Faltan políticas en México para abatir la contaminación química y plástica — ecologica
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Faltan políticas en México para abatir la contaminación química y plástica

Marisa Jacott

“Nos encontramos inmersos en una crisis de los plásticos de alcance mundial. El planeta está contaminado por plásticos que contienen sustancias químicas nocivas para las personas y el medio ambiente,
lo que pone en peligro el pleno disfrute de los derechos humanos de todos.
Ya es hora de que los gobiernos y las empresas asuman sus responsabilidades
y aborden el problema mundial
de los plásticos”.

Marcos Orellana
Relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión
y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de Naciones Unidas1

 

México se encuentra ante un reto paradigmático dentro de un contexto internacional en el que, o cambia su política pública para defender y cuidar la salud y el ambiente frente a los intereses económicos o decide continuar por el camino capitalista, que para nada satisface las necesidades del presente sin que se comprometa la justicia social, la salud humana y el destino de las futuras generaciones.

Dentro del actual contexto internacional se reconoce a la contaminación ambiental, química y plástica como parte de los problemas más acuciantes que enfrenta el planeta y la salud humana. Y que deben abordarse bajo políticas precautorias y de enfoque de todo el ciclo de vida de las sustancias químicas, de los materiales y de los residuos, bajo esquemas claros de responsabilidad industrial.

Se supone que en México, una parte de la política pública ambiental debe estar dirigida hacia la prevención y control de la contaminación. Eso significa la responsabilidad del Estado de reducir y atender el deterioro ambiental del país a fin de evitar la contaminación del aire, agua y suelo.

Sin embargo, México ha escogido continuar por el mismo camino andado: permitir e incentivar la contaminación química, perpetuar la destrucción, alentar el colonialismo ambiental y blindar el camino que andará al detener el acceso a la transparencia pública.

Esto no solo dificulta una transición inaplazable hacia la justicia y la sostenibilidad, sino que reafirma la condena del Estado a permanecer soportando de manera no consentida, diaria y continuada, cargas negativas de contaminación ambiental. Todo eso afecta nuestra salud y, por supuesto, contraviene la obligación del Estado de proteger nuestros derechos humanos y otros contenidos en nuestra Carta Magna.

Y esto es precisamente lo que sucede en México: no se protege ni prioriza la salud ambiental. Por el contrario, la contaminación se profundiza cada vez más por las estrategias de política pública que dicta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que acatan sin contravenirlo legisladores y funcionarios de su partido y otros afines a él. Con dicha forma de proceder no distan para nada de los gobiernos anteriores. Ni presentan una ruptura con la visión de priorizar los negocios frente la salud de las personas y el ambiente. Para nada se está reduciendo la pobreza ni los infiernos ambientales que viven muchísimas comunidades en México.

Como parte de esas políticas continuistas y regresivas del gobierno actual mencionaremos:

  • La priorización de combustibles y energías fósiles en su modelo de política energética (refinería de Dos Bocas, fracking, hidrocarburos).
  • La continuidad en proyectos y apoyo a actividades extractivas contrarias al discurso gubernamental de prohibir el fracking o detener más concesiones mineras.
  • La imposición de megaproyectos y polos de desarrollos de inversión y operación privadas, como son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Acueducto Independencia, el Gasoducto Sonora, el Proyecto Integral de Morelos, entre otros. Todos ellos violan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y la bioculturalidad de comunidades indígenas y campesinas que, además, son perseguidas por su oposición a dichos megaproyectos.
  • La forma como el presidente de la República invalida y pone candados al acceso al derecho a saber, a la información pública y la transparencia. Y eso lo hace por medio de un acuerdo del año pasado en el que declara que prácticamente todas las obras promovidas por el gobierno mexicano serán de interés público y de seguridad nacional.2
  • Las modificaciones recientes a la ley de residuos (LGPGIR) y la propuesta de Ley General de Economía Circular elaborada y aprobada por el Senado el año pasado y actualmente en revisión en la Cámara de Diputados no son más que una simulación para continuar protegiendo los intereses industriales y del mercado frente a la salud ambiental. Y seguir promoviendo la quema de residuos en lugar de prevenir su generación.
  • Las políticas dictadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat3 que abren la importación de residuos plásticos para su “reciclaje” y su quema en hornos cementeros. Una práctica ahora conocida como “colonialismo de la basura” y plenamente avalada por el titular del Ejecutivo federal4.

Estos proyectos y políticas ambientales, aunadas a la falta de una regulación en materia de sustancias químicas en México, entretejen un complejo contexto de intereses privados y gubernamentales que para nada prioriza a los pobres. Tampoco avanzan hacia políticas mundiales de decrecimiento, economías solidarias, comunidad, buen vivir, basura cero, agroecología, y muchas otras alternativas.

Por todo lo anterior es momento de que el Estado mexicano responda por su falta de actuación, y acerca de estas responsabilidades hablan los relatores especiales sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de Naciones Unidas.

El anterior relator, Baskut Tunkac, explica en su documento: El deber que tienen los Estados de prevenir la exposición a las sustancias tóxicas y los desechos peligrosos5, los daños que han causado los plaguicidas, las sustancias químicas industriales, la contaminación atmosférica, los desechos plásticos, el agua contaminada y la falta de legislaciones o regulaciones precautorias en materia de sustancias químicas que sean respetuosas de los derechos humanos.

Señala que la contaminación química actual es irracional, masiva, discriminatoria y, por supuesto, no consentida por la ciudadanía, pero sí consentida por el Estado. Y agregaríamos en el caso de México, también promovida por éste.

El relator menciona cómo actualmente la contaminación química es una pandemia silenciosa de enfermedades, discapacidades y muertes que violan los derechos humanos y que obedecen a políticas de Estado que perpetúan la discriminación y la explotación, siendo las más afectadas, como siempre, las comunidades más pobres.

Así, el relator de Naciones Unidas señala la obligación que tienen los Estados, de prevenir la exposición a sustancias tóxicas y desechos peligrosos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos que se ven reforzados al estar algunos de ellos incluidos en nuestras constituciones o legislaciones nacionales.

Este documento aborda también la obligación de los Estados de tener vigente un sistema amplio de leyes y mecanismos que prevengan la exposición a sustancias químicas incluida la causada por los actores privados: “…han sido decenios los que se han tomado –el estado, los científicos y las corporaciones– en discutir cuándo y en qué medida son aceptables las exposiciones a las sustancias peligrosas cuando lo que hay que hacer es evitar la exposición… y solo así podrá haber reducción y no al revés…

Además de que no hay razón, ni deben estipularse premisas como la de niveles de riesgo aceptables: “El envenenamiento del planeta y las personas constituye posiblemente una de las amenazas más subestimadas a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de gozar su derecho a la vida, la salud y una vida digna”.

Por último, para el tema de las economías circulares y los desechos plásticos, el actual relator especial Marcos Orellana, publicó el año pasado el documento Las etapas del ciclo del plástico y su impacto en los derechos humanos6 en donde hace un análisis muy completo sobre las implicaciones negativas actuales y futuras de las distintas etapas del ciclo del plástico frente al disfrute de los derechos humanos.

Este informe alerta del aumento de la producción de plásticos, de su incineración y su vertido y cómo estas acciones agravan las consecuencias dañinas de la actual contaminación química.

Señala también la importante contaminación y daños a la salud que provocan la inmensidad de aditivos químicos que se añaden a los plásticos, lo cual amenaza y menoscaba seriamente los derechos humanos y el medio ambiente. Refiere igualmente la importancia de integrar un enfoque basado en los derechos humanos como parte de la transición hacia una economía circular químicamente segura.

De ahí que el relator plantee que: “Un enfoque basado en los derechos humanos es clave para que los gobiernos cumplan con su deber de prevenir la exposición7 y de migrar hacia una economía circular en todas las etapas del ciclo del plástico”.

El Estado mexicano debe ser responsable de los daños que se generan al seguir protegiendo los intereses de los grandes negocios de la industria nada limpia, los megaproyectos, los establecimientos contaminantes sin importar la salvaguarda de la salud de la población y el medio ambiente. Es tiempo entonces de comenzar a fincar esas responsabilidades a un Estado promotor de la contaminación, defensor de los intereses privados y grandes capitales y violador de nuestros derechos humanos.

1 Naciones Unidas. Marcos Orellana. Las etapas del ciclo del plástico y su impacto en los derechos humanos. https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/76/207
2 DOF: 22/11/2021. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021
3 Semarnat. Implementación de las enmiendas de Basilea sobre residuos plásticos. https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/la-semarnat-informa-medidas-para-la-implementacion-de-las-enmiendas-de-basilea-sobre-residuos-plasticos
4 Presidencia de la República. Comunicado de la Presidencia de la República al Senado para la aprobación de la enmienda de prohibición del Convenio de Basilea. 12 de agosto 2020. https://www.fronterascomunes.org.mx/webpage/aprobacion-de-la-enmienda-de-prohibicion-del-convenio-de-basilea/
5 Naciones Unidas. Baskut Tuncak. El deber de prevenir la exposición, informe de 2019 a la Asamblea General de la ONU,
A / 74/480. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/304/17/PDF/N1930417.pdf?OpenElement
6 Naciones Unidas. Marcos Orellana. Las etapas del ciclo de plástico y su impacto en los derechos humanos. https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/76/207
7 Naciones Unidas. Baskut Tuncak. El deber de prevenir la exposición, informe de 2019 a la Asamblea General de la ONU,
A / 74/480. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/304/17/PDF/N1930417.pdf?OpenElement

Marisa Jacott
Trabaja en Fronteras Comunes desde 1994 en temas ambientales, de justicia,
derechos humanos y políticas públicas relacionadas con la contaminación química, petrolera, cementera, residuos.
Fronteras Comunes es punto focal de Break Free From Plastic en México y miembro de GAIA e IPEN
Correo-e: [email protected]