Las industrias extractivas en México y en el mundo llevan décadas perfeccionando diversos modelos y técnicas para lucrar en los territorios y abusar de los derechos de las personas con total impunidad.

Son empresas mexicanas y extranjeras que operan mayormente en América Latina y han tenido la capacidad de crear o modificar leyes, debilitar instituciones, dividir comunidades, desinformar a sus inversionistas y crear mitos contradictorios desde su origen, como el de la “minería sustentable”.

Entre las prácticas más abusivas que imperan en la operación de las empresas mineras en México y que las organizaciones de la sociedad civil y comunidades han documentado ampliamente, se encuentran:

1. La dictadura de la minería y sus súper poderes. El sector minero en México opera como una dictadura. No pregunta, no consulta, no sigue las reglas que cualquier persona o empresa de otro sector deben respetar.

Bajo el marco legal actual, las actividades mineras tienen preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio. No importa si se trata de tierras indígenas, ejidales o comunales.

Al amparo de este marco las empresas tienen preferencia en el uso de agua y tierra de los territorios y para ello se sacaron de la manga figuras “legales” como la expropiación, la servidumbre, la ocupación temporal y el concepto de “utilidad pública”.

No importa si el territorio es hogar de personas que llevan años o siglos viviendo ahí. En realidad las tierras concesionadas pertenecen a las mineras y tarde o temprano buscarán desplazar a las comunidades. ¡Esos poderes no los tiene ni el más importante gobernante del mundo!

2. Concesiones eternas. Una concesión minera en México dura 50 años y es prorrogable por otros 50. Sí, así como se lee. Las concesiones pueden durar hasta un siglo. Se trata de uno de los lapsos más “¿generosos?” del mundo.

Generaciones de mexicanas y mexicanos llegarán y se irán pero las concesiones de las mineras canadienses, mexicanas, norteamericanas y chinas, seguirán estando ahí.

3. Vendehumos y especuladores. Con la certeza que da el tener hasta 100 años un título de concesión y la posibilidad de transferirlo con facilidad, la industria minera ha desarrollado y también perfeccionado un mercado ficticio basado en la especulación.

Así, han ido creando instrumentos financieros para “asegurar” a inversionistas que, si colocan su dinero en este tipo de proyectos, obtendrán tarde o temprano grandes beneficios sin hacer mayor esfuerzo salvo esperar.

Estas transacciones lucran con los bienes de la nación. Sin embargo, “la nación” no obtiene ni un peso de estos beneficios.

4. ¿Preguntar? ¿Consentir? ¿Qué es eso? Cuando se trata de pagar más impuestos o elevar las regulaciones, el sector privado y las mineras siempre quieren que se les consulte y se les pida opinión. Pero si se trata de preguntar a las comunidades en donde quieren operar, si están de acuerdo o no con explotar sus bienes naturales, las mineras se convierten en grandes promotores del silencio y la opacidad.

Ocultan su presencia y actividades de exploración para que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo porque saben que el impacto de sus actividades es nocivo e irreversible para la tierra, el territorio, las comunidades y los derechos humanos.

Se esconden y prefieren evitar a toda costa hablar con las comunidades para “arreglarse” directamente con el Estado bajo la promesa de “miles” de empleos “con salarios por encima de la media nacional...” y una larga lista de promesas jamás cumplidas.

5. Son intocables. Con excepción de la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de cancelar dos concesiones en la sierra Norte de Puebla (caso Comunidad Nahua Ejido Tecoltemi) a una minera canadiense abusiva, las mineras gozan de un blindaje de facto y resulta prácticamente imposible que una concesión les sea cancelada.

Llama la atención que la sanción que la ley contempla en caso de peligro de la vida de un trabajador minero sea únicamente la ¡suspensión de obras!

No importa cuántos ecosistemas destruyan o cuántas personas pierdan la vida, el “castigo” para la multimillonaria y global industria minera es administrativo…

La impunidad con que opera la industria minera es tal, que tienen incluso proyectos en áreas naturales protegidas.

6. La caja negra. La mayoría de las empresas mineras ocultan información al Estado y a la sociedad sobre la producción, beneficio y destino de los minerales; la geología de los yacimientos y las reservas del mineral, así como sus estados económicos y contables.

¿Cómo es posible que la minería lucre con bienes de la nación, pero no transparente a “la nación” sus beneficios? ¿Es o no es entonces de utilidad pública la minería? Muchas veces la opacidad no solo es hacia el Estado mexicano, sino también para las y los inversionistas de los proyectos.

Cuando cierta información resulta incómoda para la empresa concesionaria, puede ser omisa o deliberadamente imprecisa para evitar que los inversores tomen decisiones informadas, particularmente cuando existen riesgos materiales vinculados a violaciones a derechos humanos.

Hay países donde estas violaciones son delito y las autoridades las toman en serio.

7.- La captura del Estado. La industria minera tuerce las reglas del juego, y si no les agradan, cabildea por otras. Este sector se organiza e interfiere en la vida pública y propicia la captura cuando los entes privados y públicos relacionados hacen acuerdos institucionales para imponer su voluntad e intereses sobre las necesidades y derechos de la sociedad en su conjunto.

Un claro ejemplo de esta captura es la actual Ley Minera creada y negociada entre el sector y la administración de Carlos Salinas de Gortari en los años 90 del siglo pasado.

Cuando este fenómeno surge se realizan acciones destinadas a debilitar a las instituciones y a los actores y procesos responsables de garantizar que se puedan respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

8.- Cuentacuentos. Recientemente la industria ha invertido importantes recursos para posicionar en la agenda pública el mito de la minería sustentable. Un concepto de greenwashing con el que se pretende hacer creer que los agresivos procesos químicos tóxicos en los que se utilizan sustancias como arsénico y plomo para obtener minerales son amigables con el ambiente y respetuosos de los derechos humanos.

Miguel Soto
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder)
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