La rápida expansión de la minería en el país a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se ha dado bajo el argumento de su contribución al desarrollo; sin embargo, la realidad de las regiones donde la actividad minera se ha impuesto dista considerablemente de las promesas que en este sentido han hecho políticos y empresarios.

No solo la pobreza y la pobreza extrema acompañan sistemáticamente a la generación de las enormes ganancias de la extracción de minerales, sino que la desigualdad, históricamente presente en México, se ha profundizado a partir de los años noventa, cuando la economía mexicana se orientó en gran medida a la producción de commodities, incluidos minerales.

No solo la minería no ha generado desarrollo, sino que, en la mayoría de las regiones mineras, la pobreza y la pobreza extrema son mayores que en el resto del país.

En 18 de los 27 municipios principales productores de oro, 40 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y 9 por ciento en pobreza extrema, mientras que, en 17 de los 20 municipios con la mayor producción de plata, 43 por ciento de la población es pobre y 11 por ciento está en pobreza extrema (Secretaría de Economía, Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2019I; Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social, Secretaría de Bienestar, 2020 y 2021, citado por Azamar y Olivera, 2021).

Las condiciones de pobreza en estos municipios se refieren también a su escaso acceso a servicios de educación, salud y seguridad.

De ahí que, cuando las empresas llegan a instalar pequeñas clínicas y escuelas, se presentan como salvadores de las regiones (Camimex, 2019), cuando en realidad las inversiones que realizan en estos servicios representan una insignificante proporción de sus ganancias.

Además, su posición en las regiones se ve fortalecida cuando pretenden dar servicios que constitucionalmente corresponde al Estado proveer y a los que las y los habitantes de las comunidades invadidas tienen derechos como ciudadanos.

La pobreza también se ha ahondado considerablemente a partir del despojo de recursos naturales esenciales para la vida de comunidades tradicionalmente campesinas, como la tierra y el agua, de los que ahora gozan las empresas mineras.

A la pobreza multidimensional de muchas comunidades y municipios mineros se suma la prevalencia de una inmensa desigualdad entre las comunidades y los pueblos despojados y violentados por las empresas mineras y las enormes ganancias que ellas obtienen a partir de recursos que pertenecen a la nación.

Frente a la elevada precariedad que padecen los pueblos vecinos de las minas se ha estimado que, entre 2006 y 2015, las corporaciones mineras que operaron en México obtuvieron ingresos por 1 billón 714 mil 342.7 millones de pesos (Fundar, 2016).

Contrastan también con estas ganancias los pagos que las empresas otorgan a las comunidades dueñas de los territorios: 0.29 dólares por hectárea durante los primeros nueve años de los proyectos y 5.08 dólares por hectárea por el resto del tiempo de la concesión.

En Zacatecas en 2014, las empresas mineras reportaron ganancias por 414.8 millones de dólares, mientras que los municipios de la entidad recibieron 8 centavos por cada mil dólares de ganancias de las mineras, el equivalente a 0.008 por ciento de esas ganancias.

La desigualdad entre perdedores y ganadores de la minería va más allá de la desigualdad económica.

En el estudio mencionado, Fundar (2016) evalúa que el costo de la destrucción ambiental que genera la minería equivale al menos a 40 por ciento de la riqueza que genera.

Pero mientras las corporaciones obtienen inmensas ganancias privadas, los severos costos ambientales son impuestos a las comunidades y regiones mineras, de por si vulnerables.

Aunque no existen a la fecha evaluaciones suficientes de los daños a la salud que la minería ha generado en el país, es evidente que las poblaciones se ven expuestas cotidianamente a metales pesados y a otras sustancias de alta toxicidad.

Por otra parte, más de la mitad de los trabajadores mineros están contratados bajo el sistema de outsourcing, por lo que se ven obligados a ocuparse en la actividad que genera mayor número de muertes por accidentes de trabajo en el mundo sin contar con derechos laborales.

La desigualdad de acceso a la justicia es una dimensión que mantiene y legitima el despojo y la pobreza y permite acumulación de riqueza a gran escala. El poder económico del sector extractivo es tal, que éste se ha convertido en uno de los principales actores de la captura de muchas de las instituciones del Estado mexicano, empezando por la Secretaría de Economía.

Esta poderosa captura política es la razón estructural por la que las corporaciones gozan de grandes privilegios en el acceso a los bienes de la nación, es la razón que llevó a la promulgación de una de las leyes mineras más retrógradas del mundo que ha permitido la consolidación de grandes fortunas mineras profundizando la desigualdad económica, ambiental y política en el país de manera atroz.

Una de las medidas fundamentales para revertir la desigualdad es la existencia de políticas fiscales progresivas.

Si bien México dista de tener una política fiscal de ese tipo, la regresividad de los impuestos mineros es extrema en el caso de la minería.

Frente a las grandes ganancias de las empresas, su aportación representa apenas 0.52 por ciento del conjunto de la recaudación del gobierno federal, que además les devuelve los pagos que realizan por concepto del impuesto al valor agregado www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union).

La proporción del ingreso que las empresas mineras pagan como impuestos es mucho menor que la que aportan las empresas de otras ramas de la economía y de la que paga la mayoría de los ciudadanos. Se estima que esta proporción es menor en 50 por ciento al promedio de las aportaciones fiscales de las empresas mineras en el resto de los países de América Latina (Fundar, 2016).

La superación de la desigualdad del ingreso y la riqueza, y de la desigualdad política rampantes, es una tarea ardua y urgente para México, el país más desigual del continente americano.

Cada vez más, la desigualdad extrema se reconoce como un mal público que genera estancamiento económico, ausencia de cohesión y destrucción de la gobernabilidad y la paz social.

Es claro, como lo describen con detalle los distintos artículos de este suplemento que la minería en el país ha contribuido a generar y profundizar estas condiciones nefastas.

Referencias
Azamar, Aleida y Olivera, Beatriz; 2021. “El mito de la minería como estrategia para reducir la pobreza.” La Jornada Ecológica. 15 agosto, 2015. https://ecologica.jornada.com.mx/2021/08/15/el-mito-de-la-mineria-como-estrategia-para-reducir-la-pobreza-y-el-hambre-5885.html.
CAMIMEX, 2019. Minería sostenible para México. https://ecologica.jornada.com.mx/2021/08/15/el-mito-de-la-mineria-como-estrategia-para-reducir-la-pobreza-y-el-hambre-5885.html.
Secretaría de Hacienda, 2021; Informe sobre la Economía, las finanzas y la deuda públicas. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2021/iit/01inf/itindc_202102.PDF.
Fundar, 2016. Las actividades extractivas en México. Estado actual. https://fundar.org.mx/mexico/pdf/Anuario2016corr.pdf.
Merino y Soto, 2021. “¿Contribuye la minería a la reducción de las desigualdades?”. La Jornada Ecológica. Agosto 15, 2021. https://ecologica.jornada.com.mx/2021/08/15/contribuye-la-mineria-a-la-reduccion-de-desigualdades-190.html.

Leticia Merino
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
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