento de las metas de reducción de emisiones que cada país se ha planteado, nuestro planeta probablemente se calentaría de 3 a 4 grados Celsius por arriba del promedio histórico, lo que conllevaría impactos enormes a la salud, a los sistemas de producción de alimentos, a la biodiversidad y a buena parte de la infraestructura de comunicaciones y transportes.

Ante esta realidad, la transición energética no puede ser gradual sino transformacional, adoptando el paradigma de la descarbonización de la economía de manera rápida y profunda.

Ruta para el cambio

Es necesario entender con claridad la urgencia y la escala del problema para evaluar si las políticas propuestas por la actual administración son pertinentes y congruentes en su magnitud y tiempos de implementación.

Es de particular importancia asegurar la congruencia de las diferentes políticas de gobierno para evitar la implementación de acciones contradictorias. Entre las medidas a tomar están:

• Garantizar el acceso universal a la energía invirtiendo en la instalación de paneles solares (a través del esquema bono solar) en los millones de hogares a los que hoy se les subsidia la tarifa eléctrica, pero que aun con estos subsidios sus ingresos no alcanzan para incrementar sus niveles de consumo de electricidad para usar sistemas de enfriamiento.

La superación de la pobreza energética es un derecho social. Entre los estados con mayores niveles de privación de estas necesidades se encuentran Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Otros estados con pobreza energética son Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán, Hidalgo y Puebla.

La disminución de los precios de generación de la energía solar con paneles fotovoltaicos es una opción tecnológica viable para garantizar el acceso adecuado a la energía.

• Evitar los activos “varados”, es decir, no invertir hoy grandes sumas de dinero en infraestructura energética relacionada con combustibles fósiles, como son refinerías de petróleo y plantas eléctricas de gas natural.
• Es enorme el costo financiero y de oportunidad que se genera al desviar recursos públicos para subsidiar los precios de los combustibles fósiles. Si bien los subsidios directos o indirectos a la energía no siempre son negativos, deben focalizarse rigurosamente.

Los subsidios a las tarifas de transporte público, el costo de los combustibles para transportistas de alimentos básicos o las tarifas eléctricas para las poblaciones de bajos ingreso (y reducido consumo de energía) son necesarios y progresivos, tienen justificación y funcionan como instrumentos de redistribución tributaria.

Sin embargo, es posible mantener esos apoyos pero transformando ese subsidio en una inversión en generación solar distribuida.

• La Ley de Transición Energética, aprobada y publicada en 2015, establece metas obligatorias graduales de penetración de las energías limpias, hasta llegar a un 35 por ciento de la matriz energética. La generación con energía solar y eólica ofrecen los precios más bajos del mercado.

Si bien se requiere resolver problemas de gobernanza, impactos sociambientales, y de fortalecimiento y ampliación de la red eléctrica se cuenta con evidencia suficiente para plantear una meta de energías renovables bastante más ambiciosa.

A pesar del crecimiento de la energía eólica y solar, los niveles actuales de generación están muy lejos del potencial de generación económicamente competitivo que se estima para nuestro país.

Para aprovechar el potencial de generación de energía existente en México es indispensable: ampliar, modernizar y automatizar de forma acelerada la red de transmisión eléctrica nacional. Ello incluye conectar al istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y a la península de Baja California al resto de la red nacional.

Además, es fundamental crear gobernanza, certidumbre y transparencia para resolver de manera incluyente, democrática y sustentable los conflictos sociales relacionados con la tenencia de la tierra, los impactos ambientales y la distribución de beneficios de manera justa y legítima.

También es necesario fortalecer la autonomía y las capacidades de las instituciones responsables de la planeación, regulación, manejo y despacho de la energía, para que impulsen de manera coordinada la transición eléctrica de la forma más rápida posible.

• Para avanzar en eficiencia energética es importante que el gobierno de México asuma como prioridad el proveer cientos de miles de sistemas eficientes de enfriamiento (tecnología de inversores) y millones de luminarias de LED a las nuevas viviendas y emprender un programa de gran escala para la instalación de estos sistemas en viviendas existentes.

Los paneles fotovoltaicos, la iluminación con LED y los sistemas eficientes de enfriamiento constituyen inversiones costo-eficientes que no deben postergarse, pues mejorarán el bienestar y condiciones de vida de la población a la vez que harán innecesario mantener los subsidios millonarios que actualmente se dedican a la provisión de electricidad basada en el uso de hidrocarburos.

• Otra política que debe expandirse es la dotación a las ciudades de sistemas de alumbrado público eficientes, estrategia que puede reducir el gasto en alumbrado público en más de 35 por ciento.
• Los sectores residencial y comercial consumen 22 por ciento de la energía global. Reconociendo esto, la Norma Oficial Mexicana 008, publicada en 2001, busca regular las ganancias de calor en los edificios de uso no residencial. Si bien esta norma representa un avance, no se aplica, no se vigila y no hay autoridad que la haga cumplir. Sus requerimientos deberían incluirse dentro de los reglamentos de construcción municipales. De igual forma, la N orma Oficial Mexicana 020sobre envolventes de edificios residenciales no es observada por los desarrolladores de vivienda, quienes argumentan que los costos afectarían su mercado. Es tiempo de que las autoridades hagan cumplir esta normatividad de manera estricta.
• Resulta imperativo que la actual administración emita una norma adecuada de eficiencia vehicular que obligue a mejorar el promedio de rendimiento de combustible del parque que circula en nuestro país.

Con esto se ahorrarán millones de litros de combustible que México dejaría de importar y se evitarían emisiones de contaminantes tóxicos y que causan el calentamiento global.

• Es necesario garantizar en el menor tiempo posible un suministro de gasolinas y dísel sin azufre en todo el territorio nacional. El retraso de más de una década en este compromiso ha condenado al país a seguir sumergido en la obsolescencia tecnológica de los vehículos. Es un importante pendiente que ocasiona enormes impactos ambientales y de salud.
• Otro tema que requiere atención inmediata es el de las emisiones de metano en la explotación de petróleo y gas.

El metano es el principal componente del gas natural y es responsable del 25 por ciento del calentamiento global. México es el quinto país mayor emisor de metano en el sector petróleo y gas. El gobierno de México se comprometió en el Acuerdo de París a la reducción significativa de sus emisiones de metano.

Solo 21 fuentes de metano representan más de 80 por ciento de las emisiones estimadas para el 2020. Nuestro país se comprometió junto con Estados Unidos y Canadá, a reducir entre 40 y 45 por ciento de las emisiones de metano del sector petróleo y gas para 2025. Cumplir con estos propósitos de mitigación requiere medidas e inversiones que hasta ahora no se han logrado.

Vinculado a las emisiones de metano se encuentra la explotación de recursos no convencionales y, en particular, la extracción de gas de lutitas o esquisto (shale gas). Se estima que México tiene grandes reservas de este gas, cuya extracción se llevaría a cabo por medio de la fractura hidráulica o fracking, que conlleva el uso de grandes volúmenes de agua, y tiene el potencial de ocasionar impactos ambientales y sociales significativos.

Es indispensable que nuestro país cumpla su marco regulatorio para evitar las emisiones de metano, el agotamiento y contaminación de mantos freáticos, y otros impactos. No deben otorgarse subsidios a la extracción de gas de lutitas por ningún motivo. Ni directamente como “incentivos” fiscales u otros apoyos gubernamentales. Tampoco ni indirectamente por medio de una normatividad laxa o una fiscalización inadecuada u omisa.

Adrián Fernández Bremauntz y Luisa Sierra Brozon
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