En la región carbonífera del estado de Coahuila se le llama “carbón rojo” al extraído por empresas clandestinas, ilegales; o las que aun siendo legales, ponen en riesgo la salud y la integridad física de los mineros para obtener un mayor margen de ganancias.

Pasta de Conchos no explotó por una caprichosa acumulación de gas, sino porque el sistema de ventilación era insuficiente y solo necesitaba una chispa de los equipos eléctricos utilizados en la mina. No hubo accidente, fue un siniestro del que tarde o temprano Grupo México, el sindicato minero y el Estado mexicano tendrán que asumir su responsabilidad.

Solamente en las minas de Grupo México –porque así ha convenido a la empresa y el Estado mexicano lo ha permitido–, los mineros fallecidos se vuelven irrescatables. De existir alguna razón técnica que hiciera realmente imposible la recuperación de los restos de los mineros, ésta se hubiera presentado en cualquier otra mina, en cualquier otro momento, en cualquier otra empresa, en cualquier otro país.

Pero no es así. Las supuestas razones técnicas solo han existido para Grupo México, cuando así le ha convenido. En ninguna mina, de ninguna empresa, en ningún momento, desde el 1900, se han dejado de recuperar los restos de los mineros. Solo sucede cuando Grupo México así lo decide.

Convertimos Pasta de Conchos en el lente para confrontar el discurso de sacrificio y heroicidad que rodea a los mineros del carbón: “Antes de la muerte de mi esposo en Pasta de Conchos, ya habían muerto miles, pero no lo veía porque desde siempre se nos hizo creer que los mineros morían por mala suerte, porque Dios quería o porque la naturaleza cobraba vidas. Cuando esta tragedia nos alcanzó comprendimos que los mineros perdían la vida por la negligencia y el abuso de las empresas, del sindicato minero y del gobierno”.

Lo anterior lo señala Elvira Martínez Espinoza en el informe El carbón rojo de Coahuila. A pesar de las más de tres mil muertes, nunca una empresa ha sido penalizada por sus malas condiciones de seguridad laboral.

Familiares de las víctimas de la explosión y defensores de derechos humanos mantienen la exigencia de que sean rescatados los restos de 63 víctimas y que sus familias y comunidades reciban la reparación de los daños.

“No se trata de un caso o de muchos casos, sino de toda una región en que por primera vez podemos contar nuestra historia para poder soñar”, afirmó Esmeralda Saldaña, de la organización Familia Pasta de Conchos. “La extracción ilegal dentro de mi pueblo me obligó a actuar para evitar que lo siguieran destruyendo. Logramos sacar a las empresas que operaban ilegalmente, pero no hemos acabado; todavía están obligados a reparar todo el daño que nos hicieron”, añadió.

Cristina Auerbach Benavides, coordinadora de la investigación, señaló que “elaborar este informe ha sido una experiencia de mucho dolor e indignación por lo que el Estado ha hecho históricamente en la región. Hace años construimos el lema ‘la vida vale más que el carbón’, y a pesar del carbón, la vida en la región carbonífera de Coahuila siempre es posible”.

Los elementos analizados agudamente en el informe permiten desnudar la justificación o disfraz ideológico que acompaña la extracción del “carbón rojo”. ¿Fortalecimiento de la región carbonífera? No hay tal. Más bien hay ecocidio, despojo histórico y robo a la nación. ¿Creación de empleo? No hay tal, más bien explotación vil de los mineros del carbón en la mayoría de las minas, porque en el mero fondo de la obscuridad del socavón se tiene a un carbonero en condiciones de trabajo precarias, antihigiénicas e inseguras y sin seguridad social. No es literatura: el carbón rojo es sinónimo de condiciones criminales de trabajo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su informe sobre la cuenta pública 2016 que: “La Secretaría de Economía carece de información confiable sobre los concesionarios mineros, ya que utiliza un sistema informático desactualizado, provocando la proliferación de errores en los nombres de los titulares de concesiones y su Registro Federal de Contribuyentes, así como en las fechas de expedición”.

Aunado a lo anterior, en esta región se han acumulado pasivos ambientales por décadas, desechos de carbón de grandes dimensiones que han afectado la vida, la salud y el ambiente en el que viven miles de pobladores en muchos lugares. Las personas se han visto obligadas a vivir enfermas, inseguras y en estado de indefensión.

Para muestra, un botón: en 1925, en lo que ahora conocemos como Nueva Rosita, Grupo México abrió la Mina 6, de la que extraían 30 mil toneladas de carbón al mes, una planta lavadora de carbón y una batería de hornos de coque con una capacidad mensual de 15 mil toneladas. Además de realizar una extracción adicional de subproductos (sulfato de amonio, alquitrán, benzol, gas, ácido sulfúrico, etcétera).

El grupo empresarial también levantó una enorme fundición de zinc que se abasteció de concentrados de zinc traídos de varias minas de Chihuahua y Durango. En la región carbonífera se le reconoce por la gran chimenea que en el gobierno de Humberto Moreira fue convertida en parte del parque La Chimenea.

Así como lo lee: se crea ese parque sin considerar los daños que allí se ocasionan a la salud de quienes van a respirar desechos de carbón y de zinc mientras supuestamente se ejercitan. Y ello, aunque el parque se encuentra en un extremo del pasivo ambiental de Grupo México. Este pasivo acumuló millones de toneladas, de forma desordenada y sin ningún programa de tratamiento, remediación, ni de atención a miles de familias que viven colindantes.

No se ha hecho un estudio que dictamine ni los impactos ni el estado de la salud de la población y, por supuesto, no existe un programa de atención a la salud para la población afectada. Nada para las personas expuestas a la contaminación, excepto un parque ubicado dentro del pasivo ambiental.

La CFE no puede, ni debe deslindarse del resultado de la compra de carbón y sostener que solamente es el comprador. O que el resultado de su propio programa les corresponde a las distintas instancias del gobierno, a la Promotora para el Desarrollo Minero, Prodemi, o al gobierno de Coahuila.

CFE es una empresa paraestatal y la Secretaría de Energía tiene la obligación de estar informada sobre la cadena de suministro establecida a través de la Prodemi y por medio de licitaciones.

El mismo Estado, que concesiona, reglamenta, compra y usa carbón extraído de forma ilegal, garantiza impunidad a las empresas que dañan la salud y el ambiente de las poblaciones. Mientras esto no cambie de raíz, la región carbonífera vivirá permanentemente las violaciones a sus derechos humanos.

El largo recorrido por la historia social de la región carbonífera, con el cúmulo de dolor e injusticia que ha generado el carbón rojo entre las familias y poblaciones, no solo muestra las complicidades y responsabilidades entre empresarios, dirigentes sindicales y autoridades. Muestra también la deuda de toda la sociedad con las condiciones en que se produce la electricidad que llega a nuestros hogares, generada a partir de la explotación y los daños ambientales.

Ahora que la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett ha dado contratos a compañías que cuentan con sanciones vigentes y a otras con un historial de muerte de empleados por operar en condiciones inhumanas –entre otras irregularidades–, es importante no olvidar, refrescar la memoria y revisitar el informe El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio, elaborado por Elvira Martínez, Esmeralda Saldaña, Rodrigo Olvera, Jorge Navarro y Cristina Auerbach de la organización Familia Pasta de Conchos y publicado en 2017, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Ciudad de México, México y el Caribe. Descárgalo aquí: https://mx.boell.org/es/2018/02/19/el-carbon-rojo-de-coahuila-aqui-acaba-el-silencio

Fundación Heinrich Böll