El conflicto entre habitantes de Salaverna, localidad rural ubicada al norte de Zacatecas, y la empresa Ocampo Mining, filial de minera Frisco, cuyo dueño es el magnate Carlos Slim Helú, es emblemático de la injusticia que enfrentan las comunidades que rechazan la minería en sus territorios y de los impactos que esta actividad genera, entre ellos, la expulsión de los habitantes y la destrucción total del poblado.

Hace más de 11 años, los funcionarios de Frisco irrumpieron en Salaverna y, a través de engaños, intentos de cooptación y de mentiras (alegaban una supuesta falla geológica natural) intentaron expulsar a la población del pueblo (Uribe, Gómez y Tetreault, 2020) y lograron desplazar a la mayoría de la población local.

El objetivo de la empresa era y es explotar un gigantesco yacimiento de cobre localizado debajo de la localidad, por lo que argumentaron que es necesario convertir la mina subterránea Tayahua, propiedad de grupo Frisco, en una mina a cielo abierto, lo que implica la desaparición de todo el poblado.

El intento por cambiar la modalidad de extracción de la mina Tayahua se ha hecho sin comunicación, sin respeto a las exigencias de los habitantes, haciendo evidente la falta de regulación gubernamental de estos procesos y dejando como saldo la violación de los derechos laborales, agrarios y humanos.

Las autoridades de todos los niveles y de diversas administraciones han optado por apoyar a la empresa en lugar de salvaguardar el bienestar del pueblo.

En 2010, año en que inició el conflicto, Salaverna contaba con 300 habitantes; tras el desalojo, solo unas pocas familias permanecieron, entre ellas la de don Roberto de la Rosa Dávila “el último guerrero de Salaverna”, como le han llamado algunos medios de comunicación.

Los pobladores que se han negado a la reubicación han enfrentado desalojos violentos, como el del 23 de diciembre de 2016, cuando miembros de protección civil y funcionarios del gobierno de Zacatecas arribaron a Salaverna y solicitaron la intervención de la policía estatal preventiva.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (2017) refirió que ese operativo tenía la finalidad de notificar la necesidad de evacuar las viviendas, señalando que aquellos que se negaran a abandonar sus hogares se quedarían bajo su propio riesgo.

En el mismo acto se bloquearon los accesos a la comunidad y se procedió a la demolición de las viviendas, de la iglesia y de la escuela del poblado, sin orden de autoridad judicial competente.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas emitió la recomendación 03/2017, manifestando que los habitantes de Salaverna habían sido objeto de desplazamiento forzado por parte de Minera Frisco, viéndose obligados a abandonar sus hogares y a modificar drásticamente sus condiciones de vida, perdiendo sus afectos y arraigos, sufriendo de esta manera grandes daños psicológicos, sociales y económicos.

Esa comisión concluyó que es competencia y obligación del Estado prevenir y erradicar las causas del desplazamiento forzado.

No obstante, para la población de Salaverna y en particular para Roberto de la Rosa Dávila, el Estado ha sido omiso y a la fecha no se ha reconocido, prevenido y erradicado la causa de su desplazamiento forzado; la mina Tayahua que opera en la zona.

Contrario a ello, a lo largo del conflicto, don Roberto de la Rosa y su hijo han sido constantemente hostigados, perseguidos y recientemente acusados de presuntas amenazas a un trabajador de Ocampo Mining, por lo que han sido vinculados a un proceso penal por el Estado mexicano.

Apenas el pasado 28 de febrero, el juez de control del distrito de Concepción del Oro dictaminó que, durante seis meses, Roberto de la Rosa Dávila e hijo no deberán acercarse a quienes los denunciaron. Salaverna, localidad del municipio de Mazapil, vive en graves condiciones de pobreza.

Los datos más recientes del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría de Bienestar señalan que el 51.8 por ciento de la población vive en condición de pobreza, el 7 por ciento en condiciones de pobreza extrema, el 66 por ciento de las viviendas no tiene acceso al agua.

En este lugar, las promesas del desarrollo y la bonanza del empleo que supuestamente brinda la minería en el discurso oficial están lejos de ser realidad; por el contrario, la mina ha afectado radicalmente la vida de mujeres y hombres y los ha desplazado de sus territorios.

Referencias:
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, [CDHEZ]. 2017. “Expediente: CDHEZ/746/2016”. http://docplayer.es/135227409-Expediente-cdhez-746-2016-persona-quejosa-q1.html.
Uribe Sierra, Sergio Elías, Jorge Armando Gómez Alonso, y Darcy Tetreault. 2020. “Dos conflictos mineros en Mazapil, Zacatecas: entre la oposición, negociación y la colaboración”. Región y Sociedad 32: e1373. https://doi.org/10.22198/rys2020/32/1373.

Sergio Uribe
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
Beatriz Olivera
Engenera (Energía, Género y Ambiente, AC
Correo-e: [email protected]