La minería a cielo abierto llegó a Guerrero en 2005, cuando se localizó uno de los yacimientos de oro más importantes de México, denominado el Cinturón Dorado.

Esta industria se convirtió en prioridad de la política económica guerrerense: sería el “detonante del crecimiento económico y del desarrollo de las comunidades en donde se realiza esta actividad” (Plan Estatal de Desarrollo, 2016-202, 41).

Sin embargo, la situación de las comunidades indígenas y campesinas en las regiones mineras está muy lejos de la narrativa gubernamental.

Las alianzas entre las empresas, los grupos del crimen organizado y el Estado han generado verdaderos espacios de terror para la población.

En 2020 se documentaba que en más de 138 comunidades que habitan en el Cinturón Dorado hay seis operadores de grupos del crimen que han convertido a la industria minera en un negocio fuertemente violento.

La disputa por el control territorial se da bajo esquemas de total impunidad, hostigamiento y violencia de todo tipo hacia los pobladores locales (Campos y Mijangos, 2021).

Los graves impactos de la minería en los territorios, la reproducción comunitaria, el medio ambiente y las formas propias de desarrollo de la población, se conjugan con las violencias depredadoras ejercidas sobre la población y las y los defensores comunitarios por las empresas mineras y el crimen, aliados con autoridades gubernamentales.

En estos escenarios, la defensa de las tierras y territorios indígenas y campesinos es esencial, aunque las respuestas y resistencias son heterogéneas en las distintas regiones de Guerrero.

Uno de los procesos de resistencia más emblemáticos es el de los pueblos mè’phàà y na´savi de la región Montaña y Costa Chica, desde el 2010.

En este territorio multiétnico se localizaron 42 yacimientos mineros, lo que detonó el aumento de solicitudes de concesiones mineras (Tlachinollan, 2020).

Para 2020, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), existían 41 concesiones, 15 de ellas vigentes, 17 canceladas y dos en proceso de solicitud. Estas concesiones fueron otorgadas por la Secretaría de Economía sin información ni consulta previa a las comunidades.

Las noticias del despojo llegaron cuando en las comunidades se presentaron personas foráneas y helicópteros recorriendo el territorio y recogiendo muestras geológicas.

Desde entonces, la defensa del territorio mè’phàà y na´savi ha sido un proceso de largo aliento que ha hecho uso de diferentes estrategias político-jurídicas en diferentes escalas, al exterior e interior de las comunidades.

Las comunidades indígenas-campesinas organizadas en núcleos agrarios empezaron a realizar actas de asambleas agrarias para declarar sus territorios libres de minería.

Entre 2012 y 2014 solicitaron su registro en el Registro Agrario Nacional, que solo registro tres de 15 actas agrarias.

Otra estrategia local para defender su territorio y bienes comunes ha sido la elaboración de estatutos comunitarios y reglamentos agrarios.

Los pueblos mè’phàà y na´savi activan y articulan el derecho agrario y los derechos que tienen en tanto pueblos indígenas para crear normas de control y administración de los territorios y bienes comunes conforme sus propias cosmovisiones y derechos, normas que son resultado de un extenso proceso de discusión colectiva.

A través de esta juridificación comunitaria se integran el derecho oficial y el derecho propio para disputar su autonomía política y territorial frente a los proyectos extractivos.

En este complejo contexto, en 2012 se decretó una reserva de la biosfera abarcando cinco municipios de la Montaña Alta y uno de Costa Chica.

Los pueblos consideraron que ésta era una estrategia más para despojarlos del control de sus territorios y crearon un consejo regional de autoridades agrarias, el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio contra el Proyecto de Reserva de la Biosfera y la Minería en la Montaña de Guerrero (Craadet).

Este consejo reúne a los núcleos agrarios a través de foros bimestrales en los que se discute, informa e intercambian experiencias, preocupaciones y estrategias sobre la defensa de su territorio.

El Craadet da seguimiento a las propuestas surgidas en las asambleas regionales; se reúne con actores externos que acompañan su lucha y con personas o comunidades con experiencias de resistencia a la minería e implementa estrategias mediáticas y políticas a nivel nacional.

El Craadet también impulsa, a través de los cabildos municipales, declaraciones sobre su territorio libre de minería, lo que obliga a las autoridades municipales a no otorgar licencias de cambio de uso de suelo.

Los municipios con estas declaraciones son Iliatenco y Malinaltepec (en 2016) y San Luis Acatlán (en 2019).

La defensa local, regional y municipal se acompañó de la judicialización contra las concesiones: Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón de Tinieblas.

Esta defensa ante los tribunales ha sido enarbolada por el pueblo Mè’phàà Júbà Wájíín o San Miguel del Progreso y por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

Las concesiones en disputa incluyen más del 80 por ciento del territorio de San Miguel y 12 núcleos agrarios vecinos (Tlachinollan, 2020).

El proceso duró seis años (2013- 2019) e implicó cuatro juicios en primera y segunda instancias contra las concesiones mineras y la declaratoria de libertad de terreno (procedimiento administrativo que pone a disposición de las empresas los territorios donde se han cancelado las concesiones mineras).

La larga lucha jurídica y, sobre todo, la sentencia de 2019 que ordena dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno y respetar los derechos de los pueblos indígenas, principalmente el derecho a la consulta, representa una victoria para los pueblos.

La sentencia y sus efectos en el territorio deben leerse en el marco de las acciones culturales, políticas y legales que los pueblos mè’phàà y na´savi han impulsado para detener el avance de las mineras.

La sentencia cancela legalmente las concesiones, tiene, además, efectos simbólicos y políticos, contribuyendo a fortalecer su defensa territorial.

El Poder Judicial tiene grandes pendientes para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las tres sentencias reconocieron desde un inicio el derecho de autoadscripción de los pueblos indígenas, y hacen uso de instrumentos de derechos humanos nacionales e internacionales para fundamentar los derechos de los pueblos.

Innovan al utilizar peritajes antropológicos como pruebas plenas para acreditar la relación intrínseca entre júbà wájíín y su territorio.

Sin embargo, el derecho que predomina para otorgar la protección es el derecho a la consulta y en la sentencia de 2019 éste se interpretó de modo limitado, en términos de derecho a la audiencia mediante la consulta, sin considerar que la consulta indígena debe cumplir con los lineamientos reconocidos en las normas nacionales e internacionales.

Con argumentos formalistas o procedimentales, el Poder Judicial sigue eludiendo la discusión sobre los derechos territoriales que abarcan los recursos del subsuelo y el derecho a la autonomía.

Recientemente la Comunidad Nahua y Ejido Tlacoltemi de Puebla posicionó la imperiosa necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la inconstitucionalidad de la Ley Minera, pero el máximo tribunal se limitó a suspender las concesiones mineras por la ausencia de consulta.

En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una respuesta semejante frente al recurso de revisión presentado por Júbà Wájíín y Tlachinollan que solicitaba revisar la sentencia de primera instancia que cancelaba las concesiones, pero desechaba la solicitud de revisar la inconstitucionalidad de la Ley Minera.

Este tribunal fundamentado en formalismos dejo insubsistente el recurso de revisión y evadió, como ahora, la discusión sobre la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente al extractivismo minero.

Bibliografía
Campos Ochoa, Armando y Miguel A. Mijandos Leal, (2021), “Las batallas incansables del ejido de Carrizalillo, Guerrero”, El volcán insurgente, núm. 65, abril- junio en http://www.enelvolcan.com/abrmayjun2021/740-las-batallas-incansables-del-ejido-de-carrizalilloguerrero?fbclid=IwAR2hdR7ltN_QbQBu9JW3Ax8_QzhdOJ2qByIiBYKNTEzJgZ0-TJCxKpKhuxc.
Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2021, Gobierno de Guerrero.
Tlachinollan (2020), Montaña a cielo abierto ¡Libre de Minería! La defensa contra la minería a cielo abierto en júbà wájíín y la región Montaña Alta y Costa Chica en Guerrero, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Fundación Heinrich Böll; Center for Latin American and Caribbean Studies of School of Advanced Study University of London y Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Tlapa de Comonfort.

Yacotzin Bravo Espinosa
Investigadora posdoctoral en el Center for Latin American and Caribbean Studies of School of Advanced Study University of London y Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social
Correo-e: [email protected]