En 2014, el derrame de sulfato de cobre acidulado de la presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, del Grupo México, calificado como el mayor desastre ambiental de la historia del país, generó enorme contaminación en las cuencas de los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a más de 23 mil personas en los municipios de Ures, Baviácora, San Felipe Arizpe y Hermosillo.

La cuenca, tradicionalmente agrícola y ganadera, fue afectada inicialmente por la disminución de agua que generó la instalación de la minera. A partir del derrame, el agua y el suelo se contaminaron gravemente y los mercados rechazan los productos que allí se cultivan por temor a la contaminación. Cientos de campesinos han caído en condiciones de pobreza extrema.

Seis años después del desastre no se han atendido ni los impactos a la salud, ni a la economía de los ejidos. Tampoco la empresa ha cumplido los acuerdos que estableció para abordarlos: la construcción y habilitación de un hospital para atender los problemas de salud como la proliferación de cáncer, cinco veces más frecuente que hace seis años, y la construcción de veinte plantas purificadoras del agua.

Grupos de los ejidatarios afectados han creado el Comité de Cuenca del Río Sonora para enfrentar a la empresa, sosteniendo una larga batalla legal, en la que ha quedado de manifiesto la profunda desigualdad en el acceso a la justicia que impera en el país.

A esta larga crisis se añade el rápido incremento de los contagios de Covid-19, muchos de los cuales se dan entre trabajadores mineros. A cinco meses del primer contagio en la región, hay gran desinformación y las instituciones de salud han perdido el control, carecen de materiales para enfrentar la pandemia. Las comunidades de la cuenca del río Sonora, somos muy vulnerables, los jóvenes salen a buscar su porvenir en las ciudades y en los Estados Unidos, ahora no pueden regresar fácilmente.

Los indígenas yaquis y seris están aun más desprotegidos y son invisibles para los gobiernos. Durante la pandemia, las actividades de exploración y explotación de las empresas mineras han aumentado con total opacidad.

Las mineras han causado grandes daños y nulos beneficios a los pueblos de la cuenca. Como política empresarial, no contratan trabajadores locales, la mayoría de sus empleados provienen de Durango y Zacatecas. No se informa de los constantes derrumbes y derrames que ocurren en las minas. El relator de Naciones Unidad para Derechos Humanos y otras instancias internacionales han llamado a los gobiernos federal y estatal a atender los abusos cometidos en la cuenca, sin que estos se hayan respondido.

El gobierno estatal incluye a la minería como actividad preponderante en el Plan Estatal de Desarrollo. Pero para los campesinos de la cuenca del río Sonora, la agricultura y la ganadería son las actividades que debieran considerarse como indispensables para el  interés público.

Ramón Miranda
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