La defensa del territorio chontal y los litigios mineros de mala fe — ecologica
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La defensa del territorio chontal y los litigios mineros de mala fe

Araceli Olivos

En la sierra Madre Sur, una de las ocho regiones del estado de Oaxaca, habita el pueblo indígena tzamé (chontal). Su territorio ancestral se ubica a seis horas del puerto de Salina Cruz, donde se desarrolla el Corredor Interoceánico: un proyecto de megaobras de infraestructura que entraña un denunciado riesgo para los pueblos del istmo1; en una entidad con 315 concesiones mineras vigentes2, y numerosos conflictos socioambientales3.

El 25 de junio de 2016, conscientes de la amenaza minera en territorio chontal, 15 comunidades de la parte alta y baja de la sierra se constituyeron formalmente en la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio.

En su nombre asentaron su objetivo principal: defender el territorio, para lo cual han emprendido acciones jurídicas, han reivindicado su identidad indígena e impulsado la participación de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos.

Al pie del Juala Witu (cerro de Zapote), la comunidad de Santa María Zapotitlán solicitó información pública sobre las concesiones mineras en el territorio chontal y promovió una demanda de amparo que inició el juicio 1208/2018, en el juzgado cuarto de distrito con sede en la ciudad de Oaxaca.

Esta solicitud fue impulsada por la Comisión de Seguimiento de la Asamblea, en la que también participan las comunidades de Santa María Candelaria, San José Chiltepec, San Juan Alotepec y la organización Tequio Jurídico.

En un juicio inédito para la región, las comunidades enfrentaron al juez con la postura enérgica de ¡no a la minería, sí a la vida!

También las comunidades que conforman la Asamblea del Pueblo Chontal mantienen esta postura, por lo que en sus actas de asamblea se declararon territorios prohibidos para la minería.

Decidieron proteger los bosques, montes, ríos, aguajes, fauna, flora, y demás patrimonio biocultural, confrontando la Ley Minera y sus inconstitucionales Artículos 6, 10, 15 y 19, así como la expedición del título de concesión 238447 denominada Zapotitlán 1, otorgado en favor de la Minera Zalamera SA de CV.

En diciembre de 2018, el juzgado otorgó a las comunidades la “suspensión de plano”, a partir de la cual su territorio estaría protegido durante el desarrollo del juicio.

En 2019, las comunidades ofrecieron pruebas documentales, material audiovisual, un peritaje en antropología, la palabra presencial de hombres y mujeres chontales ante el juez, y decenas de cartas solidarias de instituciones académicas y organizaciones sociales.

Por su parte, la Secretaría de Economía se mantuvo activa durante el litigio en contra de las decisiones relevantes y protectoras del juzgado.

Promovió recursos de impugnación contra la suspensión de plano y, eventualmente, contra la sentencia, manifestándose siempre a favor de la concesión y de la Ley Minera.

La secretaría actuaba como abogada de la empresa, mientras ésta mantenía silencio.

La sentencia que puso fin al juicio se dictó el 28 de febrero de 2020. Novedosa, porque no solo reconoció y protegió el derecho colectivo al territorio de la comunidad quejosa, Santa María Zapotitlán, sino que extendió esa protección a todas las comunidades del pueblo chontal que pudieran verse afectadas.

Reconoció también la relación especial de las comunidades chontales con sus territorios y ordenó dejar sin efectos la concesión minera.

Sin embargo, ordenó realizar una consulta, desconociendo con ello la voluntad expresada en las actas comunitarias de territorio prohibido para la minería ni el derecho al consentimiento y causó estupor de los quejosos por su defensa de la Ley Minera, sostenida con alta subjetividad y poco rigor.

Ante ello, la comunidad de Santa María Zapotitlán y la Asamblea del Pueblo Chontal interpusieron un recurso de revisión. La Secretaría de Economía hizo lo propio y ambos recursos se registraron bajo los números 42 y 43/2021, resueltos por el segundo tribunal colegiado en materia civil y administrativa.

La magistrada y magistrados del tribunal escucharon el exhorto chontal de revisar rigurosamente la Ley Minera. Pero en enero de 2020, un mes antes del dictado de la sentencia, la Minera Zalamera tramitó el desistimiento de la concesión y la Secretaría de Economía, conociendo el impacto que esto podría tener en el juicio, la aceptó.

La empresa advirtió en el expediente que con su acción se actualizaba una causal de sobreseimiento (una forma de terminación que impedía analizar el fondo de la demanda).

Esta estrategia de la empresa y la Secretaría de Economía fue calificada por el pueblo chontal como una argucia malintencionada para lograr que el juicio concluyera sin analizar la Ley Minera.

Así ocurrió el 10 de diciembre de 2021, cuando el segundo tribunal colegiado de Oaxaca revocó la sentencia del juez cuarto y sobreseyó el juicio. En sus palabras, “ya sin concesión era como si hubieran ganado el juicio”.

Acorralada una vez más, la Minera Zalamera siguió la misma estrategia que empleó en 2016 en el enfrentamiento jurídico con Júba Wajiín (San Miguel del Progreso), Guerrero, cuando luego de reasumir jurisdicción, la Suprema Corte sobreseyó el juicio, pues consideró que sin concesión ya no había materia de discusión.

De nueva cuenta, ésta es también la estrategia que siguió Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, en el caso de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la sierra Norte de Puebla; aunque allí afortunadamente, el momento procesal y la férrea defensa jurídica impidieron los ya conocidos efectos de tal estrategia.

En la sierra chontal, la voz contundente de las mujeres y hombres organizados marcó un precedente en la región. El desistimiento de la concesión es una victoria producto de la lucha organizada e implacable de las y los tzamé.

El Poder Judicial federal, aun con sus asomos progresistas, mantiene una deuda con los pueblos indígenas y campesinos de México afectados por las concesiones y que defienden, como en la chontal, territorios de importancia planetaria en estos tiempos de catástrofe ambiental.

1 López, A. (2021). “Acuerdo de AMLO sobre megaproyectos, riesgo para pueblos indígenas del Istmo de Oaxaca”, El Universal Oaxaca [en línea]. Recuperado el 14 de febrero de 2021.
2 Gobierno de México (2021). Listado de títulos de concesiones mineras: Secretaría de Economía. Recuperado el 14 de febrero de 2021.
3 Olvera, D. (2021), “Conflictos sociales, inseguridad y enfermedades deja una década de operación de minera en Oaxaca”, Sin Embargo. Recuperado el 14 de febrero de 2021.
Recamier, M. (2021). “Comunidades zapotecas denuncian problemas de salud por la operación de una gran minera en Oaxaca”, Mongabay Periodismo Ambiental Independiente en Latinoamérica. Recuperado el 15 de febrero de 2021.

Araceli Olivos
Tequio Jurídico, AC
Correo-e: [email protected]