Cuando en 2013 nos asomamos a ver los impactos de la minería nos llamó la atención el caso de Carrizalillo, Guerrero. En aquel momento, a siete años de que había iniciado actividades la mina, se podían observar claramente los impactos ambientales, a la salud, y a las relaciones sociales y comunitarias que dejaba la minería a cielo abierto en un lugar sin historia minera previa.

Como muchas comunidades rurales, antes de la llegada de la minería, Carrizalillo era un pueblo dedicado a la agricultura y la producción de mezcal; mujeres y hombres vivían de la tierra y se organizaban en torno a ella.

La minería modificó drásticamente el uso del suelo y desplazó a la agricultura y al mezcal.

El rápido enriquecimiento del ejido a partir de las rentas mineras lo hizo vulnerable frente a la delincuencia de todo tipo.

Se recrudeció la violencia ligada al crimen organizado; las noticias de “levantones”, secuestros, asesinatos y extorsiones en Carrizalillo se hicieron frecuentes, así como las exigencias de los grupos delictivos para apropiarse de las ganancias ligadas a la minería.

Desde octubre de 2014 se reportaban personas de la comunidad detenidas, asesinadas y torturadas. La violencia generalizada en el estado de Guerrero, junto a la dudosa intervención de las autoridades, abonó a la crítica situación de la zona y motivó la salida de gran parte de la población en una forma de desplazamiento forzado. Lo visto en Carrizalillo nos generó la inquietud de si es así en todas las experiencias mineras o ésta era una excepción.

Cada vez que se analiza la minería, la violencia está presente; así lo muestra el alto número de agresiones sufridas por las personas defensoras ambientales frente a los proyectos mineros en los pasados 10 años, que acumulan 11 homicidios, 12 casos de lesiones y decenas de casos de amenazas, criminalización, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, hostigamiento e intimidación.

Continuando en este camino es posible seguir el rastro de violencia hasta los altos índices de desplazamiento interno forzado que se dan en los territorios con proyectos mineros. Los sitios con conflictos sociales por la actividad minera presentan una tasa de más del doble de migración causada por violencia e inseguridad, en comparación con territorios sin concesiones mineras.

En 2021, académicas del Instituto de Geografía de la UNAM y la organización civil CartoCrítica unieron sus experiencias y recursos para indagar si existe una relación entre la actividad minera y el desplazamiento forzado por inseguridad y violencia.

En un esfuerzo por dar respuesta preliminar a esta pregunta se exploraron las relaciones entre los datos sobre desplazamiento interno forzado, la incidencia delictiva y la minería.

Los resultados saldrán en un artículo de investigación próximo a publicarse. A manera de extracto, publicamos aquí algunos de los resultados.

La migración interna en México es un fenómeno muy extendido, con más de 6.3 millones de personas que reportaron haber cambiado su lugar de residencia entre marzo de 2015 y marzo de 2020.

Según el más reciente Censo de Población y Vivienda, la migración interna se da por múltiples causas: familiares (45.7 por ciento), laborales (28.8 por ciento), de estudios (6.7 por ciento), por deportación (0.6 por ciento), por desastres naturales (0.4 por ciento) y por inseguridad y violencia (4 por ciento), entre otras causas.

Debido a la inseguridad delictiva y la violencia, 251 mil personas reportaron haber enfrentado un desplazamiento forzado.

Los datos del censo no refieren qué tipo de violencia o qué delitos ocurrieron para provocar esta migración, por lo que es necesario cruzarlos con otras fuentes de información; cabe preguntarse si la presencia de recursos naturales estratégicos en el territorio –agua, gas, minerales, petróleo o viento– y las consecuentes actividades de exploración, extracción o aprovechamiento de éstos pueden detonar procesos de violencia que generan el desplazamiento forzado.

Para este estudio² se realizó un análisis geoestadístico a escala municipal, para caracterizar posibles relaciones entre la migración por inseguridad y violencia con la minería de oro, plata y cobre.

Para ello, se regionalizaron los municipios según la existencia e intensidad de la actividad minera:

• Municipio sin minería ni potencial.
• Municipio con potencial a futuro (aún sin concesiones, proyectos, ni conflictos mineros).
• Municipio con concesiones mineras (sin proyectos ni conflictos mineros).
• Municipio con proyectos mineros (sin conflictos mineros).
• Municipio con conflictos sociales por actividad minera (independientemente de si hay o no proyecto minero activo).

Fue importante identificar a los municipios con potencial minero que no esté en vías de ser explotado, para contrastar los datos con los de municipios con actividades mineras (concesión, proyecto o conflicto).

Los municipios sin minería ni potencial son por lo regular territorios con valles y planicies, más aptos para la vida urbana y que, en general, concentran a la mayor cantidad de población. A diferencia de aquellos con un territorio más agreste y accidentado, con menor cantidad de población, en donde se encuentra el potencial y las actividades mineras.

Por lo que el mejor grupo de control para contrastar los datos son los municipios que tienen potencial minero pero que no tienen aún concesiones, proyectos o conflictos mineros.

Para analizar el desplazamiento forzado en relación con la minería, se agruparon los municipios según su regionalización minera y se calculó la tasa de migrantes por inseguridad y violencia por cada 100 mil habitantes.

Para cada entidad y región minera se calculó el promedio de las tasas municipales, considerando a los municipios como unidades similares con independencia de su tamaño poblacional.

De lo contrario, el análisis estaría sesgado a representar los resultados de los grandes centros de población, e invisibilizaría lo que ocurre en los municipios mineros que tienen menor población y son el foco de este estudio.

Los resultados son contundentes: existe una clara tendencia de aumento de la migración por violencia e inseguridad conforme la actividad minera se profundiza.

A nivel nacional, la tasa más baja de migración por inseguridad y violencia está en los territorios con potencial minero pero libres de concesiones y proyectos, con una tasa de 61 personas migrantes por cada 100 mil habitantes; esto es más bajo que la media nacional, que tiene una tasa de 91.

Conforme la actividad minera avanza, la tasa va aumentando: 103 personas en regiones concesionadas, 122 personas en regiones con proyectos mineros, y 131 personas migrantes por inseguridad en regiones con conflictos mineros.

En promedio, el desplazamiento forzado se eleva más del doble al pasar de las regiones libres de minería a las regiones con alta actividad minera.

Los casos más extremos de migración por inseguridad y violencia en regiones con alta actividad minera son Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

El caso de Guerrero es el más dramático: mientras que los municipios libres de actividad minera (solo con potencial) tienen una tasa de 174 personas migrantes por inseguridad (la más baja de la entidad), los municipios con proyectos mineros tienen la tasa más alta de migrantes por inseguridad de todo el país: 728 personas por cada 100 mil.

Los municipios con conflictos mineros en Michoacán, con una tasa de 613 personas, son el segundo promedio nacional más alto de migración por inseguridad presumiblemente ligado a la minería.

Sinaloa tiene una tasa promedio de 429 personas migrantes por inseguridad en los municipios con conflictos mineros, cifra diez veces más alta que el promedio de los municipios sin minería en la entidad, con 42.

Los casos de Chihuahua y el estado de México son prácticamente idénticos, con una tasa de 340 y 342 personas migrantes por inseguridad en municipios con conflictos mineros, frente a una tasa de apenas 37 en municipios libres de minería.

El control del territorio es primordial para la minería, como lo es para la delincuencia. Las consecuencias están a la vista. Al parecer, lo que pasó en Carrizalillo no fue excepcional, era la norma del modelo extractivo minero.

La migración interna forzada es otro impacto, no tan conocido ni estudiado de la minería en México, del que todavía queda mucho por decir.

¹ Salazar, Hilda y Rodríguez, Maritza. 2015. Miradas en el territorio. Cómo mujeres y hombres enfrentan la minería. Fundación Heinrich Böll Stiftung.
Disponible en: https://mx.boell.org/es/miradas-en-el-territorio-como-mujeres-y-hombres-enfrentan-la-mineria-0
² Las fuentes para recopilar los datos son diversas, entre ellas, INEGI, Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano y el proyecto Conversando con Goliath.

Manuel Llano
CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil
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Dolores Rojas
Fundación Heinrich Böll Stiftung
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