La primera mitad del año 2021 fue testigo de acontecimientos relacionados con el acceso al agua en cantidad y calidad para la población en la región de estudio. Uno fue la reunión pública de información convocada por la Semarnat y la Profepa con los pobladores del río Sonora afectados por el derrame minero de 2014 y cuya celebración fue en cumplimiento de una sentencia dictada por la SCJN en marzo de 2020. Se efectuó en la ciudad de Ures, el 22 y 23 de mayo y, tanto ciudadanos como representantes de la empresa, manifestaron sus opiniones y aportaron pruebas para que las autoridades competentes emitan una nueva determinación.

El comunicado oficial señaló que esta reunión se “traduce como la activación del Fideicomiso Río Sonora, dejando sin efectos los actos de autoridad anteriores” (Semarnat, 24 de mayo de 2021). Es decir, dejó sin efecto la extinción del fideicomiso dictada en febrero de 2017.

El segundo acontecimiento fue el anuncio del Plan Integral de Atención a Cananea, en el mes de julio, realizado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Además de atender conflictos laborales, brindar atención médica a toda la población y mejorar el sistema de salud, planteó cuatros aspectos vinculados al agua y que se analizaron en este libro. Éstos fueron “resolver el abasto de agua potable” como parte del plan de mejoramiento urbano de Cananea, monitorear la actividad minera y la calidad del agua, dar seguimiento al procedimiento y reactivación del Fideicomiso Río Sonora, y “revisar pozos y concesiones de agua” (Presidencia de la República, 4 de julio de 2021).

A su vez, la lucha de los mineros recibió un impulso al difundirse públicamente la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir la petición de 828 individuos que trabajaban en el proyecto minero “Cananea” y que fueron afectados por la terminación de las relaciones de trabajo y el contrato colectivo “en virtud del cierre del proyecto”. Los peticionarios alegan la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos de los trabajadores mineros sindicalizados que laboraban en la mina Cananea y de sus familiares inmediatos. Una de esas violaciones es “la contaminación con metales pesados de los ríos Bacanuchi y Sonora por la empresa responsable de la destitución”.

Este epílogo muestra que el debate sobre la relación entre el agua y la minería en el noreste de Sonora no está concluido y se mantendrá en los años siguientes como resultado de las determinaciones y políticas públicas que emprendan las dependencias gubernamentales ambientales, las decisiones que emitan organismos internacionales, la persistencia de la movilización, defensa legal y lucha de los afectados, las estrategias que adopte la empresa minera frente al nuevo entorno, y el rol que asuma el gobierno estatal de Alfonso Durazo durante su mandato. Ante ello, los hallazgos de investigaciones académicas y las acciones de organizaciones no gubernamentales seguirán siendo relevantes para comprender mejor los impactos y los riesgos de esa relación en el entorno natural y social de dicha región estratégica para Sonora y México.

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