Otra dimensión crítica de la sustentabilidad incluida en el objetivo 3 de la Agenda 2030 es la salud de las poblaciones. Si consideramos las metas de salud y sustentabilidad propuestas por la ONU, como la cobertura universal de los servicios de salud, y la reducción del número de muertes y enfermedades causadas por exposición a contaminación química del aire, agua y suelos. Y por último incrementar la capacidad gubernamental de alerta y reducción de riesgos a la salud, la actividad minera en México resulta claramente no sustentable.

A pesar de que existe literatura académica sobre los impactos de la minería en la salud de las comunidades en cuya vecindad se practica, las autoridades de salud no monitorean la incidencia de enfermedades por metales pesados en los municipios mineros.

Al no haber una sistematización oficial de los impactos, las empresas evaden cualquier responsabilidad por los daños generados y los pueblos afectados enfrentan un horizonte de incertidumbre y mayor vulnerabilidad.

El acelerado incremento de las concesiones mineras en el territorio nacional coloca a las poblaciones cercanas a los centros mineros en una constante exposición a polvos con metales pesados que, al dispersarse, contaminan el aire, el suelo y el agua de las comunidades.

De acuerdo con la definición utilizada por la Secretaría de Salud en el Perfil Nacional de Riesgos (2020), los metales pesados son elementos que se encuentran en la naturaleza en concentraciones usualmente bajas. Sin embargo, no se degradan de forma natural, se pueden disolver en agentes físicos y químicos y ser lixiviados. Y en concentraciones altas constituyen un riesgo para la salud humana.

Cada vez son más frecuentes los testimonios de comunidades afectadas por la minería. En ellos detallan una alta incidencia de enfermedades respiratorias, cáncer y padecimientos como quemaduras, enrojecimiento de la piel, comezón, problemas intestinales, afectaciones oftálmicas (ceguera por saturación de metales en los ojos), abortos espontáneos y problemas neurológicos.

El plomo es uno de los metales con mayores impactos, afectando los riñones, las articulaciones, el sistema reproductivo y cardiovascular, además de causar daños crónicos en el nervioso.

El plomo ocasiona también daños en el tracto gastrointestinal y en el urinario. A partir de una exposición intensa y constante, el plomo puede incluso provocar psicosis.

Otro metal con graves impactos a la salud es el mercurio. Se asocia a abortos espontáneos, malformaciones congénitas, alteraciones del desarrollo y trastornos gastrointestinales. La intoxicación por mercurio puede ocasionar eretismo (sensibilidad anormal de un órgano o parte del cuerpo a la estimulación), acrodinia (enfermedad que se caracteriza por la erupción y descamación de las manos y los pies), gingivitis, estomatitis, trastornos cerebrales.

El arsénico se asocia al daño tubular, como proteinuria, aminoaciduria, glucosuria y fosfaturia, así como deterioro progresivo de la función renal. Por otra parte, la exposición al cobre puede irritar la nariz, la boca y los ojos y causar dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas. Una intoxicación grave de cobre puede causar daño al hígado y los riñones. Incluso la muerte.

Frente a este panorama, es necesario replantear las políticas extractivistas que privan en México pues ponen en riesgo la salud de los pueblos que habitan en las zonas de las minas. Se requiere tanto la información a las comunidades afectadas y en riesgo sanitario y su discusión, como la inclusión en la operación de las minas de protocolos estrictos de actuación sanitaria.

En todos los municipios del país donde opera la minería debería existir un monitoreo constante de la incidencia de enfermedades por metales pesados. En caso de haber afectaciones, las compañías deben mitigar los impactos ambientales y responsabilizarse de daños a la salud que causan sus operaciones.

Sobra decir que, de no actuar de inmediato, el país podría enfrentar una catástrofe sanitaria. Y una vez más, los más vulnerables sufrirán las mayores consecuencias de décadas de abusos, omisiones y complicidad entre gobiernos y empresas.

Fuentes:
Duruibe, J. (2007). Heavy Metal Pollution and Human Biotoxic Effects. International Journal of Physical Sciences.
Secretaría de Salud. (2020). “Intoxicación por derrame de metales pesados y lixiviados”, capítulo del Perfil nacional de riesgos publicado por la Dirección General de Epidemiología.

Javier Bautista de la Torre
Aura Investigación Estratégica
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