Las propuestas que se exponen tienen como eje el manejo forestal comunitario (MFC); son producto de experiencias documentadas y vividas, y de abundantes debates y reflexiones que han tenido lugar a lo largo de los pasados cuarenta años.

Es importante subrayar que México cuenta con 2.1 por ciento de la superficie mundial forestal, el 0.3 por ciento de la producción de madera en rollo y el 0.5 por ciento en madera aserrada. Los bosques mexicanos son relevantes por su alta biodiversidad y por la experiencia de manejo de bosques mediante esquemas comunitarios presente en el país.

La contribución del sector forestal al producto interno bruto (PIB) es de solo 0.2 por ciento. Si bien la economía forestal puede y debe incrementarse, la importancia de los ecosistemas forestales para el país va más allá del peso de la producción forestal en el PIB.

La tercera parte del territorio nacional terrestre está cubierta con arbolado y casi dos terceras partes tienen cobertura forestal. Las áreas forestales están imbricadas con áreas con otros usos de la tierra, especialmente el uso agropecuario (Inegi, 2009). Agreguemos que casi 18 millones de personas de los 26 millones de habitantes rurales de México viven en territorios forestales (Inegi, 2012), donde se ubican 15 mil 584 ejidos y comunidades agrarias con más de 200 hectáreas forestales (Reyes et al., 2012).

La mayor parte de los jóvenes en los ejidos y comunidades forestales carece de derechos de acceso a los recursos naturales. Las actividades forestales son en muchos casos la única ocupación, fuente de ingreso y desarrollo local. La silvicultura y la industria forestal son los ejes de la actividad económica en territorios generalmente aislados y al margen de las acciones de fomento productivo y acceso a servicios públicos.

Desde la perspectiva ambiental, el desarrollo forestal sustentable contribuye a la protección de los suelos y a la regulación hídrica, la provisión de agua limpia y la mitigación de daños por fenómenos hidrometeorológicos extremos; la conservación de la biodiversidad, la conectividad biológica y la preservación de áreas para recreación, valores rituales y de paisaje, así como la mitigación del calentamiento global en tanto las áreas forestales son depósitos de carbono en suelos.

La deforestación y la degradación son también parámetros críticos para evaluar el desempeño del sector forestal mexicano. Ambas son partes de una misma dinámica: la deforestación es el estadio terminal de procesos de degradación de los recursos que llegan al punto en que su baja productividad natural les impide competir con otros usos de la tierra como la ganadería o la agricultura.

El MFC contribuye de forma crítica con la gobernanza en los territorios forestales, la creación de oportunidades locales de empleo y derrama económica; el impulso a otras empresas sociales, la mejora de las condiciones de vida de la población, el combate a las actividades delincuenciales y la violencia.

Ruta para el cambio

Con ese marco de referencia, las propuestas se organizan en temas: derechos humanos; regulación, combate a la ilegalidad; competitividad y oportunidades locales; conservación y servicios ambientales; servicios de acompañamiento; arreglo institucional y marco normativo.

• Derechos humanos, producción y territorios forestales. La actualización de los derechos implica la inclusión dentro de las leyes General de Desarrollo Forestal Sustentable, General del Equilibrio Ecológico, General de Aguas y de Protección al Ambiente, entre otras, la protección efectiva de los derechos; la acción afirmativa en favor de los grupos vulnerables y la aplicación explícita de los principios de precaución y de máxima protección de las personas. Se propone la creación y fortalecimiento de instrumentos específicos para hacer efectivos esos derechos:

Sistema de salvaguardas sociales y ambientales, entre otras el derecho al consentimiento y el acceso equitativo a beneficios por servicios ambientales.

Participación plena y efectiva. La participación social real, además de un derecho, es una condición con múltiples beneficios como: la reducción de la discrecionalidad e incertidumbre, la mejora en las decisiones de política y la construcción de compromisos en un marco de gestión corresponsable.

• Marco regulatorio: controlar sin asfixiar. La regulación forestal es una de las grandes causas del mal desempeño del sector y es factor determinante del tráfico ilegal de productos forestales. En un contexto de corrupción generalizada y mala aplicación de la normatividad, se encuentran, por un lado, procedimientos y requisitos asfixiantes y, por otro, áreas con insuficiente control por parte de la autoridad. Se ha generado una dinámica perversa de evasión. Para abordar esta situación proponemos:

Diferenciar a los productores de acuerdo con su desempeño, utilizar la certificación y la auditoría preventiva, así como la instalación de un registro de desempeño para otorgar incentivos y desincentivos. El principal incentivo debe ser la reducción de exigencias regulatorias.

Fortalecer la inclusión de madererías y operaciones de comercio internacional en un régimen de regulación efectiva, mediante la obligación de demostrar la legal procedencia de los productos forestales comercializados.

Revisar los procedimientos en busca de su simplificación, descentralización hasta el ámbito regional; habilitación de esquemas de coadyuvancia social con participación de los gobiernos locales y las comunidades productoras forestales.

Revisión de casos específicos como: el fortalecimiento de la protección frente al cambio de uso del suelo forestal; regulación de aprovechamientos forestales en acahuales al alcance de los pequeños agricultores; regulación ágil de aserraderos móviles; desarrollo normativo sobre productos forestales no maderables y regulación expedita de aprovechamientos forestales provenientes de reforestaciones.

• Combate a la ilegalidad. La ilegalidad distorsiona el mercado, corrompe las estructuras comunitarias y territoriales de gobernanza, acerca las actividades forestales al dominio del crimen organizado. No existen cifras confiables sobre la magnitud de la ilegalidad forestal en México. Mientras funcionarios de Profepa señalan que el 70 por ciento de la madera que circula en el mercado nacional es ilegal, un estudio realizado por la Red Mocaf estima esa cifra en 56 por ciento (2015). Entre las medidas para la promoción de la legalidad proponemos.

Mejora regulatoria. Reducir los incentivos para la ilegalidad y acercar el balance entre costos regulatorios y riesgos de la ilegalidad, equilibrio crítico en la decisión de actuar dentro o fuera de la normatividad.

La simplificación, digitalización, descentralización, creación de capacidades, combate a la corrupción son cambios necesarios para recuperar el control perdido.

Mejora de la aplicación de la norma, mediante una intensa campaña de información y capacitación de quienes la aplican y de los actores regulados.

Fortalecimiento de las empresas sociales y las organizaciones para incrementar su capacidad de gestión para el cumplimiento de la normatividad y hacerlas sujetos capaces, de reclamar derechos, defenderse de abusos y abrir canales de comercialización que operen dentro de la legalidad.

Control de la demanda. La circulación de los productos ilegales es impulsada por la demanda de los canales de comercialización, especialmente las madererías. Aunque la LGDFS establece la obligación de demostrar la legal procedencia de los productos forestales en cada eslabón de la cadena productiva, el reglamento neutraliza dicho mandato al aceptar las facturas como medio de certificación de la legal procedencia.

Promover la diferenciación en el mercado de los productos de origen legal y generar un proceso educativo del público sobre las implicaciones de sus decisiones de compra en la existencia de un mercado ilegal.

Garantizar que las compras de gobierno sean de origen legal, incluyendo las adquisiciones de contratistas.

Mejorar la capacidad de la Profepa para actuar a lo largo de la cadena productiva y de comercialización, capacidad abismalmente insuficiente frente a la magnitud del universo a vigilar.

Utilizar los procedimientos de certificación, incluyendo las auditorías técnicas preventivas, la certificación mediante la Norma Voluntaria Mexicana y la certificación internacional del Forest Stewardship Council (FSC), incluyendo la certificación de la cadena de custodia.

• Competitividad y oportunidades locales. En este apartado, hay acciones urgentes:

Defender e impulsar la producción forestal nacional en el mercado internacional, mediante una política de promoción comercial, con información ágil y relevante; la supervisión de la equidad comercial y la legal procedencia de las importaciones.

Mejorar la competitividad de la producción forestal mexicana en el mercado nacional, a través de medidas como el desarrollo de estándares de los principales productos, un padrón de existencias y localización de los productos estandarizados; información oportuna de precios locales, distancias de traslado y costos de transporte.

Fomentar acuerdos de integración comercial entre empresas y regiones, basadas en la homologación y estandarización de productos.

Crear un área en la Conafor que desarrolle una estrategia de aliento a la comercialización de productos forestales, adecuada a las condiciones de las ESF, que incluya el desarrollo de marcas y nichos de mercado; recursos para la comercialización; compras gubernamentales; estudios de mercado y diseño de productos en función de las preferencias de los consumidores.

Establecer condiciones para la aplicación de mejoras técnicas: flexibilización de los criterios para la elaboración y aprobación de los planes de manejo; mejora sustancial de los servicios de asesoría técnica; disponibilidad de recursos para prácticas de cultivo silvícola; mejora genética a través de reforestación y enriquecimiento de rodales; generación de información regionalizada de métodos silvícolas adecuados a condiciones diversas.

Incrementar las áreas bajo manejo forestal, incluyendo extensiones que cuentan con potencial productivo y áreas degradadas.

Subsanar las brechas de eficiencia que se presentan en el tramo que va del aprovechamiento forestal en el monte a la industria, a través de medidas como la aplicación de técnicas de derribo y arrime con reducción de impacto en el arbolado, aplicación de nuevas técnicas de alta eficiencia y bajo impacto; supresión del uso de maquinaria pesada; aprovechamiento de materiales de corta dimensión y diámetro reducido, entre otras.

Impulsar la reducción de los desperdicios, como forma de incrementar las utilidades de las ESF; mejora de los productos y desarrollo de manufacturas no convencionales, buscando la agregación de valor y el acceso a nichos de mercado.

Reducir el rezago en infraestructura y servicios, priorizando la construcción y mantenimiento de los caminos y la electrificación.

• El impulso al modelo de MFC desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos debe considerar:

Fortalecer los esfuerzos de conservación comunitaria en los territorios bajo manejo forestal, a través de áreas dedicadas voluntariamente a la conservación (ADVC), que cuenten con incentivos claramente establecidos para las comunidades.

Mejorar la ejecución de los programas de pago por servicios ambientales (PSA), de manera que se impulse efectivamente el ordenamiento territorial comunitario.

Vincular los programas de reforestación y restauración ecológica al desarrollo forestal comunitario.

Promover la planeación regional enfocada en el mantenimiento de la conectividad del paisaje.

Promover la capacitación y participación de las comunidades en programas de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal y establecer mecanismos de pago por servicios de emisiones evitadas y carbono capturado que garanticen la remuneración de esfuerzos de las comunidades y generen incentivos para profundizar dichos esfuerzos.

Promover la capacitación y participación de las comunidades en la bioprospección y establecer los mecanismos y salvaguardas para un pago equitativo y justo de las participaciones en los beneficios que de ella deriven, de acuerdo con los protocolos internacionales y las mejores prácticas aplicables.

Establecer con base en la concertación las medidas para evitar la introducción de especies invasoras en los ecosistemas forestales, particularmente en los programas de plantaciones y de reforestación.

Manejo técnico, acompañamiento y asesoría multidisciplinarios.

• Un nuevo arreglo institucional y un nuevo marco normativo, lo que implica:

Mejorar las capacidades de gestión institucional.

Corregir el sesgo de Semarnat hacia la restricción de las actividades productivas como vía de conservación, lo que se ha convertido en una barrera para el desarrollo forestal sustentable.

Promover y reconocer la participación social.

Avanzar hacia esquemas de autorregulación como medio para la reducción de la carga regulatoria.

Manejar una perspectiva territorial que permita rebasar el aislamiento tradicional de las actividades forestales respecto al resto de las actividades que tienen lugar en los territorios.

Retomar las acciones para la federalización de funciones.

Un modelo de gestión en Unidades Regionales de Manejo Forestal.

Un sistema de información forestal transparente y oportuno.

La consolidación del marco jurídico ambiental.

Protección de los derechos humanos y de las comunidades.

En fin, se trata de un amplio abanico de cambios legales, técnicos y de participación social, necesarios para conservar y utilizar racionalmente la riqueza forestal de México. Todo ello indispensable para el desarrollo social y económico de las comunidades agrarias. Pero también como una forma de contrarrestar los efectos nocivos que ocasiona el calentamiento global.

Gonzalo Chapela y Leticia Merino
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