Entre 2002 y 2011, la Secretaría de Economía del gobierno federal concesionó más de 50 mil hectáreas a empresas privadas en tierras comunales de comunidades indígenas agrarias de la sierra de Juárez, en Oaxaca.

En la asignación de estas concesiones, el gobierno federal omitió realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y omitió también informar sobre las consecuencias jurídicas, ambientales y sociales derivadas de dichas concesiones.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es parte de la legislación internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas; estos derechos en México tienen además estatus constitucional.

Es decir, que la Secretaría de Economía violó flagrantemente nuestros derechos y la Constitución al asignar concesiones en nuestras tierras comunales sin habernos consultado.

Dichas concesiones fueron asignadas a la minera canadiense Continuum Resources, Ltd, a la compañía minera La Natividad y Anexas, a la empresa Sundance Minerals, Ltd.

A partir de entonces la explotación de minerales en nuestra región ha violado las garantías que establecen los Artículos 2o, 4o, 6o y 27 constitucionales, referentes a los derechos a un medio ambiente sano, al agua potable, y nuestros derechos a conservar nuestro hábitat y mantener la integridad de nuestras tierras comunales.

En 2005, la comunidad de Capulálpam denunció el grave daño causado por la compañía minera La Natividad y Anexas a su territorio comunal y sus recursos naturales. Durante décadas de saqueo de metales, Minera Natividad perforó 50 kilómetros de túneles y socavones que se extendieron por zonas de bosques, acuíferos y tierras de cultivo, provocando la desaparición de trece manantiales que alimentaban a la comunidad y a su entorno natural.

Además, esta minera ha arrojado y arroja materiales tóxicos en ríos y arroyos. Ocasiona daños irreversibles en los ecosistemas y afecta la salud de los habitantes de la comunidad.

En octubre de 2010 se derrumbaron tres presas de jales de esta minera, generándose cientos de toneladas de desperdicios y materiales contaminantes, que se depositaron en el lecho del río Capulálpam y en áreas dedicadas por la comunidad a la conservación de la vida silvestre.

A la fecha, estas presas permanecen derrumbadas. Las aguas del río Capulálpam, que Minera Natividad contamina, se vierten en el río Grande que cruza la sierra Juárez y desemboca en el Golfo de México, afectando a distintas comunidades, pues esas aguas ya no son aptas para el consumo humano ni para el riego de los cultivos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto de Ecología del estado de Oaxaca conocen este desastre porque desde 2005 Capulálpam y distintas comunidades serranas han interpuesto innumerables denuncias.

En 2006, la Profepa identificó que Minera Natividad había derramado bifenilos policlorados (elementos químicos no degradables y cancerígenos) en suelos y fuentes de agua. La Profepa corroboró que Minera Natividad ha contaminado ríos y arroyos y que carece de espacio para depositar sus desechos. Y la Conagua reconoció que Minera Natividad es responsable de la desaparición de 13 acuíferos.

Sin embargo, ninguna de estas instituciones ha actuado para detener el desastre ambiental y sus graves impactos sociales. Minera Natividad se mantiene operando, gracias a la corrupción que ha prevalecido entre los funcionarios de distintos niveles de estas instituciones.

En octubre de 2018, un juez de distrito declaró nula las concesiones mineras en tierras de Capulálpam, reconociendo que en su otorgamiento se había violado el Artículo 169 de la OIT. Sin embargo la sentencia no se ha ejecutado.

En febrero de 2020, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos informó que la Semarnat no había autorizado la manifestación de impacto ambiental de Minera Natividad. Sin embargo continúa operando con total impunidad, poniendo en riesgo la vida y continuidad de Capulálpam y de varias comunidades indígenas de la sierra Juárez.

A partir del año 2000, nuevas inversiones mineras se han impulsado en esta región de alta biodiversidad y riqueza cultural. Las concesiones afectan el área de conservación comunitaria, una zona de recarga de los acuíferos con que aún cuenta Capulalpam.

Las instituciones federales y estatales han actuado en secrecía, omisión y corrupción al otorgar concesiones mineras que destruyen ecosistemas y pueblos de manera irreversible.

Son acciones de discriminación contra las comunidades indígenas agrarias de la sierra de Juárez. El Estado mexicano es responsable del resarcimiento de daños y perjuicios a Capulálpam de Méndez y a los pueblos de la sierra de Juárez.

A lo largo de los últimos 35 años, Capulálpam ha mantenido un fuerte compromiso con la protección del bosque y su manejo sustentable. Esta labor ha sido reconocida nacional e internacionalmente. La protección de los recursos naturales se basa en la decisión de la Asamblea General de comuneros, ciudadanos y ciudadanas de Capulálpam de Méndez, representados por el Comisariado de Bienes Comunales y la Autoridad Municipal.

Como comuneros y ciudadanos ratificamos nuestra decisión de no aceptar y luchar contra el saqueo de minerales en el territorio comunal. Y exigimos de nuevo el cierre definitivo de la compañía minera Natividad y Anexas.

Como comunidades, tenemos la más alta responsabilidad de proteger nuestros ecosistemas, bosques, fuentes de agua y biodiversidad para las futuras generaciones.

Baltasar Hernández
Comisariado de Bienes Comunales
Netzar Arreortúa Martínez y Salvador Aquino Centeno
Autoridad municipal de Capulálpam de Méndez, Oaxaca