En los Valles Centrales de Oaxaca, 80 mil hectáreas han sido concesionadas a la minería echando mano de engaños y del uso de la fuerza pública; hay testimonios de que personas mayores, analfabetas y con escaso manejo del español fueron engañadas para que pusieran huella digital en documentos de cesión de derechos de la tierra, en ausencia de asesoría legal adecuada.

A partir de la instalación de la minería, el acceso al agua es crecientemente conflictivo. En 1967 se estableció en los Valles de Oaxaca una veda al uso agrícola del agua del río Atoyac, y en 1992 la nueva Ley de Agua desconoció los derechos de las comunidades al agua. La minería, en cambio, tiene acceso preferencial al agua, generando fuerte escasez, contaminación y afectaciones a la salud.

En octubre de 2018 se derramó la presa de jales de San José del Progreso, propiedad de Minera Cuzcatlán. La Comisión Nacional del Agua (Conagua)y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tardaron más de un año en presentarse en la región, concluyendo que “no había contaminantes en los cuerpos de agua”. Se narra que durante una de las visitas de Profepa uno de los inspectores llevaba puesto un chaleco con el escudo de la minera, así como un gafete que lo acreditaba como funcionario de la procuraduría.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de Minera Cuzcatlán, incluyendo el asesinato de cuatro líderes comunitarios, han sido constantes. Ha fomentado la división comunitaria y con la complicidad de la secretaría estatal de gobierno, hostiga a las autoridades locales cuando denuncian violaciones. Durante la pandemia han aumentado las agresiones a defensores indígenas con menor capacidad de protegerse en el encierro. Entre el fin de julio de 2020 y mediados de agosto han sido asesinados ocho líderes indígenas.

El ex relator de la ONU para derechos humanos, Mike Taylor, declaró que en la región, durante el confinamiento, los defensores son blancos fáciles, dejando “cancha abierta” a los megaproyectos. Recomendó al gobierno de México abstenerse de promover medidas que dañen el derecho de los pueblos al consentimiento previo, libre e informado, pues no existen condiciones para realizar consultas válidas. Declaró que las comunidades mejor preparadas para resistir la pandemia son las que tienen sistemas de autogobierno y espacios de ejercicio de su autonomía.

Muchas comunidades en esta región han establecido filtros para controlar sus accesos. En las condiciones de encierro, las reuniones comunitarias son difíciles de realizar, pero las mineras siguen trabajando, amparadas por la definición del gobierno federal de la minería como actividad esencial. Minera Cuzcatlán ha seguido contaminando el agua.

En julio de 2020 se presentó un nuevo derrame en los cuerpos de agua sin que las instituciones responsables tomaran ninguna medida. Con el agua contaminada con complacencia de la Conagua, es imposible seguir las medidas de higiene contra la pandemia. La minera ha buscado limpiar su imagen, repartiendo materiales sanitarios, pueblo por pueblo, al tiempo que mantiene grupos de choque armados para proteger sus instalaciones. Se dice que han muerto trabajadores de la mina por Covid-19.

Mientras las autoridades tratan los temas ambientales como asuntos administrativos y no de derechos humanos, la lucha jurídica contra la minería no se puede sostener sin resistencia y defensa comunitarias. En medio de la cuarentena es necesaria la articulación regional para la defensa de los territorios. La desigualdad en el acceso a la justicia obliga a los pueblos a luchar contra el Estado y contra las empresas.

En ejercicio de su derecho a la autodeterminación, las comunidades de los Valles Centrales y la Sierra de Juárez se han declarado territorios libres de minería.

José Pablo Antonio
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