La minería tiene una escasa aportación al crecimiento económico de México: la explotación y el beneficio de las minas aporta el 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, y su contribución a la creación de empleos es de poco más de 100 mil, cifra que apenas se triplica al considerar las ramas minero-metalúrgicas.

Todo este nada alentador panorama a pesar de que casi 11 millones de hectáreas de territorio nacional están concesionadas a empresas mineras (Servicio Geológico Mexicano, 2019).

Aunque esta actividad extractiva es parcialmente responsable de generar materiales para diversas industrias locales y es uno de los sectores que mayor cantidad de divisas produce –concentra la quinta parte de la inversión extranjera directa que recibe el país– tiene un limitado e incluso nulo impacto en la disminución de la pobreza y de la precariedad en las regiones y comunidades donde se lleva a cabo durante décadas.

En muchos casos, las condiciones de vida de las poblaciones decaen y sus actividades productivas quiebran, a la par del éxito productivo minero. Las condiciones de precariedad incrementadas a partir de la presencia de la minería suelen afectar más pronunciadamente a las mujeres. Estas sufren condiciones agravadas de violencia, marginación laboral, expulsión de sus territorios y problemas de salud familiar (Zárate, 2019).

La minería suele modificar directamente las formas de vida en las poblaciones aledañas en donde se ejecuta, alterando los modelos productivos locales, basados en actividades agrícolas; con esto reduce las oportunidades de trabajo para las mujeres que no suelen ser contratadas. Y es que dicha rama de la economía está construida en torno a la figura masculina.

Las actividades de manejo de materiales peligrosos, explosivos o muy pesados son asociados a la labor de los hombres. Mientras que la sola presencia femenina en una mina puede generar suspicacia por parte de los varones del lugar. Así, aunque paulatinamente se ha integrado la presencia de mujeres en la minería, su participación es marginal.

Con base en el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STyPS, sobre la ocupación por actividad económica, para junio de 2021, la minería empleaba a 13 mil 500 mujeres; es decir, poco más del 10 por ciento del total de los generados por las actividades de extracción y beneficio.

Los puestos en que las mujeres son empleadas y con los que las empresas hacen una especie de pink wash, son los de limpieza, cocina y, en contadas ocasiones, como operarias de maquinaria pesada. Son así discriminadas por prácticas laborales sexistas que las marginan y reducen sus pagos en relación con los de sus pares hombres (Zárate, 2019).

Como en otros sectores, muchas mujeres ocupadas en la minería denuncian acoso y malas prácticas laborales. Y hasta hoy las empresas no han establecido estrategias explícitas para atender los problemas de género.

Los proyectos extractivos restringen las posibilidades laborales y distorsionan el modelo de desarrollo local, imponiendo una dicotomía: trabajar en la mina en condiciones de desventaja y violencia, o enfrentarse a la falta de otras opciones locales que dejan a su paso las empresas mineras.

A pesar de que esa industria se define a sí misma como sustentable, lo cierto es que sus prácticas laborales no confirman esta definición en lo general. Tampoco en lo que se refiere específicamente a las mujeres.

De acuerdo con la meta 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, lograr la igualdad de género es fundamental para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible; es decir, sustentable.

La minería, sin embargo, pone en riesgo los medios de vida de las mujeres en las comunidades a donde llega. Lleva a las mujeres a enfrentar pérdidas en el acceso a la tierra, afecta la agricultura de subsistencia, los modos tradicionales de vida, acompañados del incremento de otras actividades. Por ejemplo, puede crear condiciones para favorecer o incrementar la prostitución y la violencia de género contra ellas.

Además, los proyectos extractivos pueden conducir a una gran afluencia de trabajadores varones en una comunidad. Lo anterior puede asociarse con un aumento de violencia de género, prostitución, trata de personas, así como más tasas de embarazo, VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual (Extractive Industries Transparency Iniciative and Gender Equility, 2018).

Por último, es importante considerar que muchas de las mujeres que trabajan en la minería ejercen un triple esfuerzo: 1) trabajar en la mina, 2) realizar labores domésticas y 3) cuidar de sus familias. Todo lo anterior en condiciones agravadas por la pandemia del Covid-19 y en territorios marginados. Aquí, además, muchos hombres han migrado abandonando a sus familias. Se van en busca de mejores oportunidades.

Aleida Azamar Alonso

Profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana
y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica
Correo-e: [email protected]

Beatriz Olivera Villa
Coordinadora en Wildlands Network Programa México
Correo-e: [email protected]