El pasado 19 de febrero se conmemoró el XVI memorial de Pasta de Conchos; se cumplieron 16 años del mayor siniestro de la industria minera en México y los cuerpos de 63 mineros continúan ahí, sepultados, abandonados, bajo los escombros de la mina.

Por eso, en esos días había mucha prisa en Comisión Federal de Electricidad (CFE) por hacer adjudicaciones de obras a empresas seriamente cuestionadas.

Presenciamos eventos con familiares de los mineros sepultados a los que ignoraron por año y medio y se hicieron anuncios en redes sociales de que “otra vez” había iniciado el rescate de los cuerpos de los 63 mineros, aunque el programa de obras entregado por la empresa decía que estos trabajos empezarían a mediados de marzo.

No queda claro con qué recursos se va a pagar ese rescate porque Grupo México solo regresó o “donó” –como dicen las autoridades– una parte de la concesión; precisamente un área que ya no tiene carbón porque la empresa ya lo había extraído, y justo donde se encuentran los restos de los mineros.

El resto de esa área concesionada, dividida ilegalmente en el año 2013 a pesar de que estaba suspendida, tiene una reserva de carbón extraíble de 19 millones 945 mil 171 toneladas, con lo que sí pagaría el rescate de los cuerpos; sin embargo, esa superficie continúa en poder del Grupo México, como se muestra en este documento, que evidencia que las concesiones que antes eran Pasta de Conchos ahora son llamadas Santa María.

El Plan de Justicia para Pasta de Conchos deja de lado a los sobrevivientes de esta tragedia. Nada puede compensar a las familias de los mineros fallecidos, no solo por el hecho que en sí mismo es terrible, sino por lo vivido estos 16 años, en los que no hay responsables, nadie fue y nadie es…

Tan no hay responsables, que incluso algunos de ellos ganan licitaciones para beneficiarse con el Tren Maya o para ser senadores, reunirse con el presidente y pretender mostrar su inocencia en redes sociales y comunicados de ida y vuelta.

Los años han pasado y ni la emergencia social de la región, ni la tragedia humanitaria ni la emergencia climática han logrado cambiar las políticas públicas, mejorar las condiciones de los mineros o hacer justicia para las familias de Pasta de Conchos.

No hay ningún cambio en la región: los mineros siguen muriendo y las familias llorando a sus muertos porque son usados para alimentar un proyecto de energía insostenible, como lo hemos denunciado desde hace más de una década.

En diciembre del año 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 62/2018 por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica; medio ambiente, vivienda adecuada, salud y otros derechos humanos por la explotación de carbón mineral en el municipio de Sabinas.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó esa recomendación, pero los poblados de ese municipio continúan viviendo de la misma manera en que lo harían si no hubiera recomendación alguna.

Además, los mismos empresarios involucrados perpetúan su enriquecimiento, burlando leyes y mandatos para continuar vendiendo su carbón a CFE, de manera directa o con prestanombres.

La CFE, que día tras día asegura que su modelo de compra de carbón es muy “exitoso”, aunque lo compren a los mismos empresarios de siempre que mantienen las mismas miserias laborales y operan en minas que son cuevas y pozos, en mucho peores condiciones que Pasta de Conchos, como las de Rancherías y Obayos.

En el año 2006, dos semanas después del evento mortal en la mina Pasta de Conchos, la organización Familia Pasta de Conchos presentó un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalando reiteradas violaciones a los convenios internacionales ratificados por México.

Tres años después, la OIT respondió con un informe en el que daba la razón a la totalidad de nuestros argumentos.

Esta respuesta permitió, entre otras cosas, que se aumentara el número de inspectores en las minas de carbón en el país y se estableciera un modelo coadyuvante de inspección en minas de carbón que disminuyó hasta en 97 por ciento las muertes en las minas.

Este sistema se perdió en la presente administración con consecuencias mortales, como lo mostraron los casos de los mineros muertos en Rancherías y Obayos.

Por ello, el 18 de febrero pasado, la organización Familia Pasta de Conchos, recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) interponiendo un nuevo reclamo contra el gobierno de México por los actos y omisiones en que ha incurrido en los casos de las Cuevas de Rancherías, de Obayos y por la entrega de contratos para la compra de carbón de la empresa paraestatal CFE y por no adoptar las medidas para el cumplimiento satisfactorio de los convenios siguientes:

• Convenio sobre Seguridad Social (norma mínima), 1952 (núm. 102), ratificado por el gobierno de México en octubre de 1961.
• Convenio sobre Administración de Trabajo, 1978 (núm. 150) ratificado por el gobierno de México en febrero de 1982.
• Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981 (núm. 155) ratificado por el gobierno de México en febrero de 1984.
• Convenio sobre Productos Químicos, 1990 (núm. 170) ratificado por el gobierno de México en septiembre de 1992.
• También se reclama el incumplimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la falta de observancia de:
• La recomendación sobre la asistencia médica 1944 (núm. 69).
• Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 158).
• Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164).
• Recomendación sobre los productos químicos, 1990 (núm. 177).
• La recomendación sobre pisos de protección social, 2012 (núm. 202).

Este reclamo es muy importante porque la opinión de la OIT puede hacer posible que la actual administración establezca medidas de no repetición a las que se comprometieron públicamente pero que en la vía de los hechos se han negado a ejecutar, condenando a la región a vivir en el pasado de Pasta de Conchos.

Cristina Auerbach Benavides
Organización Familia Pasta de Conchos
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